Buenos Aires. — El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este martes la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), calificando el fallo como un acto de “justicia”.
“Justicia. Fin. PD: La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, escribió Milei en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en referencia a quienes lo habían acusado de sostener acuerdos encubiertos con el kirchnerismo.
El fallo de la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por Fernández contra la sentencia dictada en 2022, en el marco del caso conocido como “Vialidad”, que investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003–2007) y la propia Fernández.
Tras la decisión, la condena queda firme y debe ser remitida al Tribunal Oral Federal N.º 2, presidido por el juez Jorge Gorini, quien tendrá a cargo la ejecución de la sentencia. Esto abre la posibilidad de que Fernández sea detenida en las próximas horas o días.
Desde la sede del Partido Justicialista (PJ), donde se encontraba al momento de conocerse el fallo y acompañada por cientos de militantes, la expresidenta no emitió declaraciones. En reiteradas oportunidades ha denunciado ser víctima de lawfare, término con el que se refiere a una presunta persecución judicial con fines políticos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se sumó a las declaraciones desde la red social X: “Muy extraño resultó el ‘pacto de impunidad’”, escribió con tono irónico, reafirmando la postura oficial del Gobierno ante las acusaciones de connivencia con sectores del peronismo.
La defensa de Cristina Fernández podría solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, ya que la exmandataria cumplió 72 años en febrero y la legislación contempla este régimen para mayores de 70 años.
El caso genera un fuerte impacto político y judicial, en un país donde los procesos por corrupción a figuras del poder suelen estar marcados por la polarización social y la tensión institucional.
