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El Ejército de EEUU ocultó por años la pérdida de armas

Santo Domingo.- El Ejército de los Estados Unidos ha ocultado o minimizado la verdadera magnitud en que sus armas de fuego desaparecen, y minimiza significativamente las pérdidas y robos incluso cuando algunas armas son utilizadas en delitos callejeros.

El patrón de secretismo y ocultamiento del Ejército se remonta a casi una década, cuando una agencia internacional comenzó a investigar el tema dentro de las fuerzas armadas. 

Los oficiales lucharon contra la divulgación de la información durante años, y después comenzaron a ofrecer respuestas engañosas que contradicen registros internos.

Las armas militares no se desvanecen. Han sido utilizadas en tiroteos, se han blandido para robar y amenazar a personas, incluidos niños, y han sido recuperadas en manos de los delincuentes. Ladrones vendieron fusiles de asalto a una pandilla callejera.

Los oficiales del Ejército proporcionaron información que sugiere que sólo un par de cientos de armas desaparecieron durante la década de 2010. Memorandos internos del Ejército que obtuvo la AP muestran que las pérdidas son mucho mayores.

Santo Domingo.- Los esfuerzos para suprimir la información datan de 2012, cuando la AP presentó una solicitud a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (FOIA, por sus siglas en inglés) para obtener un registro en el que se supone que los cuatro servicios armados reportan la pérdida o el robo de armas de fuego.

El exmiembro del Ejército que supervisó este registro describió cómo él sacó un informe completo de armas perdidas o robadas, pero se enteró después de que sus superiores bloquearon que se divulgara.

Mientras la AP continuaba presionando para obtener información, incluso a través de impugnaciones legales, el Ejército presentó una lista de armas faltantes que estaba tan claramente incompleta que los oficiales después la rechazaron. Luego reportaron un segundo grupo de registros que tampoco dieron un recuento completo.

El secretismo en torno a un tema delicado se extiende más allá del Ejército. La Fuerza Aérea no pudo proporcionar detalles sobre armas desaparecidas y dijo que las respuestas tendrían que esperar a una solicitud de registros federales que la AP hizo hace un año y cinco meses.

El Departamento de Defensa tampoco ha liberado los registros de pérdidas de armas que recibe de los cuatro servicios armados. Únicamente proporcionó totales aproximados de dos años, mientras la AP analizó lo que sucedió entre 2010 y 2019.

El Pentágono dejó de compartir esta información con el Congreso de manera regular hace años, al parecer en la década de 1990. Funcionarios del Departamento de Defensa dijeron que podían notificar a legisladores en caso de un robo o una pérdida pudiera ser considerada “significativa”, aunque ninguna notificación se había hecho al menos hasta 2017.

El martes, después de que la AP publicó la primera parte de su investigación, el senador demócrata Richard Blumenthal, exigió en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado que el Pentágono reanude los reportes regulares sobre las armas perdidas. En una declaración escrita enviada a la AP, el Pentágono señaló que “espera continuar trabajando con el Congreso para garantizar una supervisión apropiada”.

Blumenthal también llamó a la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, a que su oficina dé a conocer la información con la que cuenta.

“Me complacería saber cómo hemos manejado este problema”, respondió Wormuth. La secretaria se describió a sí misma como “abierta a” un nuevo requisito de presentación de informes y dijo que la cantidad de armas de fuego militares en manos de civiles probablemente sea pequeña.

Los registros deficientes en los vastos sistemas de inventario de las fuerzas armadas significan que las armas perdidas o robadas pueden ser listadas en los registros de propiedad como seguras. Las fallas de seguridad fueron evidentes a todo lo largo de la cadena, hasta las unidades individuales, que han destruido registros, falsificado controles de inventario e ignorado procedimientos.

El general de brigada Duane Miller, el oficial número 2 en temas de aplicación de la ley del Ejército, dijo que cuando un arma desaparece el caso es investigado ampliamente. Señaló que los casos de armas son una pequeña fracción de los más de 10.000 casos de delitos graves que los investigadores del Ejército abren cada año.

“Creo absolutamente que los procedimientos que teníamos en marcha mitigaron que cualquier arma se perdiera o fuera robada”, dijo Miller sobre su propia experiencia como comandante“¿Pero ocurre? Seguro que sí”.

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The Associated Press comenzó a investigar la pérdida y el robo de armas de fuego militares en 2011 con una pregunta sencilla: ¿cuántas armas faltan en todo el Ejército, el Cuerpo de Infantería de Marina, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea?

A la AP se le dijo que la respuesta podía encontrarse en el Registro de Armas Pequeñas y Armamento Ligero del Departamento de Defensa (Department of Defense Small Arms and Light Weapons Registry). Esa base de datos centralizada, que el Ejército supervisa, rastrea el ciclo de vida de rifles, pistolas, escopetas, ametralladoras y más, desde los depósitos de suministros a las armerías de las unidades, en los despliegues militares y hasta que el arma es destruida o vendida.

Sin embargo, obtener datos del Registro requería una solicitud formal a través de la ley de libertad de información.

Esa solicitud, presentada en 2012, llegó a Charles Royal, el empleado civil del Ejército que desde hacía mucho estaba a cargo del registro en el Arsenal Redstone en Alabama.

Royal estaba acostumbrado a las consultas. Las fuerzas de seguridad militares y civiles lo llamaban miles de veces al año cuando buscaban un arma militar o habían recuperado una.

En respuesta a la solicitud de información de la AP, Royal extrajo y verificó los datos sobre armas faltantes. Luego, Royal le mostró los resultados a su jefe, el subcomandante en su departamento.

“Después de recibirlo, dijo: ‘No podemos dejar salir esto así’”, dijo Royal, quien se retiró en 2014, en una entrevista el año pasado.

Su jefe no dijo exactamente por qué, pero Royal comentó que el documento que preparó sobre la pérdida de armas fue ampliamente escudriñado dentro del Ejército.

“Las cifras que íbamos a dar iban a asustar a todos hasta cierto punto”, dijo Royal, no solo porque eran armas de fuego, sino también porque el ejército requiere una supervisión estricta de ellas.

La AP no logró contactar al supervisor de Royal y un portavoz del Ejército no comentó sobre el manejo de la solicitud a través de la ley de libertad de información.

En 2013, el Ejército dijo que no haría público ningún informe. La AP apeló esa decisión, y, cuatro años después, los abogados del Ejército estuvieron de acuerdo en que los informes del Registro deberían hacerse públicos.

No fue sino hasta 2019 que el Ejército publicó un pequeño lote de documentos del Registro. Los documentos mostraron 288 armas de fuego a lo largo de seis años.

Tras trabajar en ella durante años, la respuesta fue claramente insuficiente.

De pie en las estanterías de la biblioteca pública en Decatur, Alabama, Royal revisó las siete páginas impresas de informes que el Ejército eventualmente le dio a la AP.

“Esto no tiene ningún valor”, dijo.

Decía que, en más de un año, el Ejército reportó solo un arma desaparecida, y Royal no lo creía. “De los millones que manejaron, eso está mal”, dijo en una entrevista posterior. La AP apeló por segunda ocasión el nuevo reporte dado.

Los datos ni siquiera eran precisos cuando se comparaban con los informes de investigación criminal del Ejército. Al usar los números de serie únicos que tiene cada arma, la AP identificó 19 armas de fuego faltantes que no estaban en los datos. Eso incluía una ametralladora M240B que una unidad de la Guardia Nacional del Ejército reportó como desaparecida en Wyoming en 2014.

El Ejército no pudo explicar la discrepancia. Así que los periodistas tomaron una ruta distinta e hicieron una nueva solicitud de información, ahora por casos criminales abiertos por investigadores del Ejército.

En respuesta a esa solicitud, el Comando de Investigación Criminal del Ejército proporcionó resúmenes de investigaciones cerradas sobre armas, partes de armamento, explosivos o municiones desaparecidas o robadas.

El vocero del Ejército, el teniente coronel Brandon Kelley, dijo a la AP que las investigaciones cerradas son “la lista más precisa de pérdidas físicas del Ejército”. Pero una vez más, el total de los registros proporcionados fue un claro cálculo inferior: 230 rifles o pistolas faltantes durante la década de 2010.

Los informes no reflejaban varios casos importantes cerrados y excluían otros abiertos, que suelen tomar años en completarse. Eso significaba que las armas que los investigadores trataban de localizar activamente no eran parte del total.

Las dos primeras respuestas del Ejército —288 y 230— se contradicen con un análisis interno, uno que los oficiales inicialmente negaron haber realizado.

Cuando se le preguntó en una entrevista si el Ejército analiza las tendencias de armas perdidas, Miller dijo que no: había datos sobre asesinatos, violaciones y delitos contra la propiedad, pero no el robo o la pérdida de armas.

“No paso mucho tiempo rastreando esos datos”, dijo Miller.

De hecho, en 2019 y 2020, el Ejército distribuyó memorandos internos que describían la pérdida de armas militares como de “la mayor importancia”. Las cifras de faltantes de “armas y componentes de armas sigue igual o ha aumentado” a lo largo de los siete años cubiertos por los memorandos, llamados ALARACT (acrónimo de “All Army Activities”: “todas las actividades del Ejército”).

Un análisis de tendencias en el documento cita el robo y la “negligencia” como los factores más comunes.

Los memorandos contaron 1.303 rifles y pistolas faltantes del 2013 al 2019. Oficiales del Ejército dijeron que un número que no podían especificar fue recuperado. Los datos, que incluyen algunas pérdidas en combate, provinieron de investigaciones criminales e informes de incidentes.

Los memorandos internos no son “un documento acreditado” y no fueron revisados porque no están pensados para hacerse públicos, dijo el vocero del Ejército, Kelley.

Durante el mismo periodo, los informes de investigación que el Ejército dijo que estaban acreditados mostraron 62 rifles o pistolas perdidos o robados.

Los miembros de la división de seguridad física de Miller dijeron que rastreaban los datos de cerca, aunque Miller dijo que él no estaba personalmente al tanto de los memorandos hasta que la AP los llamó a su atención. Dijo que, de haberlo estado, los habría compartido.

“Cuando se pierde un arma, me preocupo. Cuando se pierden 100 armas, me preocupo. Cuando se pierden 500, me preocupo”, dijo Miller en una segunda entrevista.

El Ejército no era el único en ocultar al público detalles de armas faltantes. Si bien el Cuerpo de Infantería de Marina y la Marina de Guerra presentaron información, la Fuerza Aérea se rehusó a presentar datos o discutir tendencias.

“No hay un intento por ocultar”, dijo Kirby, el vocero del Departamento de Defensa. “No hay un intento por obstruir”.

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Hall reportó desde Nashville, Tennessee; LaPorta de Boca Ratón, Florida; Pritchard de Los Ángeles. Contribuyeron con este reporte Lolita Baldor y Dan Huff en Washington; Brian Barret en Nueva York, y Justin Myers en Chicago.

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Pueden contactar por correo electrónico al Equipo de Investigaciones Globales de la AP en [email protected] o en https:///www.ap.org/tips/

Ministerio Público asegura imputados en “Operación 13” planificaron fraude meses antes de designación de Maisichell Dicent

El Ministerio Público aseguró que los imputados en la “Operación 13”,  planificaron la operación fraudulenta varios meses antes de la designación del imputado Luis Maisichell Dicent como administrador general de la Lotería Nacional. 

De acuerdo al Ministerio Público en el documento de conocimiento de coerción, los imputados en la “Operación 13” conformaron una asociación criminal con el objetivo de realizar de manera fraudulenta parte de los sorteos de la Lotería Nacional en contra de miles de dominicanos que cada día acuden a las bancas a realizar jugadas.

En el documento de 85 páginas, el organismo sostiene que se hicieron encuentros con el objetivo de tener acercamientos con empleados de la entidad e imputados que participaron en los hechos, para darles garantías de quien sería el designado administrador y de lo que implicaba para la realización de maniobras fraudulentas.

El primero en ser citado es el actual administrador suspendido de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal implicado del caso y quien depositó la denuncia inicial ante la Procuraduría General de la República. Posteriormente fue señalado como la persona que orquestó la acción,  de acuerdo con Valentina Rosario (la presentadora de aquel controversial sorteo). Dijo que Dicent se le habría acercado en el ascensor y le dijo: “Alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial”.

William Rosario

William Rosario es el expresidente de Fenabanca y señalado como “mejor amigo” de Dicent. Fue quien se le acercó a Valentina y le dio las órdenes de cómo iban a cometer la infracción.

El hombre se reunió en julio del año pasado con el imputado Carlos Manuel Berigüete Pérez, quien se desempeñaba como soporte técnico de la Lotería Nacional y actualmente suspendido de sus funciones

Felipe Santiago Toribio (el Chago)

El Chago es identificado en el expediente como un reconocido apostador en prácticamente todos los juegos de azar y “con gran conocimiento de cómo funciona cada uno de ellos”.

Santiago Toribio sostuvo varias reuniones con William Rosario en julio del pasado año y es señalado como uno de los principales organizadores del fraude del sorteo del uno de mayo.

Eladio Batista (el Gago) 

El Gago fue reclutado por los antes mencionados y trabajó de manera directa en toda la estructuración de los hechos y formó parte del grupo que orquestó el entramado y estuvo en las reuniones iniciales de julio de 2020. Se le acusa de formar parte del grupo liderado William Lizandro Rosario Ortiz que habría planificado la estafa desde 2020  para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional y algunos países como Estados Unidos, España y Jamaica, en donde funcionan de manera clandestina la venta de lotería basada en los sorteos de la Lotería Nacional.

Leónidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Naza): el “jefe operativo” que no fue acusado 

“Nazaret” es señalado constantemente en el documento depositado por el Ministerio Público y es identificado como el “eje operativo de la operación para la materialización de los hechos” designado por Dicent y William Rosario.

A pesar de ser descrito como “imputado”, Medina Arvelo no aparece dentro del grupo de los acusados formalmente por la Pepca. Esa situación podría variar en las próximas horas.

Carlos Manuel Berigüete Pérez 

Se desempeñaba como soporte técnico de la Lotería Nacional. Es informado por miembros de la “alta gerencia” que iban a preparar un “Sorteo Especial” en la Lotería Nacional y le preguntaron si conocía a alguien de los que preparaban los sorteos.

Además fue señalado por Valentina Rosario como una de las personas presentes en el primer ensayo del fraude.

Jonathan Augusto Brea Ovalles 

El documento afirma que Brea Ovalles, estuvo de acuerdo con la propuesta realizada por Beriguete Pérez e identificado por la presentadora como uno de los que se encontraban en la casa donde se hizo el primero de los ensayos.

Valentina Rosario

Valentina fue la presentadora del sorteo del uno de mayo y aceptó hacerlo luego de que le ofrecieran 2 millones de pesos por cometer la infracción y sólo le entregaron 22 mil pesos en dos partidas de siete y 15 mil pesos, pese a que reclamó en varias ocasiones la totalidad del dinero.

Rosario Cruz era quien tenía el número 13 escondido en sus manos y cuando el no vidente Miguel Mejía simuló que lo sacó de la tómbola y “se lo pasó” a la presentadora, esta mostró a las cámaras el bolo que tenía entre los dedos.

Miguel Mejía

El no vidente aceptó participar al ser reclutado por Mesa Nova, quien le hizo la propuesta de participar en famoso “Sorteo Especial” a cambio de 800 mil. Mejía fue quien simuló que sacó de la tómbola el bolo y se lo pasó a la presentadora, quién lo mostró a las cámaras.

Edison Manuel Perdomo

Participó en la casa del Chago en los ensayos sobre cómo se realizaría el sorteo.

Al encuentro llevó una cámara de grabación profesional HD, con la finalidad de grabar y practicar cómo iba a ser el “tiro de cámara distorsionado” a la hora del imputado Miguel Arsenio Mejía Rodríguez “simular” extraer el bolo y pasarlo a la imputada Valentina Rosario Cruz cuando realmente ella ya lo tenía.

Rafael Mesa Nova

Mesa es el chofer de la Lotería Nacional encargado de trasladar a los no videntes que participan en los sorteos de la Lotería Nacional desde sus casas hacia la Lotería Nacional y viceversa.

Este aceptó la oferta de Berigüeto Pérez de ser parte del “sorteo especial” aceptando el pago de medio millón de pesos. Además fue el encargado de reclutar al ciego Miguel Mejía y de trasladarlo a los ensayos.

El documento también establece que se perfilaron y escogieron de manera estratégica a cada uno de los miembros de la red dentro de la Lotería y que estudiaron los perfiles en función de la necesidad de la participación en determinados roles. Además, se analizó el comportamiento y destreza de los empleados seleccionados donde primó la facilidad de estos para hacer grandes jugadas sin llamar la atención.

El 10 de abril de este año era la fecha original para realizar el sorteo, pero debido a que no fue posible colocar los empleados de conformidad a lo planificado, el sorteo fracasó.

Más tarde se realizaron cambios en el orden administrativo, específicamente del Salón de Sorteos para que solo participaran gran parte de los miembros de la red que hoy son imputados, a quienes se les conocerá audiencia de solicitud de medida de coerción este miércoles a las 10 de la mañana.

Proindustria proyecta ampliar el parque industrial del municipio de Esperanza

Esperanza, provincia de Valverde. – El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Ulises Rodríguez, visitó y recorrió el lunes el Parque Industrial de Zonas Francas del municipio Esperanza, provincia de Valverde.

El recorrido lo hizo junto al alcalde de Esperanza, Freddy García, y de los empresarios José Clase y Pedro Manuel García.

La visita de Rodríguez al recinto industrial se enmarca dentro del programa de inspección para su posterior relanzamiento de los 22 parques industriales que opera Proindustria.

Resultado de ese programa de relanzamiento varios parques industriales, como los de San Pedro de Macorís, La Vega, Bonao, Salcedo, Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO) y Bonao, y otros, han captado nuevas empresas y han generado miles de empleos.

Recientemente, Rodríguez visitó el parque industrial de Higüey, donde junto a autoridades locales anunció el inicio de los trabajos para habilitarlo y ponerlo en condiciones óptimas para que acojan empresas de zonas francas.

La visita del Parque Industrial de Esperanza se enmarca en esos planes. El funcionario explicó que vino a inspeccionar el lugar para luego dar paso a la evaluación de su infraestructura para determinar la capacidad del mismo para acoger nuevas empresas de zonas francas.

Rodríguez manifestó que tiene las instrucciones y respaldo del presidente Luis Abinader para llevar a cabo el plan de relanzamiento de los parques industriales. Recordó que atraer inversiones para generar nuevos empleos es uno de los ejes de la gestión gubernamental del mandatario.

También destacó el interés de las autoridades de Esperanza, en especial del alcalde y los regidores, así como de los empresarios que operan zonas francas, quienes lo motivaron a visitar el lugar.

“Por eso estamos aquí: ¿Qué buscamos, en definitiva?; no es una vista cosmética para las redes sociales; esta visita es de inspección; luego viene una visita, probablemente el viernes, que es más de trabajo, y allí vamos a decirles qué va a ocurrir con este parque”.

Aseguró que al parque industrial de Esperanza llegarán más empresas de zonas francas, por lo que habrá más empleos, “para que el pueblo progrese y vuelva a recuperar el sitial que tuvo en los mejores tiempos”.

Rodríguez destacó el repunte que ha experimentado la economía dominicana y lo que atribuyó a las acertadas políticas del gobierno del presidente Luis Abinader, dirigidas a incentivar todos los sectores productivos nacionales.

También valoró la capacidad de repunte del empresariado dominicano, que ha logrado responder a la crisis que vive el país y el mundo provocada por la pandemia del COVID-19.

Rodríguez recibió las explicaciones sobre el funcionamiento del parque y sus necesidades básicas para ponerlos en condiciones óptimas para acoger nuevas empresas.

Explosión dentro de base militar de Colombia deja 36 heridos

BOGOTÁ  — Un coche bomba explotó el martes dentro de una base militar ubicada en la localidad colombiana de Cúcuta, dejando 36 heridos, tres de ellos en condición grave, informaron las autoridades.

Durante una visita de emergencia a la base, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que la explosión fue un atentado terrorista contra soldados colombianos que pretendía causar heridas a la mayor cantidad posible de efectivos.

Molano señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo rebelde más grande que resta en Colombia, como probable responsable del ataque, aunque no proporcionó evidencia alguna para respaldar esa afirmación.

El funcionario añadió que miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, podrían estar involucrados.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá escribió en su cuenta de Twitter que un pequeño grupo de militares estadounidenses se encontraba en la base cuando se produjo la explosión, pero que no sufrieron lesiones. Los soldados estadounidenses estaban allí para realizar ejercicios de entrenamiento, dijo la embajada.

Cúcuta se ubica en la frontera con Venezuela y es la capital del departamento de Norte de Santander, en donde varios grupos delictivos se disputan las rutas del trasiego de drogas y aprovechan la escasa vigilancia en la frontera para contrabandear armas y combustible.

El año pasado, un grupo de unos 40 instructores y asesores militares de la Primera Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos pasó un tiempo en la base que fue atacada el martes, donde ayudaron al ejército colombiano a planear operaciones antinarcóticos.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo negro que salía de la base y posteriormente se escucha un fuerte estallido que destrozó ventanas y oficinas.

La explosión ocurrió en momentos en que las protestas en contra del gobierno parecen disminuir en Colombia. Los líderes de las manifestaciones anunciaron el martes que suspenderán las marchas que se han realizado durante siete semanas. Al menos 50 personas han muerto durante las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de la pobreza y la creciente desigualdad en el país.

Molano dijo que la explosión del martes se registró poco después de las 3 de la tarde, cuando hombres vestidos como soldados condujeron una camioneta blanca hacia la base.

En 2019, 21 personas murieron después de que estalló un coche bomba dentro de una academia de policía de Bogotá. El ataque fue obra del ELN y provocó que el gobierno suspendiera negociaciones de paz con el grupo.

Anuncian reacondicionamiento del estadio Quisqueya para Serie del Caribe Santo Domingo 2022

El ministro de Deportes y Recreación, Francisco Camacho, reiteró el apoyo del Gobierno para que el país pueda celebrar la Serie del Caribe 2022 y adelantó que con ese propósito será reacondicionado el estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Tengo muy buenas noticias, ya se están haciendo los trámites para que los fondos de reparar el estadio Quisqueya Juan Marichal lleguen al Ministerio de Deportes”, manifestó Camacho durante una reunión con el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Vitelio Mejía y Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

 El ministro de Deportes aseguró que se harán todos los esfuerzos para que el clásico del caribe pueda volver a celebrarse en el país,  después de una ausencia de cinco años.

“Las palabras del presidente Luis Abinader serán honradas de arriba abajo”, dijo el funcionario.  “Sabemos de las dificultades que hemos tenido como país con el tema de la pandemia, pero en materia de deportes nuestro presidente siempre da un paso al frente y trabajaremos para que ese evento llegue a puerto seguro”, declaró el titular de la cartera deportiva oficial durante el acto realizado en la oficina de la CBPC, instalada en el Quisqueya.

Camacho precisó que con el gran plan de vacunación que se está llevando a cabo en la República Dominicana los turistas podrán venir apoyar a sus equipos sin temor a contagiarse del COVID-19.

Por otro lado, Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol Profesonal, saludó el esfuerzo que viene haciendo el ministro Camacho para que el deporte siga creciendo en todos los pueblos del país.

“Estoy más que convencido que nuestro país seguirá creciendo en materia deportiva, con el ministro Camacho al frente, sé que montaremos una extraordinaria Serie del Caribe, ya que son múltiples los esfuerzos que se están haciendo para que podamos albergar dignamente uno de los mejores eventos del caribe”, acotó Noboa.

A la reunión también asistieron  Juan Mustafa, gerente general del Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex) y Ramón Ruíz, director de Marca de la CBPC.

 

Serie del Caribe 2016

La última vez que se realizó una Serie del Caribe en el país fue en el 2016, donde los Venados de Mazatlán se convirtieron en los campeones, al vencer en la final a los Tigres de Aragua con marcador de 5 carreras por 4.

Medio Ambiente emite resolución que prohíbe de forma permanente las actividades agrícolas y ganaderas en el Parque Nacional Valle Nuevo

Santo Domingo. – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la Resolución 0016/2021, en la que prohíbe de forma permanente las actividades agrícolas y ganaderas que aún se desarrollan en el Parque Nacional Valle Nuevo, considerado como “La Madre de las Aguas” por su importancia en la generación hídrica del país.

La decisión firmada por el ministro Orlando Jorge Mera modifica el artículo 3 y el párrafo de la Resolución 0014/2016, que aprobó y autorizó la implementación del Plan de Acción para el Rescate del Parque, y sirvió de base para iniciar la eliminación de las actividades agrícolas en esa zona.

En ese entonces, la medida no contemplaba de manera taxativa la prohibición de nuevos enclaves agrícolas. En ese sentido, aún se evidencia la presencia de asentamientos agrícolas dentro del área protegida, principalmente en la vertiente sur, donde la pasada administración no desarrolló acciones para completar el rescate de Valle Nuevo.

 

Plazo y planes de reubicación

“Se otorga un plazo de 100 días para cosechar y/o retirar los cultivos en desarrollo y para desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con los cultivos agrícolas y la pecuaria. Quedan prohibidas las nuevas siembras. Solo se permitirá la finalización y retiro de los productos de ciclo corto que estuviesen sembrados al momento de publicarse la presente resolución”, especifican los párrafos I y II del primer artículo de la nueva resolución.

Transcurrido este plazo, el Ministerio retirará cualquier actividad que atente contra la integridad de este Parque Nacional, en cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y la Ley 202-04 sectorial sobre Áreas Protegidas.

Para esto, en el artículo cinco de la medida se establece que el Ministerio de Medio Ambiente “coordinará con el Ministerio de Defensa, para que a través del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y con el apoyo de las demás instituciones competentes, según el caso, se garantice el fiel cumplimiento de la presente resolución”.

No obstante, en el plan de acción también se considera el factor humanitario, por la presencia de hombres y mujeres de la agricultura que pertenecen a generaciones de familias trabajadoras asentadas mucho antes de que Valle Nuevo fuera declarado Parque Nacional, a quienes se procederá a reubicar en un espacio digno y económicamente sostenible, con la facilidad de una alternativa legal fuera del área protegida.

Para estos fines el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado un levantamiento en el que se tiene identificados quienes estaban en esta zona antes de ser declarada área protegida.

Cumplimiento de sentencia

Para emitir esta nueva resolución se tomó como base la sentencia No. 0030-04-2018 – SSEN – 00412, del Tribunal Constitucional emitida el 26 de noviembre del año 2018 que establece lo siguiente: "Acoge la señalada acción de amparo de cumplimiento en virtud de las razones indicadas en la parte considerativa de la presente sentencia, en consecuencia, ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el desalojo de cualquier asentamiento agrícola que se mantenga dentro del Parque Nacional Valle Nuevo, en plazo de 2 meses, a partir de la notificación de la presente decisión, por los motivos precedentemente indicados”.

Se mantienen vigentes las demás disposiciones de la resolución anterior, por lo que todas las antenas que se ubican dentro del territorio del parque, deberán someterse al cumplimiento de normativas ambientales vigentes, manejo de residuos oleosos, pago por uso de espacio físico, gestión de residuos sólidos y aguas servidas.

Así mismo, se definirá el número de torres necesarias para las antenas existentes y se desmantelarán las infraestructuras innecesarias.

 

Importancia del Parque Nacional Valle Nuevo

La Madre de las Aguas”, como también es llamado Valle Nuevo por su importancia en la producción de agua para la República Dominicana, tiene una extensión de 910 kilómetros cuadrados, terrenos que en su mayoría se ubican en la provincia La Vega.

Dos de los más importantes ríos del país, Yuna y Nizao, tienen sus cabeceras dentro de este parque. Además, en sus terrenos existen tres macrocuencas que definen el régimen hídrico de gran parte del país que son: río Nizao y sus afluentes; río Las Cuevas y río Grande que son afluentes del río Yaque del Sur; río Tireo y río Blanco, que son afluentes del Yuna.

De la producción de agua en esta zona depende el desenvolvimiento de miles de hogares, así como la productividad de enclaves agrícolas fundamentales para la seguridad alimentaria del país, como el Valle de Constanza y zonas agrícolas del sur del país.

Además, el parque es hogar de más de 500 especies de plantas, de las cuales 138 son endémicas de Valle Nuevo, así como numerosas especies de anfibios, reptiles, mariposas y aves.

Desde su llegada al Ministerio de Medio Ambiente, el ministro Orlando Jorge Mera ha dispuesto que se cumpla de manera estricta lo que establecen las Leyes 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 202-04 sobre Áreas Protegidas, en lo relativo a no permitir asentamientos agrícolas dentro de las áreas protegidas, esto sin dejar de lado la búsqueda de alternativas viables a los campesinos que viven de la actividad agrícola.

Alcaldía de Boca Chica a través de la FINJUS, entrega Equipos y Herramientas al Sindicato de Trabajadores de Boca Chica

Boca Chica.-  El alcalde Fermín Brito Rincón, hizo entrega de varias herramientas de trabajos al Sindicato de Trabajadores de Boca Chica, la misma serán utilizadas por los jóvenes del programa “Enseñando lo Aprendido”.

El alcalde ing. Brito Rincón, a nombres del gobierno municipal agradeció a los ejecutivos de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la colaboración con los jóvenes del Sindicato de trabajadores, exhortándole a darle el mejor uso y que ejerzan lo aprendido para el mejor desarrollo y sus trabajos.

Así mismo agradeció los esfuerzos de la directora de la Mea Local de Seguridad Ciudadanía y Genero Lic. Lucia Florentino.

El Sindicato de Trabajadores de Boca Chica recibe la donación de equipos y herramientas para ser utilizadas en el programa “Enseñando lo Aprendido”, el cual tiene como propósito crear capacidades industriales en jóvenes excluidos del municipio de Boca Chica, a fin de reinsertar los al mercado laboral.

Mientras que el joven Gorky Rolando Báez quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Boca Chica, agradeció éste gesto a la Finjus y a la alcaldía, y expresó que a pesar de no ser de la misma corriente política del alcalde Fermín Brito, éste les ha apoyado cuando se le ha solicitado.

En el encuentro estuvieron presente además del honorable alcalde Brito Rincón, la vicealcaldesa María D’leon Castro, la Gobernadora de la provincia Santo Domingo, Altagracia Julia Drullard de Jiménez, así como Carlos Villaverde, director de Proyectos de la Finjus, la presidente del Concejo de Regidores, Dra. Belquis Pérez, el Lic. Edwin Arias sub-director de Coraabo, Formerio Rodríguez, director municipal de cultura, entre otras autoridades e invitados especiales.

Hospital Moscoso Puello fortalece proyecto apoyo emocional a pacientes Covid-19 y sus familias

El hospital doctor Francisco Moscoso Puello desarrolla el proyecto de Salud Mental, que busca dar apoyo emocional a pacientes ingresados en la Unidad Covid-19 y a sus familiares que permanecen en los alrededores del área.

El director del hospital, doctor Enmanuel Silverio, expresó que con esta labor complementaria se busca dar soporte a los ciudadanos.

"Nosotros como institución, le damos las herramientas a los familiares para que puedan manejar estas crisis en estos momentos tan difíciles", manifestó el galeno.

El programa es realizado por los departamentos de Psicología, coordinado por la licenciada Yngrid Balbi, y de Psiquiatría, por la doctora Anya Alcántara.

El proyecto consiste en la asistencia emocional permanente a los pacientes ingresados en la Unidad.

En la parte externa, se realiza la terapia grupal de orientación y motivación, espacio para identificar casos particulares para la asistencia personalizada en consulta externa o en la Unidad de Intervención en Crisis del hospital.

Desesperación, miedo, insomnio, ansiedad y otros, son de los trastornos detectados por los especialistas de la salud.

La Unidad COVID-19 del Moscoso Puello ofrece información presencial a los familiares en dos tandas, horario establecido en el área externa, al igual que un contacto telefónico en el 809-681-7828 extensiones 2507 y 2568.

El Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, desde inicio de la pandemia, desarrollan el programa en el que un equipo de psicólogos y psiquiatras ofrecen apoyo emocional no sólo a ingresados afectados por el COVID-19 y a sus familiares, sino también al personal asistencial que lo requiera.

Huawei inaugura en China su Centro Global de Ciberseguridad y Transparencia de Protección de la Privacidad de mayor tamaño

Santo Domingo.- Huawei inauguró su mayor Centro Global de Ciberseguridad y Transparencia de Protección de la Privacidad en Dongguan (China), ante representantes de GSMA, SUSE, la Institución Británica de Normalización y reguladores de los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, que han intervenido en la ceremonia de inauguración.

Coincidiendo con la apertura del nuevo centro, Huawei también presentó el documento Fundamentos de seguridad de productos de Huawei, lo que marca la primera vez que la empresa pone a disposición de la industria en su conjunto su marco base de seguridad de productos y sus prácticas de gestión. Estas acciones se engloban en el contexto de los esfuerzos globales de la empresa por colaborar con clientes, proveedores, organizaciones de normalización y otras partes interesadas con el objetivo de reforzar de forma conjunta la ciberseguridad en todos los niveles de la industria.

Durante el acto inaugural del centro en Dongguan, Ken Hu, presidente rotatorio de Huawei, ha comentado: «La ciberseguridad es más importante que nunca. Como industria, debemos colaborar, intercambiar las mejores prácticas y desarrollar nuestras capacidades comunes en cuanto a gobernanza, normas, tecnología y verificación. Debemos dar motivos al público general y a los reguladores para que confíen en la seguridad de los productos y servicios que utilizan a diario. Juntos, podemos lograr el equilibrio perfecto entre seguridad y desarrollo en un mundo cada vez más digital».

Senador de Barahona pide declarar la provincia en estado de emergencia por Covid-19

Preocupado por la alta incidencia de positividad de la Covid-19 en Barahona, que la sitúan desde hace varias semanas entre el primer y segundo lugar de mayor contagio en el país, el Senador José Del Castillo Saviñón, solicitó declarar esta provincia en estado de emergencia.

Durante un turno agotado en el Senado este martes, Del Castillo Saviñón adelantó que se reunirá con la Vicepresidenta de la República y Titular del Gabinete de Salud, Raquel Peña, para lograr que Barahona sea intervenida cuanto antes.

Cuestionó que las cuatro provincias que componen esta Región Sureña, cuenten tan solo con un hospital destinado a pacientes covid-19 y un médico neumólogo.