Por Julissa Martínez
La angustia y desesperación de un pueblo que, con la boca amordazada, grita por ser escuchado. Miles de familias han vivido durante años el dolor de tener un ser querido desaparecido, sin respuestas, sin apoyo real, solo enfrentando la indiferencia de las autoridades.
Nos repiten discursos vacíos sobre ser “el país más seguro del mundo”, pero, ¿cómo se puede sostener tal afirmación cuando millas de familias dominicanas siguen sin respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos? La ausencia de acción por parte del Estado genera una distorsión en las estadísticas, creando la ilusión de un avance, mientras se perpetúa la crisis de inseguridad que vivimos día a día.
La indignación del pueblo crece al ver el favoritismo y la ineficiencia de quienes deberían velar por la seguridad y el bienestar de la población.
Un país de desigualdades en la respuesta
Durante años, hemos sido testigos de la cruda realidad de que, para recibir la debida atención en casos de desapariciones y tragedias, la única forma de lograrlo es mediante la visibilidad que los medios de comunicación dan al caso. Esto deja claro que, si la prensa no lo hace visible, los procesos y protocolos adecuados no se llevan a cabo.
El caso de la turista desaparecida en Punta Cana dejó una huella imborrable en la sociedad dominicana, evidenciando la movilización inmediata de recursos y esfuerzos para resolverlo. Un trato similar se le dio al caso de Emely Peguero, cuya desaparición y asesinato tomaron relevancia solo después de la presión mediática. Sin embargo, estos son solo unos pocos casos destacados, mientras miles de dominicanos siguen desaparecidos, sumidos en el dolor y la incertidumbre, esperando respuestas que nunca llegan.
La indignación crece con el paso del tiempo.
Si tan solo el 3% de los recursos y esfuerzos utilizados en casos que captan la atención mediática se dedican a la búsqueda de las millas de dominicanos desaparecidos, muchas familias tendrían respuestas y podrían cerrar heridas que han quedado abiertas por años. ¿Cómo podemos seguir creyendo que República Dominicana es “el país más seguro del mundo” cuando las autoridades solo actúan cuando hay intereses visibles o casos de gran resonancia?
Desde los altos funcionarios hasta los vendedores ambulantes en las calles pueden notar la falta de compromiso en la resolución de estos casos. Las autoridades se esconden detrás de estadísticas que maquillan la realidad, mientras la acción real se limita a aquellos que tienen influencias o poder.
A lo largo de los años, el pueblo dominicano ha sido testigo del olvido de millas de personas desaparecidas. Familias enteras viven con la incertidumbre y el dolor, mientras las únicas respuestas que reciben son afiches de “Se busca” pegados en postes de luz, los cuales, con el tiempo, se desvanecen como simples recordatorios sin significado real.
Nos han presentado cifras que aseguran que República Dominicana es un país seguro. Sin embargo, si analizamos la realidad de quienes han sido víctimas de delitos, descubrimos que la mayoría no denuncia. Esto significa que los índices oficiales no reflejan ni el 5% de los casos reales de desapariciones y delincuencia. Las estadísticas se desvían de la cruda verdad que viven las familias afectadas.
La desigualdad en la respuesta a la desaparición
El caso de la turista desaparecida ha desatado una profunda consternación, no solo por la desaparición en sí, sino porque exponen una desigualdad flagrante en la respuesta de las autoridades. Mientras que a una persona extranjera se le busca con todos los recursos del Estado, miles de familias dominicanas siguen esperando que alguien se haga cargo de sus casos. Es evidente que hay un doble estándar en la manera en que se gestionan las desapariciones según el origen de la víctima.
Casos no resueltos, vidas rotas
Existen miles de casos de desapariciones que permanecen sin resolver. Uno de los más dolorosos es el de Yodalis Luciano Rodríguez, quien tenía solo 11 años cuando fue vista por última vez el 6 de octubre de 2015. Su familia, aún con la esperanza de encontrarla, sigue esperando respuestas. También está el caso de Abam Báez Carrión, un niño autista desaparecido el 11 de abril de 2017 en el sector Valiente de Boca Chica. Estos son solo algunos de los muchos casos que quedan sin resolución. Familias que, como tantas otras, sufren la incertidumbre, el dolor y la angustia.
El pueblo dominicano exige respuestas.
El pueblo dominicano ya no aguanta más indiferencia. La indignación crece con cada caso sin resolver, con cada promesa incumplida, con cada discurso vacío que no se traduce en acción. No podemos seguir siendo un país que se jacta de ser el más seguro del mundo mientras miles de familias sufren la angustia de la desaparición de sus seres queridos. Necesitamos que las autoridades actúen con urgencia, con responsabilidad y con el compromiso que el pueblo exige. La vida de cada dominicano es valiosa, y su derecho a la justicia no puede ser ignorado.
Es hora de que las autoridades dejen de esconderse detrás de estadísticas y comiencen a tomar acciones concretas para resolver los casos de desapariciones en nuestro país. La indiferencia ya no es una opción. El pueblo dominicano exige respuestas y exige que se actúe, no solo cuando hay interés político o mediático, sino siempre, para que ninguna familia más tenga que sufrir la agonía de la incertidumbre.
