SANTO DOMINGO. – La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este jueves la prisión preventiva impuesta al mayor general Adán Cáceres Silvestre, imputado por el Ministerio Público de armar el entramado de corrupción desarticulado con la Operación Coral.
Con esta decisión, los jueces Ignacio Camacho, Nancy Joaquín y Mariana Daneira García ratifican el dictamen de la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que en mayo del presente año le dictó 18 meses de prisión preventiva a cinco de los seis implicados en este caso de corrupción, entre ellos Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reafirmó en estrado la consistencia de la acusación presentada por el órgano de justicia y puso en evidencia el interés del imputado por falsear información desde el principio de la investigación hasta el actual momento procesal.
“Sí, es cierto que el Ministerio Público estuvo meses citando e interrogando al señor Adán Cáceres en busca de respuestas que no teníamos y él, haciendo uso de su derecho a que puede mentir legalmente, el 99% las respuestas que nos brindó eran falsas o tenían inconsistencia, comenzando por su declaración jurada, la cual, a pesar de que nos dijo que la hizo una vez llegó al cargo, la hizo un año después, luego de adquirir bienes que no puede justificar”, expuso.
Esta posición de la procuradora adjunta se produjo ante los alegatos de la defensa de Cáceres Silvestre, que trató de demeritar el expediente presentado por el Ministerio Público, así como la sentencia de la jueza Romero, e intentó convencer de que no existen elementos de prueba, ni comportamiento de su defendido que indiquen al tribunal que éste tendría la intención de huir del proceso. En ese sentido, solicitó variar la medida de coerción a presentación periódica y que se anulara la declaratoria de complejidad en el caso.
Sobre la afirmación de los abogados, de que la magistrada Romero habría violentado el proceso, Reynoso tildó de “estrategia procesal vergonzosa” atribuir a la jueza argumentaciones expuestas por el Ministerio Público, con el fin de demeritar la decisión judicial.
La directora general de Persecución fue aún más enfática al puntualizar que “imputar a una persona por un delito que se tiene pruebas no es un delito” y dejó establecido que los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público no se circunscriben a lo revelado por el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, sino que son el resultado de una rigurosa investigación que ha desarrollado el órgano de la persecución penal.
“Tenemos los elementos de prueba, no solo porque Girón Jiménez las entregó, sino porque las ocupamos en los allanamientos; esas nóminas, esos mensajes que ellos mandaron a borrar, los tenemos en nuestras manos”, resaltó Reynoso.
En esta red, que operaba bajo la protección del exdirector del Cusep, están implicados Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, quienes cumplen la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
En el caso del mayor de Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el equipo de fiscales solicitó arresto domiciliario vigilado e impedimento de salida del país, luego que el imputado declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos al Estado dominicano.
Este entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como también realizaba operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
En las investigaciones que ha desarrollado el Ministerio Público, luego de que les fuera impuesto un año y seis meses de prisión preventiva a varios de los implicados, se comprobó que los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En torno a estos hallazgos, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
Estas evidencias que a la fecha ha reunido el órgano de la persecución penal en contra de los implicados en el expediente del Caso Coral muestran que el monto de los bienes adquiridos es muy superior a los estimados al inicio de las investigaciones, que continúa desarrollando el Ministerio Público.
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