WASHINGTON — El gobierno del presidente Joe Biden le pidió a la Corte Suprema el viernes que le permita implementar las directrices que dan prioridad a la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que representan el mayor riesgo para la seguridad pública.
La solicitud de emergencia a la corte se realizó tras decisiones contradictorias de tribunales federales de apelaciones en días recientes en torno a una directriz emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la cual pausó las deportaciones a menos que los individuos hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
La corte federal de apelaciones de Cincinnati revocó la orden de un juez de distrito que suspendía esa política en una demanda interpuesta por Arizona, Ohio y Montana.
Pero en una demanda por separado incoada por Texas y Luisiana, un juez federal en Texas ordenó una suspensión a nivel nacional de la directriz, y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans declinó intervenir.
El gobierno recurrió a la Corte Suprema en el último caso, solicitándole que se autorice que la política sea implementada en todo el país, o cuando menos en todos los estados excepto Texas y Luisiana.
La orden del juez “está afectando los planes del DHS de enfocar sus recursos limitados en los no ciudadanos que representan la amenaza más grave a la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de las fronteras de nuestra nación”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en el documento presentado ante la Corte Suprema.
La directriz, emitida después de que Biden se convirtió en presidente, actualizó una política de la época del presidente Donald Trump que expulsaba a las personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos sin tomar en cuenta sus antecedentes penales ni sus vínculos con la comunidad.
A pesar de estar en desacuerdo en muchos aspectos de la cuestión migratoria, los dos gobiernos sí fueron de la misma opinión en un aspecto, al exhortar al máximo tribunal a limitar el poder de “los jueces de un solo distrito para dictar políticas aplicables a nivel nacional”.
Prelogar, de la misma forma que sus predecesores en el gobierno de Trump, lamentó una proliferación de demandas interpuestas por estados gobernados por un partido contra un presidente del otro partido. Demasiadas de esas demandas, escribió, derivaron en órdenes con efectos en todo el país. Normalmente los jueces deciden casos de formas que sólo afectan a las partes que se presentaron ante ellos.
Los estados tienen hasta el miércoles para responder, y no se prevé que la Corte Suprema emita una orden sino hasta la próxima semana.
