Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader concedió la nacionalidad dominicana a 50 descendientes de haitianos nacidos en el país que fueron despojados de su ciudadanía por medio de una polémica sentencia promulgada en 2013.

La concesión de la nacionalidad se materializó en un decreto firmado por Abinader el pasado 30 de abril, que se ha mantenido en secreto hasta ser publicado en la web de la Consultoría del Poder Ejecutivo.

Este es el primer decreto firmado por Abinader para otorgar la nacionalidad a los descendientes de haitianos afectados por la sentencia de 2013.

Abinader siguió el ejemplo de su antecesor, Danilo Medina, que firmó otro decreto similar en julio de 2020, también en secreto, en el que devolvió la nacionalidad a 750 dominicanos que habían sido despojados de la ciudadanía de su país de nacimiento.

La polémica se remonta a 2013, cuando el Tribunal Constitucional decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos.

La sentencia se aplicó de forma retroactiva a los nacidos después de 1929 y afectó directamente a decenas de miles de hijos de haitianos, muchos de los cuales se quedaron apátridas en ese momento.

Las críticas internacionales suscitadas por la resolución llevaron a las autoridades dominicanas a elaborar una ley en 2014 con la que ofrecieron la nacionalidad a una minoría de los afectados, los que ya tenían documentos de identidad dominicanos.

En ese grupo se inscriben las 800 personas que han recibido la nacionalidad gracias a los decretos firmados por Medina y por Abinader.

Según cálculos de la ONG Reconoci.do, unas 8.000 personas solicitaron recuperar la nacionalidad por medio de la ley de 2014.

La ley de 2014 estableció una segunda categoría, la de los hijos de extranjeros que nunca habían tenido documentos dominicanos antes de la sentencia de 2013.

Para este grupo se creó un plan de regularización de extranjeros, que les abre las puertas a solicitar un permiso de residencia en el país y obtener una cédula que les reconoce como haitianos.

El periodista Huchi Lora fue dado de alta este sábado tras permanecer ingresado por varios días en el Centro de Medicina Avanzada (Cedimat), en la Capital.

En un mensaje a través de su cuenta en Twitter, Lora explicó que ya se encuentra en su hogar y que todo se trató de una (Isquemia cerebral transitoria), la cual no provocó secuelas, pero que constituye una advertencia. Agradeció a las personas que expresaron preocupación por su salud.

“Buenas tardes a todos. Gracias a tantas personas que se interesaron por mi salud. Estoy de alta en mi hogar. Fue una isquemia cerebral transitoria que no tejó secuelas pero que constituye una advertencia. Me dieron licencia laboral por dos semanas, cuando me reintegraré”, escribió.

Puerto Plata.- El ministro encargado de los Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia, Neney Cabrera, anunció este sábado que el presidente Luis Abinader dispuso la intervención técnica inmediata del vertedero del municipio Sosúa, que ha sido afectado por incendios en los últimos días, poniendo en peligro la salud de los habitantes y turistas que visitan esta atractiva zona del Océano Atlántico.

 Cabrera dijo que la intervención se hará en tres fases, para mitigar, remediar y solucionar de forma definitiva el grave problema de salud, ambiental y humano que este genera y que a la vez impacta de manera negativa la economía municipal, por encontrarse próximo a la ciudad y al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón.

 El funcionario hizo el anuncio durante una conferencia de prensa conjuntamente con el alcalde Wilfredo Olivences; de la vicealcaldesa Chissell Hernández; del director municipal de Cabarete, Freddy Cruz; de los miembros del Concejo Municipal; del representante de la Senadora Ginette Bournigal, Rodolfo Noesi, Director interino de Turismo en Sosua, y otras autoridades municipales, en la sede del Ayuntamiento.

 “Quiero informales, que he recibido las instrucciones del presidente Luis Abinader para buscar una solución técnica inmediata al problema del vertedero de Sosúa, el cual dejará de ser un dolor de cabeza para sus munícipes y los visitantes nacionales y extranjeros”, precisó Cabrera.

 Dijo que la intervención consiste en una primera fase de remediación y control técnico, una segunda fase con la construcción de una estación de transferencia, para posteriormente pasar a la ejecución de un modelo de gestión con el rigor técnico requerido por los estándares internacionales.

 Destacó que estas acciones contribuirán a que el municipio Sosua pueda tener una disposición final de los desechos sólidos para los próximos 15 o 20 años, de forma sostenida y duradera.

 Explicó que con esta intervención y construcción de un área de transferencia en el lugar se podrá manejar hasta unas 100 toneladas diariamente de desechos sólidos, que actualmente solo maneja unas 55 toneladas cúbicas de basura, que llegan a un pico durante la temporada alta de turismo.

 En esta semana el vertedero, que opera a cielo abierto en una extensión de unos 35 mil metros cuadrados, fue afectado por varios incendios que requirieron la intervención de los bomberos municipales de Sosúa , San Felipe de Puerto Plata y Montellano, para sofocarlo, para lo cual fue precisa la intervención de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Republica Dominicana.

 “Esta intervención se hará conjuntamente con la Alcaldía, porque no se trata de competir ni asumir funciones propias de los gobiernos locales, se trata de una labor de acompañamiento con los ayuntamientos, para dar solución a un problema que viene desde hace muchos años afectando este importante polo turístico”, manifestó Neney Cabrera

 “En Sosúa estamos trabajando. El Gobierno del Cambio se preocupa y busca soluciones a los problemas. Es hora de que el vertedero deje de ser un dolor de cabeza para sus habitantes y distinguidos visitantes como los turistas, y para que estos se sientan como en casa”, enfatizó el ministro encargado de Propeep.

 De su lado, el alcalde Wilfredo Olivences agradeció al presidente Luis Abinader por disponer la solución al problema del botadero de basura que afecta a la comunidad desde hace décadas. 

 Al concluir la conferencia de prensa, el ministro Neney Cabrera encabezó un recocrrido por la zona del vertedero, donde pudo contactar el grave problema ambiental, de salud y de impacto económico que significa su operación de manera descontrolada y sin un manejo técnico eficiente.

 Con esta intervención, desde que el presidente Luis Abinader instruyó al ministro Cabrera a buscar solución a la situación de los botaderos de desechos sólidos de varios municipios, suman nueve, los vertederos intervenidos por el Gobierno. 

 Los intervenidos anteriormente son los de Haina, La Vega, Puerto Plata y Samaná, Las Terrenas, Nagua, Punta Cana/Veron e Higuey.

 En la conferencia de prensa conjunta estuvieron presentes, además, El general Jacinto Minaya Herrera, director regional de la Policía en Sosúa;

Rodolfo Noesi, encargado de turismo en Sosúa, en representación de la Senadora Ginette Bournigal; Orlando Medina, presidente del Concejo de Regidores del Municipio; Freddy Cruz, director del Distrito Municipal de Cabarete.

SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional alertó a la ciudadanía sobre el aumento de los delitos informáticos, especialmente la estafa y extorsión, cuyos registros aumentaron considerablemente desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

La advertencia la hizo la fiscal Marineldy Peña Hernández, encargada del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien explicó que esos tipos penales, tipificados por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, se realizan mediante el uso de teléfonos inteligentes, celulares y software.

Peña Hernández definió el delito electrónico o cibernético como todo acto ilícito que usa como medio la tecnología de la comunicación y la información con el fin de estafar, chantajear o extorsionar a las personas que realizan compras y transacciones bancarias a través de la vía electrónica.

Indicó que entre los ciberdelitos más comunes y que más se denuncian están las estafas, la obtención ilícita de fondos y la injuria pública. “La mayor parte de las denuncias son por estafa y llegan a través de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía, otras a través del Dicat (Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional) y algunas desde los bancos comerciales”.

Indicó que la estafa se disparó durante la pandemia del coronavirus y la mayoría de las víctimas son mujeres. “También creció mucho la denominada sextorsión, de la cual los hombres son los más afectados”.

Aseguró que, aunque se ha vuelto muy común el chantaje o extorsión, este es un tipo penal que en la mayoría de los casos no se judicializa, “y esto es porque la víctima tiene miedo y vergüenza de contar su historia ante un tribunal”.

En lo referente a las penas que enfrentan quienes cometen el delito de estafa a través de la red, Peña Hernández dijo que esta infracción tiene sanciones previstas que van de los tres meses hasta los siete años de prisión. “En cuanto al chantaje, la pena contemplada es cinco años y la obtención ilícita de fondos, que son las más frecuentes y comunes, conlleva condenas de tres a 10 años de prisión”, agregó.

La fiscal hizo un llamado a la ciudadanía para que tome medidas que contribuyan a prevenir los delitos cibernéticos.

Algunas de sus recomendaciones consisten en fijarse en la fecha de creación de las páginas en las que realizan compras, así como ser celosos con todas las contraseñas y datos bancarios. “Esas informaciones no deben ser compartidas con amigos ni familiares”, recalcó.

SANTO DOMINGO.- Un año de prisión preventiva como medida de coerción fue impuesto a una mujer acusada por el Ministerio Público de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la prisión preventiva a la imputada Aida Ramos de Hernández y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

La titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, fiscal Karina Concepción Medina, dijo que su sometimiento se realizó con base en evidencias que les vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, así como a la asociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero.

Los hechos se registraron durante los últimos 17 años.

En la instancia con la solicitud de medida de coerción, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los indicados delitos.

La imputada, según consta en Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización para firmar en representación de las mismas.

El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros  accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyos objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.

A través del esquema societario, Ramos de Hernández junto con otros accionistas además utilizó esas sociedades  para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación denominado “papel comercial”, con el objetivo de cederlos a terceros en calidad de préstamos, para recibir ganancias con tasas de interés anuales que oscilaban entre un 4 y un 18 por ciento.

Ramos de Hernández cometió los hechos en asociación con Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes de que las víctimas presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia.

A raíz de las diligencias del Ministerio Público es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.

La magistrada Concepción Medina junto al fiscal Carlos Vidal, durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, presentó diferentes pruebas que vinculan a la imputada al caso.

Con las evidencias, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró pudo establecer la vinculación de la encartada con el hecho delictivo al que le ha sido otorgada la calificación jurídica de violación a los artículos 148, 265, 266, 405 del Código Penal y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Mientras Ramos de Hernández cumple la prisión preventiva, el Ministerio Público continúa ampliando la investigación de este caso de delitos financieros.