CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En una decisión inesperada, fiscales mexicanos anunciaron el lunes por la noche que tenían previsto presentar cargos contra los dos favoritos en unas importantes elecciones a gobernador, en las que el partido del gobierno del país está por detrás en las encuestas.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha quejado de que las autoridades electorales han intentado expulsar a candidatos de su partido Morena de comicios estatales.
Sin embargo, López Obrador se exponía a verse acusado de hacer lo mismo después de que se anunciaran dos pesquisas penales simultáneas con poco margen antes de los comicios del 6 de junio.
La Fiscalía General de la República dijo que tenía previsto acusar de compra de votos a un candidato a gobernador en el importante estado fronterizo de Nuevo León, en el norte del país, y a otro de recibir financiamiento ilegal en su campaña.
Ambos aparecían en los sondeos por delante de la candidata del partido Morena de López Obrador, que está tercero en la mayoría de encuestas tras admitir que se reunió con Keith Raniere, líder condenado de la secta NXIVM, que tiene una fuerte presencia en Nuevo León.
Aunque la fiscalía es en teoría independiente del presidente, en el pasado López Obrador pareció tomar decisiones por la oficina.
Samuel García, líder en la mayoría de sondeos y candidato del pequeño partido Movimiento Ciudadano, rechazó las acusaciones de la Fiscalía de que él, su padre, esposa y suegro recibieron donaciones en efectivo y obtuvieron de forma ilegal fondos para su campaña.
“No tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”, escribió García en su cuenta de Twitter. “De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”.
Los candidatos políticos en México no tienen inmunidad ante procesamiento, aunque las detenciones durante campañas electorales son casi inauditas.
El segundo favorito, Adrián de la Garza, se presenta por el Partido Revolucionario Institucional, o PRI.
La oficina de la Fiscalía General afirmó que había comprado votos al distribuir tarjetas para recibir prestaciones en efectivo y asegurar que las votantes podrían canjearlas si ganaba las elecciones.
El gobernador del PRI Alfredo del Mazo utilizó con éxito una estrategia similar en las elecciones del Estado de México en 2018, que las cortes de ese estado consideraron aceptable.
Sin embargo, la fiscalía afirmó que era ilegal y equivalente a la compra de votos.
De la Garza escribió en su cuenta de Twitter que “esta noche se confirma la persecución política de la que he sido víctima, por proteger a las mujeres”.
López Obrador admitió en enero que él había tomado la decisión de publicar completa una copia del caso estadounidense contra un exsecretario de Defensa mexicano remitida a la Fiscalía General, y también decidió que la oficina publicara su propia investigación sobre el general, pese al hecho de que esos documentos están sujetos a normas oficiales de secreto.
La agencia mexicana que regula las elecciones fue muy criticada por López Obrador en abril cuando retiró de los comicios a dos candidatos a gobernador de Morena en el sur de México, porque no habían reportado sus gastos de campaña de las primarias. Ambos fueron sustituidos en las boletos, pero quedaría poco tiempo para hacer eso antes de la votación en Nuevo León.
