El asesor del Gobierno británico en la lucha contra el coronavirus, Adam Finn, ha reconocido este sábado que el país está inmerso en una lucha contra la variante Delta del virus, identificada por vez primera en India y caracterizada por su alto índice de contagio.

“No estoy seguro de que podamos derrotarla pero creo que hay motivos para el optimismo”, ha declarado. El epidemiólogo, asesor del Gobierno británico en el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI), ha constatado un aumento de los casos pero no tanto como “temía” durante la última semana.

El experto ha reconocido de todos modos que “la carrera ha comenzado” y destacó que el factor determinante para salir de esta nueva crisis reside en la campaña de vacunación. “Cuanto antes podamos llegar, especialmente a las segundas dosis, a las personas mayores, menos oleada de hospitalizaciones veremos esta vez”, indicó a Times Radio.

California y Texas, dos Estados en las antípodas ideológicas, han encontrado esta semana que tienen algo muy importante en común. Las dos regiones, las dos más pobladas de Estados Unidos, se han visto obligadas a pedir a millones de habitantes reducir el uso de electricidad ante la sobrecarga de los sistemas eléctricos.

Las restricciones llegan en medio de una ola de calor que golpea también el sur de Arizona y de Utah y se extiende por todo el oeste de EEUU, regiones que han sufrido altas temperaturas días antes de que arranque el verano. El cambio climático llama a la puerta nuevamente.

El jueves fueron registrados 54 grados en el Valle de la Muerte, una región del sureste de California donde las altas temperaturas no son desconocidas. En ese sitio, cerca del límite con el Estado de Nevada, el mercurio suele arrojar algunas de las marcas más altas de Norteamérica, reseñó El País.

La registrada esta semana, sin embargo, roza la máxima histórica, de 57 grados, documentada en julio de 1913 durante una ola de calor que dejó cinco días consecutivos de 54 grados. Palm Springs, también en el desierto californiano, ha sufrido un calor que no se había visto desde la década de los 90.

NEW RICHMOND, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Durante unas pocas horas el pasado fin de semana, miles de partidarios de Donald Trump se congregaron en un campo bajo el intenso sol de Wisconsin para vivir una realidad alternativa en la que el expresidente seguía en el puesto… o regresará pronto.

Luciendo los gorros rojos de MAGA —Make America Great Again, el eslogan de la campaña de Trump que significa “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”— y con carteles de “Trump 2021”, los asistentes vitorearon cuando Mike Lindell, en fundador del imperio de almohadas MyPillow y promotor de teorías de conspiración, presentó a “nuestro verdadero presidente”.

Entonces Trump apareció en una pantalla gigante para repetir la mentira que se ha vuelto su mantra desde que perdió ante Joe Biden por más de 7 millones de votos: “La elección fue manipulada”.

Lindell prometió más adelante a la audiencia que Trump pronto volvería a la presidencia, algo para lo cual no hay una vía legal o constitucional.

En los casi cinco meses desde que terminó la presidencia de Trump, han ocurrido escenas similares en salones de hoteles y otras instalaciones en Estados Unidos. El abogado Lin Wood ha dicho a varias muchedumbres que Trump sigue siendo presidente, mientras que el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn incluso llamó a un golpe militar estilo Myanmar en Estados Unidos. En la misma conferencia, el exabogado de Trump Sidney Powell insinuó que Trump pudiera simplemente ser restaurado en un nuevo Día de Investidura.

En conjunto, esas congregaciones se han vuelto un circuito de convenciones de ilusiones centradas en la premisa falsa de que la elección fue robada.

Lindell y otros usan los eventos para profundizar su conexión con legiones de seguidores que dejan a un lado la prensa establecida y viven en una cámara de eco conservadora en las redes sociales y los programas radiales de discusiones. En esos foros, la “evidencia” de fraude nunca es verificada, lo que deja a muchos seguidores genuinamente convencidos de que Biden no es el presidente.

“Sabemos que Biden es un presidente fraudulento y queremos ser parte del movimiento para sacarlo”, dijo Donna Plechacek, de 61 años, quien viajó desde Chippewa Falls, Wisconsin, con su hermana para participar en el evento. “Sé que ellos se robaron la elección. No tengo dudas. La prueba existe”.

Funcionarios electorales estatales, observadores internacionales, el propio secretario de Justicia de Trump y decenas de jueces, incluso muchos nombrados por Trump, no han encontrado evidencia alguna de fraude electoral.

De hecho, la propia Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura del gobierno de Trump llamó la elección “la más segura en la historia de Estados Unidos” y concluyó que no existía “evidencia de que algún sistema de votación borró o perdió votos, cambió votos o fue comprometido de alguna manera”.

Pero Plechacek no está sola. Un sondeo reciente de la Quinnipiac University encontró que dos terceras partes de los republicanos —66%— creen que la victoria de Biden no fue legítima, mientras que la CNN encontró en abril que 70% de los republicanos creen que Biden no ganó votos suficientes para ser presidente. Cincuenta por ciento dijeron que hay evidencia sólida en respaldo a esa afirmación.

Hay gente como Deb Tulenchik y Galen Carlson, de Pequot Lakes, Minnesota, que recordaron el shock que sintieron cuando la ventaja inicial de Trump la noche de la elección se desvaneció con el conteo de más votos.

Gracias a la polarización del país, muchos partidarios de Trump no conocían a nadie que hubiera votado por Biden y solamente vieron carteles de Trump-Biden junto a carreteras y cuando manejaban por sus vecindarios. Carlson, de 61 años, dijo que se fue a la cama pensando que Trump había ganado. No escuchó las advertencias de que el conteo de los votos por correo demoraba más, por lo que los resultados tempranos probablemente se inclinarían por Trump, quien dijo a sus partidarios que votaran en persona, no por correo.

“Yo estaba durmiendo porque parecía que estaba decidido. Y entonces cuando me desperté no pude creerlo”, afirmó Carlson.

“Incredulidad”, dijo por su parte Tulenchik, de 63 años.

Trump se pasó meses preparándose para una posible derrota, insistiendo en que solamente perdería si había un fraude masivo. Es una mentira que seguramente repetirá al acometer su calendario público en las próximas semanas.

Pero la narrativa ya resonaba bajo el sol en el llamado Mitin MAGA en Wisconsin, en el que los participantes llevaban indumentaria de Trump, incluso numerosas camisetas que declaraban “¡Trump ganó!”.

Aunque Lindell describió reiteradamente el evento como un festival de libertad de expresión —pagado por él—, tuvo todas las características de un mitin de campaña de Trump, incluso una enorme bandera de Estados Unidos sostenida por grúas.

Fue una atmósfera de carnaval: una carpa de pintura donde los niños podían pintarse el rostro, estantes con “hot dogs”, papas fritas y helados y hasta un vuelo de viejos aviones militares. La campaña de 2020 estaba presente, con vendedores ofreciendo vieja mercancía de campaña, además de las almohadas de Lindell. Un anciano con un bastón caminaba sin camisa, con un sombrero de cowboy y usando una bandera de Trump como capa. Una joven llevaba un casco con cuernos, similar al usado por un hombre de Arizona que se llama así mismo el QAnon Shaman y que participó en el asalto al Capitolio el 6 de enero.

Aunque algunos eran devotos de los mítines de Trump, viajando por el país para ver al expresidente en persona, muchos dijeron que era su primer acto político. Algunos dijeron que le prestaron muy poca atención a la política hasta la elección o que comenzaron a participar porque se oponían a las restricciones por la pandemia.

Una y otra vez, los participantes insistieron en que Trump ganó la elección y muchos dijeron que creían sinceramente que sería restaurado en el poder durante los próximos meses: una creencia que ha sido promovida por Lindell y repetida privadamente por Trump, pese a que no hay un sustento legal para que eso suceda.

“No todos los demócratas son malos. Ellos verán la verdad. Les guste o no, verán la verdad”, dijo Beth Kroeger, d 61 años, que vive en Sussex, Wisconsin y quien dijo esperar que Trump esté de regreso en la Casa Blanca el año próximo. “No hay dudas”, afirmó.

Algunos dijeron que las fuerzas armadas estarían involucradas. Otros están convencidos de que él sigue teniendo el control del país.

La mayoría atacaron a la prensa tradicional y dijeron que las noticias que recibían eran de personas como Lindell y el exestratega de Trump Steve Bannon, además del canal conservador Newsmax, programas radiales de discusiones y redes sociales.

Pocos han hecho tantos esfuerzos como Lindell para convencer a los estadounidenses de que la elección fue robada. Él mismo dice haber gastado millones de dólares organizando eventos relacionados con la elección, contratando a investigadores privados y creando películas que dicen documentar el presunto fraude, aparte de la demanda de 1.300 millones de dólares por difamación que presentó contra él la firma Dominion Voting Systems. Lindell contrademandó.

Ahora dice que tiene evidencia de que China y otros países hackearon las máquinas de votación para cambiar votos de Trump a Biden, en “un ciberataque de proporciones históricas”, pero la evidencia que menciona en su película más reciente, que presenta a un ciberexperto anónimo, ha sido desmentida reiteradamente por no demostrar lo que dice.

Aun así, los participantes en el evento en Wisconsin mencionaron reiteradamente los videos como prueba de fraude.

“Mike Lindell tiene simplemente mucha evidencia”, dijo Lynda Thibado, de 65 años, que viajó con su esposo, Don Briggs, desde Menomonie, Wisconsin.

“O sea, las pruebas son tan claras”, dijo Briggs.

La pareja dijo que esperaba que se anule la elección, pero no estaba muy convencida de que sucedería.

“No sé si ellos pueden hacer algo legalmente”, dijo Briggs. “No creo que Biden será presidente en 2024, de una u otra manera”.

SEATTLE (AP) — La versión más reciente del avión de pasajeros 737 Max de Boeing realizó el viernes su primer vuelo de prueba, despegando cerca de Seattle para un recorrido de dos horas que la empresa espera sea una señal de que la suerte de su avión más importante mejorará.

El Max 10 es una versión ligeramente más grande que los aviones Max que ya están en vuelo. Está diseñado para acomodar a 230 pasajeros y competir con el A321neo de su rival europeo Airbus.

Boeing, con sede en Chicago, prevé comenzar a entregar en 2023 los Max 10 a las aerolíneas.

Los aviones Max tienen mejor rendimiento de combustible que las versiones previas del respetado 737 de Boeing. Las aerolíneas comenzaron a usar el Max en 2017, pero se ordenó que los aviones Max 8 y Max 9 permanecieran en tierra en todo el mundo durante casi dos años después de que murieran 346 personas en total en dos accidentes, uno en octubre de 2018 y otro en marzo de 2019.

A finales del año pasado, reguladores de Estados Unidos dieron vía libre para que los aviones Max reanudaran los vuelos luego de que Boeing hiciera cambios, incluida una renovación del software de control de vuelo que estuvo involucrado en los accidentes. Esta primavera, aproximadamente 100 nuevos aviones Max estuvieron inactivos durante varias semanas por otro problema relacionado con la conexión eléctrica a tierra de los instrumentos de cabina.

El hecho de que los Max no tuvieran autorización para volar, y una disminución en la demanda de aviones debido a la pandemia de COVID-19, ocasionaron que Boeing Co. perdiera 8.400 millones de dólares el año pasado.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México elevó el riesgo por COVID-19, el pasado viernes en la capital del país y en el estado de Tamaulipas, según informó la Secretaría de Salud federal, que también alertó de un incremento notable de los contagios en la península de Yucatán y en Baja California Sur, dos regiones muy turísticas.

No obstante, más de la mitad del país sigue en nivel bajo, al que se le denomina semáforo verde.

Con más de 2,4 millones de contagiados acumulados y más de 230.000 muertes confirmadas por el coronavirus, México había tenido 21 semanas de descenso de la pandemia, pero la tendencia se revirtió esta semana por el aumento de los infectados en seis estados pese a que sigue creciendo el número de vacunados (más de 27,2 millones de personas, el 30% de la población adulta).

El viernes por la noche sorprendió que una de las entidades en donde se elevó el nivel de riesgo de bajo (semáforo verde) a medio (amarillo) fuera la Ciudad de México, puesto que el gobierno de la capital había anunciado por la mañana que a partir del lunes se permitiría un mayor porcentaje de aforo en lugares cerrados como cines, teatros, gimnasios, museos y tiendas, y que los restaurantes ya podrían operar en los horarios que tenían antes de la pandemia.

Nada de esto parece que podrá concretarse, si el gobierno de Claudia Sheinbaum atiende a las directrices federales. Incluso tendrían que volver a cerrar todas las escuelas, después de sólo dos semanas de clases presenciales, ya que el subsecretario Hugo López-Gatell, vocero del gobierno federal para la pandemia, ha dejado muy claro en varias ocasiones que el nivel de riesgo federal establece unos niveles mínimos: los estados pueden ser más restrictivos, pero no menos.

Después del anuncio de la Secretaría de Salud, las autoridades de la capital emitieron un comunicado en el que no aclararon si lo que habían anunciado por la mañana se modificaría o no, y sólo señalaron que el cambio de color del semáforo se debió a un ligerísimo aumento de la tasa reproductiva del coronavirus (su rapidez de contagio), y que las hospitalizaciones y las muertes seguían cercanas al mínimo de toda la pandemia.

Aunque en el pasado hubo ciertas discrepancias en la gestión del combate al COVID-19, habitualmente era el gobierno federal el más laxo y los estados o ayuntamientos los que optaban por mayores restricciones para su población.

Ahora ha ocurrido lo contrario en la capital del país, pese a que su jefa de gobierno siempre se mostró más cauta que el ejecutivo federal en la reapertura de actividades.