Santo Domingo. El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez denunció una trama con acciones arbitraría y métodos ilegales de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción (PEPCA) para obtener una extensión del período de investigación y así mantener en prisión a su cliente.

Denunciaron también que han realizado más de 100 solicitudes de pruebas a descargo, documentos y diligencias de investigación y a la fecha la PEPCA no ha realizado una sola diligencia ni entregado un solo documento, ocultando las pruebas que descargan a Jean Alain Rodríguez en franca violación a la ley.

De manera específica resaltaron que el plazo de investigación está pronto a vencer y que el artículo 228 del Código Procesal Penal establece de forma clara que al Ministerio Público solicitar y recibir una prórroga el juez debe suspender la prisión preventiva, estando obligados a poner en libertad nuestro cliente, pero para forzar y presionar al juez a que de forma excepcional mantenga a nuestro cliente en prisión ilegal al igual que lo han realizado en los denominados casos Pulpo y Coral, realizarían allanamientos y arrestos simbólicos para agravar ante la opinión pública y presionar al juez para que no cumpla con lo descrito en la ley.

Denunciaron también que desde el mes de agosto 2021 hasta la fecha han realizado a la PEPCA más de 100 solicitudes de pruebas a descargo, documentos y diligencias de investigación que demuestran confirman que Jean Alain Rodríguez actuó siempre en apego a la ley y a la fecha la PEPCA no ha realizado diligencias legales de búsqueda de la verdad objetiva, ni entregado un solo documento, ocultando las pruebas que lo descargan en franca violación a la ley ya que, están obligados a ellos. Ante esta violación al derecho de defensa hemos solicitado al juez de las garantías del proceso, una audiencia para que obligue al Ministerio Público a cumplir con la ley.

A la vez sometieron una demanda a la jueza Kenya Romero, evidenciando perdida total de su imparcialidad como jueza y se aparto de su función, adoptando una actitud dañosa, penetrando a un plano cuasi personal, tipificando de esta forma el dolo y prevaricación, lo cual se traduce en la tipicidad de la responsabilidad civil y que caracteriza los daños, pues allí, donde hay una falta, un perjuicio y un vínculo de casualidad entre el daño y el perjuicio, esta concretada la responsabilidad civil, la cual procede condenar a dicha magistrada en reparación de los daños causados”, informó Carlos Balcácer.

A su vez añadió, “se demostrará en el curso de la presente acción civil traducida en demanda que de acuerdo con los Art. 1382 y 1383 del Código Civil, la Magistrada Romero Severino debe responder ante los tribunales. La Magistrada se ha prevalido de su cargo, para dañar y actuar, de espaldas a la ley, instruyendo a su secretaria general interna a negarse a rendir respuestas sobre las solicitudes en torno al archivo presuntamente organizado a los fines acceder a las resoluciones firmadas por ella, afectando el derecho de propiedad del ex Procurador y su defensa.

En todos los casos de supuesta persecución de la corrupción desarrollan una estrategia de mercado con un desagradable “show mediático” y días antes de que se les venza el plazo de investigación realizan allanamientos y arrestos con grandes aparatajes para que los medios de comunicación lo destaquen como noticia importante ejerciendo con eso presión sobre los jueces para que no liberen los imputados como lo manda la ley y obtener así una prórroga del plazo. “La práctica maliciosa ya la conocemos y estamos obligados a denunciarlo, dirán como siempre que están desarrollando nuevas líneas de investigación y que con esos arrestos necesitan más tiempo para investigar una malsana excusa. Mientras siguen” expresó el Lic. Gustavo Biaggi.

La PEPCA inició su investigación el mismo día 17 de agosto del 2020 contra el ex Procurador según consta en la misma solicitud de medidas de coerción, es decir de pruebas que es venganza laboral y ya tienen mas de un año y medio de investigación intensa y obsesiva, sin lograr obtener prueba de que haya cometido un delito un acto irregular o incrementado su patrimonio. La ley realmente otorga un plazo de tres (3) meses para investigar en casos comunes y lograr que les otorgaran 8 meses formales hablamos de que en lugar de 3 meses tienen más de un año y medio y en junio del 2021 expresaron tener un caso ya “blindado” y aun así pretenden solicitar meses adicionales de prórroga en lugar de archivar o investigar en libertad, pero el odio y venganza los han hecho cometer abusos y arbitrariedades injustificables en un estado de derecho, social y democrático.  Si están “blindados”, para que necesiten prórroga expreso el Lic. Francisco Franco.

Varios colegas que han asistido a recientes interrogatorios de caso han informado sobre los métodos de coacción y amenazas de arresto que está utilizando la PEPCA para que testigos y personas declaren contra su voluntad, muchas veces mintiendo o firmando lo que les pone sobre la mesa el Ministerio Público y esa es una franca violación de los métodos prohibidos establecido en el artículo 107 del Código Procesal Penal. Les piden ir sin abogados o un minuto a solas dejando el abogado fuera de las oficinas, los ponen a esperar hasta 10 horas para desesperarlos, los amenazan con no volver a ver sus hijos, con arrestarlos les gritan utilizan todo tipo de violencia psicológica y los chantajean, hasta ponerlos a llorar y desesperarlos para que les digan lo que ellos quieren y no necesariamente la verdad expresó el Lic. Carlos Balcácer.

A modo de ejemplo citó la evidencia ilegal promesa realizada a la principal falsa testigo de este caso, una encargada de almacén que, durante la gestión de la Procuradora Miriam Germán Brito en septiembre del 2020, según el propio Ministerio Publico robó del mismo almacén de la Procuraduría General de la República bajo su cargo más de 700 televisores que serían instalados en los nuevos recintos penitenciarios y a la fuerza de amenazas y promesas, a una imputada a la que le solicitaron ellos mismos 20 años de prisión, por robo asalariados premiaron por mentir contra la pasada gestión moviéndola de prisión de Najayo Mujeres a prisión domiciliaria pero a su vez esta persona presuntamente visita las playas de Boca Chica con frecuencia violando la prisión domiciliaria, quien sabe si con el consentimiento de la PEPCA mientras nuestro cliente continua privado de libertad por su testimonio, supuestos vicios de construcción y sin prueba alguna.

Lo mismo ha sucedido en los demás casos recientes que lleva la PEPCA, donde sean falsos o no esos testimonios, es completamente ilegal realizarles promesas y lograr declaraciones bajo chantaje de colocar en prisión sus familiares sin estos haber cometido delito alguno y premiándoles con prisión domiciliaria eso lo prohíbe la ley, expresó el Dr. Carlos Balcácer.

Los abogados reiteraron que afrontaran cada violación a los derechos de su cliente debiendo el Ministerio Público presentar archivo y liberar a Jean Alain Rodríguez o la eventual acusación sin pruebas en los próximos días sin show mediático ni allanamientos, arrestos innecesarios y que el juez otorgue la libertad si solicitan extensión de la investigación como lo obliga la ley.

Advierten encarecidamente a los jueces y a la ciudadanía a no dejarse manipular ni presionar por los allanamientos y arrestos que seguramente realizara la PEPCA en los próximos días cerca del vencimiento de la fecha de investigación para así evitar poner en libertad al ex Procurador Jean Alain Rodríguez.