Organizaciones religiosas demandarán a Trump por redadas en iglesias
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Un grupo de 27 organizaciones religiosas presentó este martes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, argumentando que las redadas migratorias en iglesias violan la libertad religiosa protegida por la Constitución de los Estados Unidos.
La demanda fue interpuesta ante una corte federal del Distrito de Columbia, en la que las organizaciones religiosas buscan que se invalide una orden presidencial emitida el 21 de enero, la cual autoriza a las autoridades migratorias a realizar redadas en lugares como escuelas, iglesias y hospitales.
Esta medida revoca una directiva del gobierno del expresidente Joe Biden, que establecía “áreas protegidas” donde las redadas migratorias estaban prohibidas.
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Las 27 organizaciones exigen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sea prohibido de realizar detenciones en iglesias, excepto en “circunstancias excepcionales”, subrayando que la acción gubernamental atenta contra la libertad religiosa que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
El reverendo Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN), declaró que la medida de Trump constituye un ataque directo a la libertad religiosa, que les ha impedido ejercer su fe plenamente al acoger y proteger a los inmigrantes en sus comunidades. Según Malavé, los miembros de muchas iglesias han dejado de asistir a los servicios religiosos por miedo a ser detenidos en las redadas, una situación que considera comparable a los temores generados por la pandemia de COVID-19.
Las organizaciones demandantes abarcan una variedad de denominaciones religiosas, incluyendo bautistas, evangélicos, judíos y luteranos, todos unidos en su creencia de que cada ser humano merece dignidad y cuidado, independientemente de su estatus migratorio.
La demanda subraya que las iglesias han sido refugios y “santuarios” para inmigrantes, y que la orden del presidente Trump pone en peligro ese papel fundamental que desempeñan en la comunidad.
Kelsi Corkran, abogada del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP), quien participó en la redacción de la demanda, señaló que esta medida no solo vulnera la Primera Enmienda, sino que también contraviene la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de 1993, que protege el derecho a practicar la religión sin intervención gubernamental injustificada.
