Por: Paola Mateo
Santo Domingo,RD.- Carreteras que acortan distancias, puertos que dinamizan el comercio y el turismo y servicios que mejoran la vida diaria son parte de los resultados visibles de las Alianzas Público-Privadas (APP) en la República Dominicana. Este modelo de inversión compartida, que une al Estado y al sector privado en una apuesta conjunta por el crecimiento, se consolida como una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo, atraer capital y acelerar obras estratégicas que impactan directamente en las comunidades del país.
El director general de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) Andrés Risk, las define como “un motor para el desarrollo”, aunque reconoce que el marco legal de estas requiere fortalecimiento por lo que en su gestión se preparan para realizar una reforma a la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas que estaría siendo sometida ante Congreso Nacional este año.
Sobre la reforma, el subdirector de la institución Angelo Gómez explicó que la propuesta de modificación apunta a reducir plazos y trámites que no agregan valor, robustecer los filtros desde el origen de los proyectos y modernizar el régimen económico y el sistema de gestión de riesgos, mediante una reingeniería adaptada a los nuevos tiempos. También se contempla la creación de fondos especializados para proyectos que nazcan en el sector público, con la lógica de que los recursos puedan retornar y generar un mayor volumen de iniciativas. Según las autoridades, la reforma no elimina controles, sino que mantiene la supervisión congresual, la competencia y la transparencia, con la meta de lograr adjudicaciones en menor tiempo, mayor confianza del mercado y resultados visibles para la ciudadanía.
Fue en el año 2020 cuando estas iniciativas tomaron fuerza en el país, con la promulgación de la Ley 47-20 que rige las APP por el presidente de la República Luis Abinader, quien las define como “una herramienta para el desarrollo”, estableciendo así el marco legal para la ejecución de estas alternativas que han impactado de manera positiva a algunas regiones del país en áreas claves como el turismo, transporte e infraestructura.
De manera textual, esta ley define las APP como “el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato”.
Entre los años 2020 y 2024 se recibieron 26 iniciativas de Alianzas Público-Privadas de las cuales 21 fueron del sector privado y 5 del sector público. El 90% de estas se presentaron entre los años 2021 y 2023, pero solo una fue adjudicada a esa fecha, según cifras del Portal de Datos Abiertos, consultado para validar esta información, al igual que la Base de Proyectos de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAP).
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Garantizan continuidad y menor riesgo
Según informaciones publicadas por la DGAPP, “uno de los aspectos más innovadores de la normativa 47-20 es su enfoque en la distribución de riesgos entre el sector público y el privado. La ley establece que los riesgos deben ser asignados a la parte que esté mejor capacitada para gestionarlos, lo que reduciría la probabilidad de sobrecostos y retrasos en los proyectos. Esta distribución de riesgos beneficia tanto al Estado como a los inversionistas. El Estado evita asumir la totalidad de los riesgos financieros y operativos de los proyectos, mientras que los inversionistas tienen la oportunidad de obtener retornos significativos si gestionan los riesgos de manera efectiva. Esta asignación equilibrada de riesgos sería crucial para la sostenibilidad y éxito de los proyectos de APP”.
En resumen, como establece la ley 47-20 descrita más arriba, el riesgo de inversión es menor porque es compartido entre las dos partes.
Aunque estas iniciativas representan una alternativa sostenible y de menor riesgo para satisfacer demandas de infraestructuras y servicios sociales, privatización es la primera palabra que suele asociarse a las APP, una percepción errónea producto del poco conocimiento que la gente común posee sobre el tema. Al consultar a la ciudadanía se evidencia el desconocimiento, por ello la educación y una comunicación efectiva se convierten en prioridades y en desafíos claves para su consolidación.
Áreas y regiones impactadas por APP
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Infraestructura
Este es el sector más beneficiado por las APP, con 12 de las 26 propuestas recibidas entre los años 2020 y 2024, según los datos extraídos del Portal de Datos Abiertos. Entre esos proyectos destacan el Puerto Arroyo Barril en la región este, en Samaná (este fue el primer contrato APP bajo la ley 47-20) con una inversión de 60 millones de dólares, el cual ya fue adjudicado por un periodo de 33 años, y el Tren Metropolitano de Santo Domingo con una inversión aproximada de 548 millones de dólares. También la Autopista del Ámbar y Autopista Circunvalación Norte de Santiago, con una inversión aproximada de 400 millones de dólares. El sector energía es el segundo más impactado, con 4 proyectos, de los cuales 2 fueron descartados.
Agua, turismo, seguridad e iniciativas por mandato de ley
Estas son las áreas con menores propuestas de APP. En el sector turismo destaca el Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo en Pedernales bajo el Fideicomiso Pro-Pedernales, el proyecto plantea la construcción de 12,000 habitaciones hoteleras, más de 56 Megavatios (MW) de energía renovable, aeropuerto internacional, puerto de cruceros, acueducto, planta de tratamiento de aguas residuales, centro comercial, entre otras obras de infraestructura, en un plazo de 10 años con una inversión de 2,245 millones de dólares.
El Proyecto Cabo Rojo pretende el desarrollo turístico de Pedernales, ubicado en la región suroeste de la República Dominicana, en la provincia de Pedernales, en el llamado “Sur Profundo” del país. Esta es un área de gran potencial turístico en la República Dominicana, según lo han afirmado las autoridades.
Su segunda fase fue inaugurada en octubre del año 2024 por el presidente, Luis Abinader, quien en el acto sostuvo que de las obras que su Gobierno está realizando en el sur, está será el motor de desarrollo de dicha región. Ese mismo año llegó a Cabo Rojo el tercer crucero con más de 3,000 crucistas.
Según declaraciones de Abinader solo el puerto tiene 400 empleos directos y por cada empleo directo se pueden calcular qué hay de dos a tres empleos indirectos en toda el área del puerto ya inaugurado. “Esto es un impacto económico importante y esto va a cambiar la vida de cientos de miles de dominicanos, especialmente de la región sur”, afirmó el jefe de Estado en la inauguración.
El área del agua figura con solo un proyecto que contempla la construcción del Acueducto Verón-Punta Cana con una inversión de 322 millones de dólares. Mientras que en seguridad está el proyecto de Pasaportes Electrónicos con una inversión de 22 millones de dólares. También el de Servicios de Biometrización en la frontera. Mientras que por mandato de ley se han sometido solo 3 iniciativas.
En la Base de Proyecto de la DGAPP del año 2020 a 2024 hay más de 10 iniciativas que fueron descartadas, entre ellas el Monorriel de Santiago y el Monorriel de Santo Domingo.
En el año 2025 de enero a diciembre no se recibieron iniciativas APP, 13 fueron descartadas, 8 se encontraban en proceso de evaluación, 3 fueron declaradas de interés público, y 1 fue adjudicada.
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En definitiva, las Alianzas Público Privadas representan una gran oportunidad de desarrollo que el país debe aprovechar, pero tampoco puede manejar a ciegas. Su verdadero impacto no se medirá por la cantidad de proyectos firmados. Sino por la claridad de sus procesos, la equidad de sus beneficios y la capacidad del Estado de velar por el interés público. La falta de información pública y educación siguen siendo uno de sus principales desafíos. Su éxito dependerá de una implementación eficaz y una fiscalización adecuada.
