Santo Domingo. – El próximo 19 de noviembre, la justicia dominicana conocerá una objeción que busca revertir el polémico archivo de una querella millonaria interpuesta por las entidades ilmex, LTD y Dolwen, LTD en la que se alega abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.
En el epicentro del caso se encuentran figuras empresariales del país y del extramjero, incluyendo a Luis Jose Asilis Elmudesi, Luis J Asilis Cortina, el magnate internacional de nacionalidades jamaiquina y canadiense Michael Anthony Lee Chin y las entidades Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.
La controversia central no radica solo en la presunta distracción y desvío fraudulento de nueve millones de dólares (US$9,000,000.00) pertenecientes a inversionistas extranjeros, sino en la forma en que fue archivado el expediente por parte del Ministerio Público.
Según la objeción, la fiscal Ivelisse Casado dispuso el archivo definitivo del expediente de manera sorpresiva. Esto ocurrió a pesar de la gravedad de los hechos denunciados.
Lee-Chin es presidente y director general de Portland Holdings Inc., su empresa de inversiones privadas. Posee el 60 % del National Commercial Bank (NCB) Jamaica, adquirido en 2002 y hoy el mayor banco del país. A través de Portland Holdings, mantiene una cartera diversificada con presencia en finanzas, telecomunicaciones, medios, turismo, gestión de residuos y en inversiones en generación eléctrica en República Dominicana.
Los querellantes denuncian que el caso fue cerrado “sin interrogar a nadie ni investigar los hechos denunciados”, lo que motivó la acción de objeción que ahora busca reactivar el proceso penal.
El expediente detalla un presunto esquema de captación de fondos de alta complejidad. Los 9 millones de dólares habrían sido entregados a los querellados bajo la supuesta garantía corporativa del Grupo Metro.
La operación se instrumentó mediante “papeles comerciales”, un mecanismo que, según la querella, no contaba con la autorización de las autoridades monetarias de la República Dominicana para captar fondos del público. Para asegurar la inversión, se ofreció además la “garantía” de los activos del grupo empresarial y sus empresas vinculadas descritas más arriba.
La querella describe un presunto “contubernio fraudulento” diseñado para vaciar e insolventar las empresas. Se acusa a los implicados de insolventar deliberadamente las entidades integrantes del grupo que servían de garantía, trasladando la propiedad de los activos valiosos a otras sociedades controladas por ellos mismos.
Esta maniobra, según los abogados de las víctimas, no solo buscaba dejar a los inversores extranjeros sin ninguna posibilidad de recuperar su dinero, sino que también configura, por sí misma, el tipo penal de lavado de activos, al intentar ocultar el destino de los fondos y los bienes adquiridos.
Un tribunal deberá ponderar si la decisión de la fiscal Casado de archivar el caso tuvo fundamento legal o si, por el contrario, existen méritos suficientes para reabrir la investigación y llevar a los imputados a juicio.
El resultado de esta objeción pondrá a prueba la confianza en el sistema judicial dominicano frente a crímenes financieros de cuello blanco que involucran a poderosos actores nacionales e internacionales.
