Santo Domingo.- El Gobierno dispuso este jueves un conjunto de medidas para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional, que incluyen la instalación de cámaras en todas las patrullas y todos destacamentos.
Igualmente, dispuso la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía y la coordinación con el Ministerio de Salud Pública de un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales.
El anuncio fue hecho por el Comisionado para la Reforma Policial, José Vila del Castillo, acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.
Vila del Castillo dijo que se logrará un cuerpo policial transformado que inspire confianza, brinde seguridad y sea respetado por la ciudadanía.
La reforma policial es una de las principales prioridades del Gobierno del presidente Luis Abinader.
El comisionado especificó que estas disposiciones estaban ya contempladas para ser implementadas en los próximos meses dentro del marco de la Reforma que ya está en marcha, pero que se acelerarán para dar respuesta urgente.
“En una sociedad comprometida con el respeto a los derechos humanos, como la nuestra, no es aceptable lo ocurrido a José Gregorio Custodio, en San José de Ocoa, a Richard Báez, en Santiago, y a David de los Santos, en el Distrito Nacional”, advirtió, tras expresar pésame a todos sus familiares y amigos.
Y agregó: “Los ciudadanos se preguntan: ¿Qué haremos para asegurar la vida en las patrullas policiales? ¿Qué haremos para asegurar la vida en los destacamentos? ¿Qué haremos para garantizar el buen comportamiento de los agentes? ¿Qué haremos para hacer más transparente la custodia policial?”, planteó Vila del Castillo.
Afirmó que tienen el deber de responder con soluciones prácticas a problemas específicos.
Citó que el Ministerio Público dirige una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables, instruir un expediente y someter a la justicia a los imputados.
“A esa institución le solicito, con todo el respeto institucional debido, que actúe con toda diligencia, rigor, rapidez y profundidad que las circunstancias ameritan”, señaló.
Expresó que el pueblo dominicano está esperando medidas para garantizar la integridad física de los ciudadanos cuando se encuentren bajo custodia policial, por lo que en esta convocatoria tiene el propósito de comunicar soluciones específicas para evitar que estos hechos trágicos vuelvan a repetirse.
“La reforma policial es, ahora más que nunca, impostergable. La reforma policial no se detendrá, aún cuando su implantación no vaya a estar libre de obstáculos, censuras, dilaciones innecesarias, campañas de descrédito y ataques políticos tanto desde el interior, como desde el exterior de la Institución. Pero llevará tiempo. No se pueden cambiar 85 años de cultura y dejadez en tres semanas”, planteó.
A continuación las medidas completas adoptadas:
- La ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911.
- Instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
- Implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.
- La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico.
- La instalación de cámaras en todos los destacamentos.
- La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía.
- Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
- Mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos.
- Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la PN.
- Implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada.
- Implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como mínimo:
- Gestión de crisis.
- Derechos Humanos.
- Actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
- Ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos.
- Coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales.
- Reorganizar el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
El comisionado para la Reforma Policial consideró que estas medidas representarán una evolución positiva en el tratamiento respetuoso de los derechos humanos que debe brindar cualquier agente policial a todos los ciudadanos.
No hay espacio para impunidad
Vila del Castillo advirtió que no caben espacios para la impunidad y que los responsables de los lamentables recientes hechos deben ser llevados a los tribunales sin dilaciones, aplicando los principios de excelencia que el Ministerio Público posee.
Sostuvo que la Policía, gracias al impulso irrestricto de la Presidencia de la República, al compromiso y participación de la sociedad civil, y al trabajo diario del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, está siendo sometida a un proceso de transformación integral, coordinado desde la Comisión.
Mencionó que el proceso abarca nueve grandes ejes de actuación: Marco legal, Nuevas tecnologías, Planificación Estratégica, Recursos Humanos, Presupuesto y gastos, Política de Género, Educación, Comunicación y Capacidades Operativas.
Para cada uno de esos ejes se han conformado mesas técnicas que están llevando a cabo los trabajos de renovación directa de todos los procesos de actuación tanto legales, como burocráticos, técnicos operativos policiales y tecnológicos, de evaluación y de recursos humanos. Abarca tanto a la Policía Nacional como a Politur y la DIGESSET.
Manifestó que los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones presidenciales dominicanas. Sólo en los últimos 16 años, agregó, los medios de comunicación reportaron 1,844 muertes por intercambios de disparos, lo que significa un asesinato cada tres días.
De total de esos casos, puntualizó, sólo 96 fueron sometidos a la justicia y, de ellos, solo terminaron en condena, 18.
Con relación a los reportes publicados sobre muertes por abuso policial durante el año 2022 registran 10 casos en 5 meses, una diferencia estadística notoria comparada con el pasado.
“Pero lo más importante que cabe señalar es que, en referencia a estos 10 casos, los funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del Ministerio Público. No hay impunidad”, precisó.
Reconoció que todavía hay muchas cosas que cambiar, como las responsabilidades por omisión, la negligencia, las versiones erradas sin reconocer las equivocaciones, la lentitud de respuesta en contra de los marcos legales y los protocolos de actuación, y los abusos de autoridad deben ser erradicados.
Proceso de reforma
Vila del Castillo recordó que fue nombrado el 14 de enero como Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, y que sus labores iniciaron oficialmente la primera semana de febrero.
“Durante estos noventa días he estado trabajando, como me comprometí durante mi toma de posesión, en la puesta en marcha de la reestructuración completa de la institución”, dijo.
Explicó que su trabajo se fundamenta tanto en las recomendaciones hechas por los trabajos de la Comisión para la Reforma, como en aquellas dadas por los organismos Internacionales y tiene en cuenta las necesidades expresadas por los propios miembros de la Institución durante estas semanas.
“Como un sinnúmero de otras policías con las que he trabajado en diferentes países, la Policía Nacional de República Dominicana, con la que yo me encontré no ahora, sino desde hace varias décadas, en mi labor como Representante en las Naciones Unidas, es básicamente centralista, jerárquica, verticalista y sin delegación de autoridad”, aseguró.
Y agregó: “De mentalidad militarista, corporativista en el manejo de las responsabilidades, sin articulación social, ajena a la estructura general del Estado y desvertebrada de las necesidades sociales. Su papel se ciñe, fundamentalmente, a servir como forma de actuación investigativa y controladora social”.
Expuso que toda la gestión de la Policía Nacional se basa en el principio escalonado de la autorización administrativa, la tradición burocrática y la no consecución sistémica e inconsecuente de lo planeado desde su sede central en Santo Domingo, proyectada hacia todo el territorio.
Mayoría son hombres y mujeres de bien
Vila del Castillo sustentó que a lo largo de estos meses de trabajo cotidiano se ha encontrado con una institución anhelante de cambios, dispuesta a la modernización, guía y conocimientos.
Además, entiende, necesitada de reconocimiento y respeto sociales, privada sistemáticamente del apoyo presupuestario necesario, abandonada durante décadas y con unas condiciones laborales que califica, porque lo ha visto visitando los barrios de forma sorpresiva, de indignas.
De los más de treinta mil agentes que componen la Policía Nacional, aseveró, la inmensa mayoría son hombres y mujeres de bien que trabajan bajo unas condiciones de abandono social casi absoluto y a los que se les encarga, hoy, una de las responsabilidades sociales más importantes en un Estado democrático, social y de derecho: la seguridad de los ciudadanos, la protección de la vida, de los derechos humanos y la vertebración social del territorio.
“Existen también funcionarios que por su comportamiento no ameritan ser policías o servidores públicos. Ellos deben quedar fuera tras un proceso de evaluación”, adelantó.
Estuvieron presentes los viceministros de Interior y Policía, para la Convivencia Ciudadana, Fernando Nolberto; Seguridad Interior, Jesús María Féliz; Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables, Mily Pérez; y Aníbal Amparo, de Control y Regulación de Armas y Municiones.
