Múltiples organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Unida, sector empresarial y la ciudadanía, denunciaron que el Congreso Nacional, diputados y senadores, no quieren aprobar el Código Penal hasta que no se penalice con cárcel la libertad de expresión contra la imposición de iniciativas legislativas y proyectos que contemplan la inclusión de la figura de la orientación sexual.
Los representantes del movimiento Somos la Resistencia, Vida, Familia y Nación, que agrupan sectores civiles, religiosos, empresariales, como Jucum, Fomudevi, RD Inclusiva, Funejid, el Colectivo de Abogados en Defensa de la Vida y la Constitución, entre otros, denunciaron que los legisladores pretenden aprobar un Código Penal inconstitucional, en el cual se penalice la libertad de expresión con prisión. La libertad de expresión no debe ni puede ser reglamentada por la vía legislativa, ya existen mecanismos legales establecidos para reclamar derechos y reparaciones cuando las personas se sienten afectadas por una expresión que entienden, les afectan, ya sea en su dignidad o en su moral.
Resaltaron que organismos internacionales, representantes de la comunidad LGBT han presionado al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional, para que se penalice con cárcel, todo aquel que se exprese en contra de la ideología de género y la imposición de leyes por orientación sexual. Denunciaron que bajo la falsa intención de proteger a los homosexuales de una discriminación que tienen derecho a reclamar y exigir su reparación como cualquier otra persona, cuando les afecta, pero de ninguna manera puede constituir un avance encarcelar a los ciudadanos, eliminando su derecho a expresarse libremente.
Denunciaron que algunos diputados, senadores y el ejecutivo, han introducido el término de orientación sexual, obligando a las familias y empresas a obedecer mandatos inconstitucionales. Al mismo tiempo que la Primera Dama, CONANI y el Seguro Nacional de Salud, inauguran Unidades de Atención Integral de Adolescentes dónde adoctrinarán a los adolescentes en ideología de género, basándose en la Guía de Atención Integral para Adolescentes del Ministerio de Salud Pública.
Alertaron que si esa guía es aplicada, entonces, desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia que preside Raquel Arbaje, se estaría orientando a las jóvenes a aceptar sus orientaciones sexuales, eliminando la patria potestad de los padres en la crianza de sus hijos, pues esta guía considera como adolescentes a los menores desde los 10 años y hasta los 19 años, incluye dentro de sus páginas el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes e incluso indicando que los adolescentes, en el rango de edades señalados, tienen derecho a recibir atenciones médicas en cuanto a sus derechos sexuales sin el consentimiento o siquiera la información dada a sus padres, remitiéndolos a participar en grupos de apoyo de reafirmación a su identidad sexual sin la participación familiar.
Precisaron que el presidente Abinader a través del Código Penal y la ley de Ciberdelincuencia, busca penalizar, con hasta cuatro (04) años de prisión, a todo aquel que se exprese libremente y con respeto, contra la comunidad LGBT. Además, destacaron que es la primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, que un presidente busca coartar la libertad de expresión y libertades religiosas, en contra de la Constitución.
Así mismo, resaltaron que mientras Estados Unidos deroga el aborto a nivel federal, el Congreso Nacional incentiva la comisión del delito, estableciendo penas leves contra los infractores y cómplices. Expresaron que el pueblo dominicano rechaza el aborto porque es un asesinato a inocentes, y están cansados de legisladores que solo buscan coartar el derecho a la vida, la libertad de expresión y la familia constitucional, asegurando que en las próximas elecciones no votarían al Congreso a todo el que se oponga a esos preceptos.
El conglomerado de organizaciones exigió al Congreso Nacional aprobar el Código Penal Constitucional, aumentando las penas para el aborto, eliminando la orientación sexual y protegiendo la patria potestad de las familias dominicanas. Advirtieron al Presidente Abinader y los legisladores que no permitirán que se elimine la libertad de expresión ni las libertades constitucionales, aunque esto signifique trabajar unidos para lograr un cambio de gobierno en las próximas elecciones.
