El juez de la Oficina de Atención Permanente recesó por 45 minutos la medida de coerción a 10 presuntos implicados de un entramado de corrupción administrativa y la Procuraduría General de la República ha denominado “Operación Anti-Pulpo”

El magistrado José Alejandro Vargas consideró la petición de varios abogados de los imputados, extemporáneo, irracional y sin ningún fundamento.

“esa gente tienen derecho a que se les defina su situación. Si se van a quedar preso, que sepan que se van a quedar presos; si se van para su casa, que se vayan para su casa”, dijo el magistrado. “Pero nadie puede someter  suplicio a una gente que tienen como ocho días presos”.

Vargas manifestó  que se ha dispuesto de una logística para conocer  la coerción, además  que otros imputados, ni el sistema puede cargar con la falta de diligencia de otros abogados.

Mostró su desacuerdo que la medida se conozca en el Primer Tribunal Colegiado, pero que fue convencido de que la sala y tenía las condiciones técnicas y sanitarias para conocer la audiencia.

Dijo que verificará lo que el Ministerio Público está presentando en el expediente y en esa base ponderará los arraigos y decidirá lo que impondrá.

“El juez no va aplazar de ninguna manera esta audiencia, pero además, el juez tampoco va a separarla porque lo entiende innecesario, el juez no va a seguir alargando la incertidumbre que desde hace más de ocho días esta afectado esa gente, porque los va a matar el  corazón”,  expresó José Alejandro Vargas, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional.