SANTO DOMINGO.- “El Ministerio Público ha hecho suya más de 10 pruebas del imputado Víctor Díaz, que las tenía para su defensa; quiso desistir de ellas y haciendo uso del principio de comunidad de pruebas el Ministerio Público se apropia de ellas. ¿Por qué?, porque corroboran nuestra teoría del caso”.
La explicación la ofreció la fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ponderar el trabajo que viene realizando el Ministerio Público para evitar que queden impunes los procesados que defraudaron al Estado. y a todos los ciudadanos de República Dominicana, al distribuir y recibir sobornos de la constructora Odebrecht.
Ortiz resaltó que el Ministerio Público presentó ya sus más de 1,700 pruebas y 21 testigos. “Pruebas que, evidentemente, dejaron sentada nuestra teoría del caso”, añadió. “Recibiendo ahora las pruebas de los imputados nos damos cuenta que cada vez nuestra acusación se robustece más, ya que las pruebas de las defensas no logran desmontar en nada la teoría del Ministerio Público”, sostuvo Ortiz, al ser abordada por los periodistas que cubren el juicio Odebrecht, el cual seguirá este martes.
“¿Qué pasó con los testigos de Ángel Rondón?”, se preguntó, para responder de inmediato: “Más de 25 testigos que no aportaron absolutamente nada al proceso. A pregunta del Ministerio Público sobre qué podían aportar al caso, respondían que sobre este caso no sabían absolutamente nada”.
En ese contexto, resaltó que, “siendo robusta la acusación del Ministerio Público y con pruebas de defensa que no desmontan esa acusación, indiscutiblemente intervendrá una condena por lógica común”.
El tribunal suspendió el juicio hasta este martes 1 de junio, a las 9:00 de la mañana, para seguir escuchando a la defensa del imputado Díaz Rúa, exdirector Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.
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En audiencias anteriores lo hizo el imputado Rondón Rijo, quien fungió como representante de Odebrecht y, al mismo tiempo, contratista de la firma brasileña.
Rondón Rijo y Díaz Rúa son procesados por este caso de corrupción junto al abogado Conrado Pittaluga Arzeno, los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó más de 1,700 pruebas testimoniales y documentales para demostrar que los imputados incrementaron de manera exorbitante sus patrimonios mientras ejercieron funciones en el Estado.
La Pepca acusa a los imputados de la violación del Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
La constructora Odebrecht reconoció ante el Estado dominicano que había distribuido en el país US$92 millones con la intención de agenciarse la adjudicación de obras contratadas con fondos de los contribuyentes.