MP solicita apertura a juicio contra empresa porcicultora por contaminación de ríos en la provincia Espaillat
El tribunal fijó la audiencia para el próximo 27 de septiembre del presente año a las 9:00 de la mañana.
MOCA.- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), ha solicitado al Tribunal de la Instrucción de este distrito judicial la apertura a juicio en contra de una empresa criadora de cerdos que contamina las fuentes de agua circundantes.
En su acusación, el Ministerio Público señala la responsabilidad del Proyecto L.B, SRL, y de su gerente, Luis Manuel Brache Guzmán, por la contaminación de los ríos Limón, Blanco o Arroyo Grande y Jamao al Norte, en la provincia Espaillat.
La Proedemaren, representada en la provincia Espaillat por la procuradora de corte Milagros García Grullón, establece que la acción del Proyecto L.B, SRL, que opera las granjas porcinas, violó las disposiciones establecidas en los artículos 86, 90 (numerales 1 y 2), 91, 122, 129, 174, 175 (párrafo I, numerales 1, 6 y 8) y 183 (numerales 1, 2, 5 y 11) de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).
“Hemos solicitado una medida de coerción real, en la que hemos pedido al tribunal el cierre del proyecto y el embargo de las cuentas bancarias, en virtud de que no han obtemperado ante el llamado del Ministerio Público”, indicó García Grullón, con respecto a las instalaciones ubicadas en la comunidad Los Bueyes, del distrito municipal José Contreras, en Villa Trina, de este provincia.
Detalla que la empresa violó un acta de compromiso firmada ante Proedemaren y su titular, el procurador de corte Francisco Contreras Núñez, mediante la cual asumía la adopción de normas específicas de protección ambiental y eliminar todas las tuberías que drenan aguas debajo de las lagunas de descargas, además de realizar operativos de limpieza y recoger plásticos, material peligroso, jeringas y frascos utilizados en la crianza y cuidado de los animales.
Además, el acuerdo establecía que debía solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la asignación de una empresa prestadora de servicios de mediación de calidad de aguas residuales salientes del proceso del biodigestor a la cañada, además de la construcción de una cámara de descomposición de material orgánico, placentas y cerdos muertos, para evitar que esos desechos llegaran a los ríos.
El acta establece que el incumplimiento de estos requisitos implica la reanudación de la persecución penal en contra de Proyecto L.B. y Luis Manuel Brache Guzmán, explica el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
