Imputado duró más de 10 años preso teniendo orden de libertad
El Sr. Geraldo Luis, llevaba más de diez años tras las rejas, a pesar de tener una orden de libertad desde el 2014. Este hombre, inicialmente asistido por un abogado privado que lo abandonó y olvidó por completo
Director Defensa Pública ¿Quién responde por esta injusticia? Imputado duró más de 10 años preso teniendo orden de libertad
La Altagracia.- En una visita rutinaria a la cárcel del Seibo, la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) descubrió un caso desgarrador que ha dejado en evidencia las fallas del sistema judicial.
El Sr. Geraldo Luis, llevaba más de diez años tras las rejas, a pesar de tener una orden de libertad desde el 2014. Este hombre, inicialmente asistido por un abogado privado que lo abandonó y olvidó por completo, enfrentó una extensa y angustiosa espera en la prisión.
“Es inaceptable que alguien pueda ser privado de su libertad durante tanto tiempo sin razón justificada”, declaró el Director de la Defensa Pública, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos. “Este caso subraya las graves deficiencias en el sistema penitenciario, donde las personas, especialmente las más vulnerables, son dejadas de lado y olvidadas”.
El Sr. Geraldo Luis llevaba más de diez años tras las rejas, a pesar de tener una orden de libertad desde el 2014. Este hombre, inicialmente asistido por un abogado privado que lo abandonó y olvidó por completo.
El Sr. Geraldo Luis a pesar de cumplir con los requisitos legales para ser liberado, las autoridades pertinentes (Fiscalía de Higuey, director del centro penitenciario y el juez de ejecución de la pena) no actuaron con la celeridad requerida, prolongando su encarcelamiento de manera injustificada.
“Este no es un caso aislado. Hay muchas otras personas en nuestras cárceles que sufren circunstancias similares”, continuó el Director Santos. “Es fundamental que se respeten los derechos constitucionales y procesales de cada individuo, tal como lo establece nuestra Carta Magna y el Código Procesal Penal”.
La Defensa Pública reitera su compromiso de seguir vigilante y activa en la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.
