Barahona.- A días de que el Ministerio de Educación anunciara el retorno general a las aulas, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Barahona Miguel Féliz, aseguró que no están dadas las condiciones debido al incremento en la positividad del Covid-19 en las últimas semanas en el país.

Féliz manifestó que no entiende la premura del retorno, faltando tan poco para concluir el calendario escolar 2020-2021.

En el caso específico de Barahona se refirió al intento fallido del inicio de la semipresencialidad en El Peñon, el único municipio del Distrito 01-03 que calificó por su baja positividad y que tuvo que regresar a la virtualidad a los 21 días por un alarmante rebrote de un 25%.

Por último aclaró a quienes han criticado su posición, que los maestros han estado dispuestos para concluir con éxito este año escolar, pero no a costa de su salud.

Nagua.-  El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Franklin García Fermín, se reunió este jueves con las autoridades educativas de UASD de las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, para escuchar sus necesidades y apoyar.

La directora Margarita Reyes del centro UASD Nagua, pidió la habilitación de varios laboratorios, incentivos para las diferentes áreas curriculares, la modernización del centro entre otras necesidades.

Asimismo, el representante de los estudiantes Wilfredo Alvarado, pidió la reapertura del centro UASD Samaná, ya que no está en condiciones para impartir docencia, además de una residencia propia y transporte para los estudiantes que viajan de otras provincias y Municipios lejanos, también el techado de la cancha y la construcción de una piscina.

En su intervención el ministro García Fermín se comprometió a gestionar con el presidente Luís Abinader, gran parte de los pedidos de los representantes de la UASD, así como el aumento del presupuesto a casi un 100%, una vez terminado el encuentro hizo un recorrido por el centro junto a varias autoridades.

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el próximo lunes, a partir de las dos de la tarde, el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free Zone Panama, que plantea la adquisición de 9,999,990 de dosis de vacunas.

El anuncio lo hizo el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien lo visitó este jueves para explicarle la necesidad de que sea aprobada la iniciativa por la Cámara de Diputados.

“Estamos aquí porque necesitamos que ustedes conozcan ese segundo contrato que es un complemento del primero con Pfizer, para que el país comience a recibir esas vacunas. Es importante que se conozca lo antes posible, manifestó Peña.

Dijo que es un compromiso más que los diputados demuestran con la República Dominicana y el Plan Nacional de Vacunación para poder volver a la normalidad.

La también coordinadora del Gabinete de Salud, manifestó que el mundo entero está en una carrera tras las vacunas contra el coronavirus, causante de la COVID-19; por lo cual cuanto antes sea aprobado el citado proyecto, más rápido se continuará el proceso de inoculación de todo el pueblo dominicano.

De su lado Pacheco dijo que la consultó a los voceros de los diferentes partidos representados en la Cámara de Diputados, a quienes agradeció por reunirse rápidamente a tratar el tema.

Asimismo, dijo que la Comisión Permanente de Salud se reunirá de forma extraordinaria este viernes para estudiar el acuerdo entre el Gobierno dominicano y la farmacéutica Pfizer para aumentar la cantidad de dosis de la vacuna BNT162b.

Pacheco dijo que la Cámara de Diputados no tenía programadas sesiones para la próxima semana, pero lo harán dada la gran importancia del referido acuerdo para que el país continúe con el exitoso plan de vacunación, por lo que solamente se discutirá ese proyecto, el cual ya fue aprobado por el Senado de la República en única lectura.

“Ya antes hemos aprobado ocho millones de dosis de vacunas de ese laboratorio y ahora se aumenta la cantidad y se hace un nuevo contrato”, explicó el presidente de la Cámara de Diputados.

En la reunión realizada en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados estuvieron presentes los voceros de las distintas bancadas de los partidos políticos, así como otros lesgisladores.

SANTO DOMINGO- El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) puso en marcha un importante programa para impulsar proyectos productivos y de infraestructura que promuevan el desarrollo de las diferentes provincias.

Para tales fines, los directores ejecutivos de las Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial, y de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de los Proyectos de la Presidencia (UESP), ambas adscritas al MAPRE, Ángel de la Cruz y Hecmilio Galván, respectivamente, firmaron en el Palacio Nacional un acuerdo institucional para la implementación de estos programas impulsados por el presidente Luis Abinader.

Con este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a establecer una estrategia, mediante la cual desarrollarán un plan de trabajo conjunto para impulsar la elaboración, aprobación y seguimiento de proyectos en beneficio del desarrollo de las provincias del país.

Para lograr dichos objetivos establecerán una “Mesa Técnica de Trabajo Conjunto”, integrada por los técnicos de dichas instituciones que defina una agenda de trabajo conjunto para cada una de las áreas mencionadas.

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial es una instancia del Poder Ejecutivo creada con la finalidad de impulsar el desarrollo provincial, propiciando la equidad social y por ende mejorar las condiciones y calidad de vida de los dominicanos.

De su lado, la UESP tiene como misión promover e impulsar el desarrollo social y económico del país a través del impulso de proyectos productivos que generen riqueza y empleo en el país.

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha logrado incorporar más de 1,200 pruebas en contra de los seis acusados de recibir y distribuir dinero de los US$92 millones que repartió la empresa Odebrecht con el fin de adquirir contratos de obras públicas en el país.

Se trata de pruebas documentales, algunas con soporte digital, así como pruebas ilustrativas en el mismo formato y un total de 21 testigos que han sido admitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, destaca un comunicado de prensa del órgano acusador. 

Ante preguntas de la prensa que cubre el juicio, respecto a la importancia de estas evidencias, la fiscal Mirna Ortiz manifestó que “en un proceso penal todas las pruebas se deben analizar en su conjunto”.  

La magistrada Ortiz invitó a la ciudadanía a seguir el desenvolvimiento del proceso judicial, tras explicar que luego de que concluya la presentación de las pruebas por parte de las defensas, vendrá el momento de los alegatos y las conclusiones, cuando el Ministerio Público tendrá la oportunidad de ponderar de forma integral más de 1,200 evidencias que ha incorporado en contra de los imputados. “Entonces, van a poder ver el cuadro completo; cuando todo esto se una, ustedes verán el resultado de las pruebas”, expresó. 

En la sesión de este jueves, el Ministerio Público logró incorporar más pruebas en contra del abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, acusado de incurrir en los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves. El tribunal dispuso un receso para continuar con la audiencia a las 2:30 de esta tarde. 

En torno a una evidencia que no fue incorporada, la magistrada Ortiz atribuyó a un extravío más de los que sucedieron en la Suprema Corte de Justicia y agregó: “Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y, aunque no estemos de acuerdo, seguimos avanzando y acatamos la decisión”. 

“El Ministerio Público demostró en el tribunal que la prueba número 16, específica contra Conrado Pittaluga, fue traducida al español y el tribunal, en la decisión del lunes, no tuvo otra opción que corroborar lo que el Ministerio Público había establecido que entregó esa evidencia”, dijo en relación con otra de las decisiones del tribunal. 

Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, aseguró que tienen la constancia de recepción por parte de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de esa prueba traducida. “Qué sucede? Que al esas pruebas trasladarse desde la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Colegiado, no llega la traducción de esa evidencia”, refirió. 

Detalló que, “frente a la prueba del Ministerio Público, de que había sido recibida, el Primer Tribunal Colegiado envía a la Suprema a verificar si algo quedó allá; la Suprema, entonces, es que envía un sinnúmero de copias que nunca folió, que nunca comunicó a la defensa, que evidentemente extravió, diciendo que la encontró en un legajo de copias que tenía y dentro de ese legajo no estaba esa”. 

Las evidencias presentadas por el Ministerio Público comprometen la responsabilidad del representante empresarial Ángel Rondón Rijo, el abogado Conrado Pittaluga Arzeño y los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón. También de Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y también exdirector de Inapa. Los seis son procesados por violar el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno. 

Santo Domingo.- La Comisión Especial designada por el Senado la República para conocer las ternas conformadas para la elección del Defensor del Pueblo, suplentes y adjuntos se reunió este jueves y decidió reunirse el próximo lunes, para establecer la metodología que se aplicará.

El presidente de la Comisión, Lic. Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez), adelantó que la escogencia del Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, será totalmente apegada a lo establecido en la Constitución de la República.

Durante la sesión del martes en el Senado fueron presentadas las ternas remitidas desde la Cámara de Diputados, expediente que el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella (Santiago), puso en manos de la Comisión Especial presidida por el senador de los Santos.

Los aspirantes escogidos en la terna de Defensor del Pueblo son Fidel Ernesto Santana, Henry Modesto Merán y Pablo Ulloa Castillo.

Para la posición de primer suplente, figuran en la terna Roberto Carlos Quiroz, Ana Josefa Felipe y María Aurelia Genao.

En cuanto al segundo suplente, fueron seleccionados Miguel Antonio Puello Maldonado, Ruddy Nelson Frías y Kelbison Henríquez de la Cruz.

Para la terna del primer adjunto figuran Ana Leticia Martich Mateo, Migdalia Antonia Brown Isaac y María Ynmaculada Ramos Abreu.

Para el segundo adjunto Darío Antonio Nin, Miguel Berroa Natera y María Altagracia Batista Mejía.

Además del presidente de esa Comisión Especial, senador Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez), participaron en la reunión los senadores Dionis Sánchez (Pedernales), vicepresidente de la Comisión; Lía Díaz Santana (Azua), secretaria; Franklin Romero (Duarte); Antonio Marte (Santiago Rodríguez); Virgilio Cedanio (La Altagracia); Eddy Nolasco (Valverde); y Aris Yván Lorenzo (Elías Piña).

Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, acudió la tarde de hoy a la Cámara de Diputados para reunirse con el presidente del hemiciclo, Alfredo pacheco y los voceros de las distintas bancadas, para gestionar la pronta aprobación del contrato con Pfizer.

Dicho contrato contempla el suministro de casi 10 millones de vacunas contra el COVID19, a un costo aproximado de 120 millones de dólares,

Tras éste encuentro, la Cámara podría convocar a una sesión extraordinaria para conocer la pieza aprobada ya en el Senado.

SANTO DOMINGO.- El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, anunció al país que apoderó formalmente a la comisión de abogados designada por el Presidente de la República, Luis Abinader, para la recuperación patrimonial de bienes del Estado, para el estudio y análisis del contrato de concesión que le fue otorgado a una empresa para la construcción a un costo de más de 22 millones de dólares, y Administración del laboratorio Balístico que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego del país.

El funcionario indicó que el expediente fue entregado a la referida comisión a los fines de estudio y que puedan verificar si en el otorgamiento de este contrato ha habido perjuicio económico en contra del Estado dominicano, y de ser así den inicio a todas las acciones legales en procura de terminar este contrato.

“Nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado dominicano asumió el costo total de esa inversión por US$22,789,920.00 que equivalen a la suma de RD$1,273,956,528.00, de los cuales ya el Estado dominicano le ha pagado un aproximado de 19 millones de dólares, que equivalen a RD$1,062,100,000.00, y en adición, el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio”, expuso.

Al hablar ante el pleno del Senado, donde acudió a solicitud de este órgano legislativo, quien lo requirió mediante resolución para que presente el estado de situación encontrado en el Ministerio de Interior y Policía, el funcionario reveló que con relación al mencionado contrato desde el año 2014 a la fecha, los beneficiarios de dicho contrato han recibido la suma de RD$2,644,653,200.00 por parte de los licenciatarios de armas.

“Lo más grave de todo lo que encontramos al evaluar este contrato, es que información sensitiva del Estado dominicano y de la más íntima privacidad de los ciudadanos está en manos de una empresa y no bajo el control y supervisión del Estado”, apuntó.

Mafia Naturalización y Armas

Por otra parte, Vásquez Martínez, reveló que una mafia operaba en la institución en los viceministerios de Control y Regulación de Armas y Municiones, Gestión Migratoria y Naturalización, al igual que utilizaban una serie de programas fantasmas que nunca existieron y cientos de “botellas”.

Consideró como un escándalo mayúsculo lo encontrado en el área de Armas, donde se practicaba la venta de servicios, extorsión, tráfico influencias, sustracción de expedientes, expediciones de carnet con datos falsos, entre otras irregularidades que provocaron que se tomara la decisión de cerrar definitivamente este Viceministerio y la exclusión de nómina de 51 personas a finales del año pasado. Esto también es objeto de una investigación más profunda y cuyos hallazgos fueron entregados al equipo de abogados designados por el presidente Abinader para recuperar el patrimonio público robado.

Además, el ministro dispuso la realización de una auditoría a los procesos que llevaba la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), y se detectaron acciones ilícitas en la venta de servicios, extorsión, tráfico influencias, falsificación de permisos, por lo que también se desvinculó a las 557 personas que trabajaban en el COBA.

Caso Naturalización

En el caso del Departamento de Naturalización afirmó que encontró múltiples irregularidades, siendo la más grave la relacionada con procesos de naturalización realizados al margen de la Ley, en beneficio de personas que no califican para ser naturalizados, utilizando información falsa, para cuyos fines se cobraba irregularmente, hasta la suma de US$45,000.00 por naturalización.

Adelantó que estos casos han sido sometidos a investigaciones internas, en procura de obtener las pruebas suficientes  y tramitarlos a la acción de la justicia.

Ahorro al Estado

Manifestó que ante al caos encontrado, inició junto a su equipo de trabajo un proceso de evaluación de todas las áreas, a fin de hacer los ajustes necesarios que permitan operar con eficiencia y transparencia.

Explicó que fruto de ese trabajo, en 7 meses y medio el ministerio le ha ahorrado al Estado la suma de RD$$246,175,117.68 en los renglones de combustibles, telefonía móvil, Marbetes, seguros para vehículos y la eliminación de las botellas.

“Para que tengan una idea, solo por concepto de combustibles la gestión anterior gastó  en un período de 7 meses y medio un monto de 51 millones 500 mil pesos, mientras que nosotros en igual período, comprando combustible más caro y haciendo el triple de la labor que ellos realizaron, hemos consumido solo la suma de 15 millones 53 mil 500, lo que representa un ahorro mensual de más de cuatro millones de pesos, lo que significa un ahorro por los primeros 8 meses de gestión superior a los 34 millones de pesos”, precisó.

“En el caso de la flota telefónica, la gestión anterior tenía un consumo mensual de RD$851,652.00, lo cual en 8 meses significaban RD$6,813,216.00. Mientras que nosotros en igual período lo redujimos a la suma de RD$$436,606.00 ($3,492,848.00 en 8 meses), lo que significa un ahorro aproximado de un 51.4%”, sostuvo al destacar que esto representa al Estado un ahorro de RD$4,980,552.00 en el referido período.

Por otro lado, por concepto de Marbetes y Seguro de vehículos de motor, logramos un ahorro en 8 meses de gestión de RD$$96,000.00 y RD$11,768,429.20, respectivamente.

Programas fantasmas

Vásquez Martínez denunció que a su llegada al ministerio encontró la existencia de programas fantasmas, así como botellas en diferentes nóminas de la institución.

“Debo ser claro en cuanto a la eliminación de botellas, aquí había personas que cobraban sin trabajar, las tenían en diferentes nóminas, en programas fantasmas, sin tener expediente alguno, unos supuestos becados, voceros y flautistas,  lo que significó un ahorro de más de 25 millones de pesos”, resaltó.

Argumentó que todas las medidas implementadas a los fines de crear una cultura de austeridad, dan señales claras al pueblo dominicano de que los recursos del Estado deben ser utilizados con eficiencia y transparencia, tanto así que en las últimas tres evaluaciones realizadas por los organismos competentes el Ministerio de Interior y Policía ha obtenido la máxima calificación en materia de transparencia.

La Altagracia, RD.- Cerca de trescientos pastores de la provincia La Altagracia asistieron a un encuentro para solicitar al presidente Luis Abinader que sea una realidad la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).

En el encuentro indicaron que el proyecto generaría más de 7,000 mil empleos directos y 12,000  indirectos, lo que reduciría el porcentaje de desempleo y mejoraría la calidad de vida de las comunidades locales con un trabajo fijo, beneficios y protección de la ley laboral y de seguridad social.

De igual forma, expresaron que la obra impulsaría el turismo al permitir nuevas ofertas en el mercado de vuelos turísticos y comerciales.

Además, solicitan la demolición de la cárcel preventiva de Higüey, conocida popularmente como “El holacausto nazi” o “La cárcel de la muerte”, para que sea reemplazada por un recinto modelo.

También, demandan de las autoridades que se remita a la justicia a los responsables del incendio que en el 2005 se originó en la referida cárcel, provocando 136 víctimas, y al presente, no se ha se ha presentado un informe del suceso.

Asimismo, piden la construcción de una presa para la preservación de los recursos acuíferos de la región, que incentivaría la agricultura y promovería la construcción de acueductos de agua potable que contribuya a detener las excavaciones de pozos.