Santo Domingo. – El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ( Intrant ), Milton Morrison , reveló públicamente los detalles de una querella interpuesta contra la empresa Dekolor, SRL , la cual habría intentado sobornarlo en medio de un conflicto contractual relacionado con la prestación de servicios para licencias de conducir.
Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, Morrison calificó el caso como “inédito” y aseguró que no cedería ante presiones ni prácticas irregulares.
“Los mismos abogados me han dicho que es un caso inédito, porque normalmente los funcionarios se dejan envolver y no delatan este tipo de situación. Pero nosotros, que siempre hemos estado en la administración pública muy conscientes del rol que jugamos, no quisimos dejar pasar esta situación”, afirmó.
Origen del conflicto: contrato bajo lupa
El contrato en cuestión fue adjudicado a Dekolor, SRL mediante licitación pública en 2019, y firmado en enero de 2020 , a pocos meses de las elecciones presidenciales. El acuerdo inicial contemplaba el uso de vehículos físicos para la evaluación de licencias , pero posteriormente se modificó para que los exámenes se realicen solo con simuladores .
Morrison señaló que desde el inicio su gestión identificó irregularidades en la ejecución y evolución del contrato, y que el intento de soborno surgió tras los reclamos por parte de la empresa en defensa de su permanencia en el proyecto.
Sobre su vivienda en Florida: “Todo está documentado”
Ante cuestionamientos sobre la compra de una propiedad en el Estado de Florida, Morrison ofreció detalles financieros para disipar dudas:
“Voy y accedo a una vivienda que en ese momento estaba valorada en 837 mil dólares, doy 389 mil —que es menos de la mitad— y llevo un préstamo, a nombre mío, una hipoteca a 30 años”.
El funcionario aseguró que la operación fue completamente transparente y documentada, y que está dispuesto a responder ante cualquier instancia de control o auditoría.
¿Qué sigue para el caso Dekolor?
La querella formal ya fue depositada, y según fuentes cercanas al proceso, se encuentra en fase de instrucción. De comprobarse el intento de soborno, los responsables podrían enfrentar sanciones penales por corrupción privada y tentativa de cohecho .
La denuncia marca un precedente en la administración pública dominicana, donde los casos de soborno rara vez son expuestos por los propios funcionarios.
