El Poder Judicial dominicano a través de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) reinició la jornada de capacitación de jueces y juezas del área penal con la finalidad de aplicar las recomendaciones establecidas en la Guía de buenas prácticas e instructivo sobre los acuerdos en materia de violencia intrafamiliar, doméstica y de género de ese Poder del Estado en las diferentes etapas del proceso penal.

Con la capacitación se busca también mitigar la revictimización, eliminar obstáculos que limitan el acceso a la justicia las mujeres víctimas de violencia y con ello contribuir en la erradicación de ese flagelo. 

Entre los temas a desarrollar durante los talleres están: Manejo y aplicación de la Guía de Buenas Prácticas para los Casos de Violencia Intrafamiliar, Doméstica y de Género y Manejo de Acuerdos en Casos de Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Género.

El magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial se expresó sensibilizado con el problema de la violencia contra la mujer y aseguró que identificar y reducir hasta eliminar prácticas muy arraigadas que desconocen los derechos de las mujeres es una de las prioridades de este Poder del Estado. 

Dijo que las estadísticas indican en cuales lugares y provincias se producen más situaciones de violencia contra la mujer, que son el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

Al destacar la capacitación en el uso de la Guía de buenas prácticas del proceso penal en casos de violencia de género, el magistrado Luis Henry Molina Peña manifestó que los jueces deben actuar en base al Derecho y en función de la Constitución, las leyes y la sana crítica, garantizando siempre los derechos y dignidad de las personas, especialmente de aquellas que no merecen ser sometidas a constantes interrogatorios que finalmente las revictimizan.

“Las interrogan en la Policía, en la Fiscalía, en el tribunal…, ¿cuántas veces las van a humillar? Tener que contar (los hechos) ante un público que no conocen. Tengo que ser reiterativo, cada uno es responsable y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no estamos llamados a hacer vida pública, estamos llamados a dirimir los conflictos con las herramientas que la Constitución y las leyes ponen a nuestro alcance”, enfatizó.

Resaltó el gran paso de avance para lograr una Justicia al Día que garantice la dignidad de las personas, estrategia contemplada en el Plan Visión Justicia 20/24. 

“Magistrados y magistradas, no perdamos la oportunidad que la vida nos ha dado. Cada quien es responsable de sus actos. Yo no pretendo que nadie tome decisiones de las cuales no esté convencido, pero sí pretendo que el amor a la vida sea mayor que mis prioridades, que mis convicciones y mis soberbias”, concluyó.    

Por su lado, la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial deploró la violencia contra la mujer en su vida de pareja y explicó que ese flagelo causa un daño que tiene repercusiones en la sociedad, la fémina, su entorno familiar, laboral y comunitario, así como los efectos negativos en el desarrollo de los países.

“Ante un alarmante incremento de episodios de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, debemos como entes del sistema de justicia, hacer efectiva la respuesta en todo el proceso, es por todo esto que la Comisión para la Igualdad de Género ha solicitado el reinicio de estos talleres de sensibilización, y así poder contrarrestar y ofrecer respuesta a todas esas mujeres, niñas y niños, víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar y de género, para que puedan recibir una atención efectiva a sus casos”, afirmó la magistrada Acosta.

Las palabras de bienvenida al encuentro fueron pronunciadas por Dariel Suárez Adames, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.

La “Guía de Buenas Prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales” contiene una serie de criterios a tomar en cuenta por la judicatura y por los servidores que interactúen con víctimas de violencia en las diferentes etapas del proceso penal, según parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. También en consonancia con el Plan Estratégico Visión Justicia 20/24, que en su eje número uno trata sobre el acceso a la Justicia de todas y todos, haciendo énfasis en los más vulnerables.