A pesar de existir la  ley  No. 5-13  sobre discapacidad en la República Dominicana,  derogada de la Ley No. 42- 00,  que  ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas en situación de  discapacidad aún hay  barreras que dificultan su desarrollo pleno en nuestro país, negándoles incluso el acceso a la educación, un empleo digno o emprender, además de  la inaccesibilidad para poder desplazarse por la ciudad e incluso en sus mismas comunidades.

Según la organización mundial de la salud (OMS), una de cada 10 personas en el mundo sufre de alguna discapacidad.  La cifra resulta más alarmante si se tiene en cuenta que en términos de desarrollo, se trata de uno de los colectivos que históricamente mayores índices de pobreza, exclusión social y desigualdad presentan.

En los países en vía de desarrollo, la desigualdad ha aumentado un 11 por ciento, si se considera el aumento de la población. Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas sólidas por parte del Estado que empodere a las personas  en situación de discapacidad  y promuevan la inclusión económica de todos y todas.

En la República Dominicana, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, un 12.3% de la población algún total vive con tipo de discapacidad, esto constituye un total de 1.160.847 personas, siendo un 56.3% mujeres y un 43.7% hombres.

En nuestro país existe la Ley No. 5-13  del 16 de enero de 2013, sobre la Discapacidad en RD, que deroga  de la Ley No. 42-00, de fecha 29 de junio de 2000, la misma  ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad y regula las personas morales, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea trabajar para mejorar su calidad de vida.

En su artículo 2, establece los principios fundamentales de los derechos de las personas con discapacidad además de regular la inserción laboral de este colectivo.

Con relación al tema el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) debe procurar que las instancias públicas y privadas garanticen la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo. Esta participación nunca será inferior al cinco por ciento (5%) en el sector público y al dos por ciento (2%) en el sector privado, en entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y en condiciones de igualdad con las demás.

También en el  artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a 1  persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos.

 A pesar de lo estipulado por ley, la realidad es otra y aún es muy bajo el porciento. Y por tal motivo quienes no pueden conseguir un trabajo formal buscan subsistir con sus habilidades manuales o de servicio para ser autosuficientes, y poder solventar sus necesidades económicas.

Tal es el caso de Selva María, de 31 años, quien a los 2 años de edad sufrió una parálisis cerebral que la dejó en silla de ruedas, desde entonces  ha sido una odisea  para ella, su madre y hermanas salir adelante. Selva no ha podido terminar la escuela  porque la directora de su centro educativo la retiró con el alegato de que se enfermaba  constantemente, sus terapias  han sido interrumpidas y no ha podido comprar sus medicinas por falta de recursos. Aunque  crea accesorios, bisuterías y vende ropa de paca  que le han donado personas que se han solidarizado con su caso necesita el apoyo de un gobierno que más que ayudarla la ha excluido. 

La actual crisis sanitaria por la pandemia  de la Covid19, ha tornado su situación más difícil, las ventas están flojas para poder adquirís los materiales y  no ha podido  sacar a flote este pequeño negocio. A pesar de su discapacidad la joven  se muestra alegre y entusiasta, dice le gusta estudiar, ama la música y exhorta a los jóvenes a superarse. Selva María reside en el sector de los Mameyes, Santo Domingo Este. 

El desempleo y la falta de oportunidades es el principal obstáculo que enfrentan las personas en situación de discapacidad que no les permite ser autosuficientes. La exclusión y  la discriminación para ese sector no se origina en las circunstancias físicas, sino en un entorno social que se niega a ser incluyente.

En el imaginario colectivo son comunes las creencias de que las personas con discapacidad no tienen acceso al trabajo, a la educación, a los servicios y a los demás bienes y servicios culturales y deportivos precisamente porque tienen una discapacidad, en lugar de percatarse de que esa falta de acceso a la vida social, política y cultural se desprende de un diseño societario que excluye lo distinto.

La inclusión laboral permite a las personas en situación  discapacidad desarrollar su autonomía, autoestima, crecimiento profesional y personal, además aporta beneficios para toda la comunidad, ya que promueve la cohesión social y permite la implementación de un modelo de desarrollo inclusivo, armónico e integral.

A pesar de que el porciento de contrato de trabajo es mínimo y aun no es cumplido a cabalidad en República Dominicana, los que logran ser contratados y laborar en una empresa se esfuerzan por crecer y ser un ejemplo que permita que sus empleadores tengan la confianza de poder ofrecer más oportunidades a otros que viven con estas condiciones, como es el caso de la joven Patricia de 22 años, quien acaba de culminar sus estudios de Derecho, labora en una entidad privada hace tres años  y es una ejemplo para su familia y comunidad. La  mejor frase que la define: “Soy una persona en  situación de discapacidad pero con muchas capacidades”. Sin embargo, la inaccesibilidad para poder desplazarse en su situación de discapacidad crea barreras  que le impide desarrollarse plenamente.

En el Distrito Nacional existen vías principales que carecen de suficientes rampas para que las personas en situación de discapacidad puedan desplazarse como es el caso de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez y donde en varias ocasiones han intentado atropellarla.

También  en  comunidades retiradas de la capital como es el caso de Villa Esperanza en el municipio de Santo Domingo Norte, lugar donde reside Patricia  y el  cual desde hace más de 15 años sus calles no han sido asfaltadas, por lo que la vía es intransitable y peligrosa para ella y demás habitantes a quienes les ocurre una emergencia y las unidades del sistema 911, ni las rutas de transporte público o un taxi pueden acceder al lugar.

La participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad está vinculada a una visión "predominantemente médica y asistencial" y no inclusiva, en la que alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, no debe ser obstáculo para el disfrute pleno de derechos en igualdad de condiciones. En consecuencia, las instituciones, la infraestructura, el transporte, la información, los medios de comunicación, la educación, el empleo, los eventos culturales, entre otras actividades de la vida social, no están pensadas para que las personas con discapacidad accedan y gocen de ellas de manera independiente, en igualdad de condiciones, como parte de sus derechos humanos.

El Estado tiene la obligación de crear las estrategias  y a su vez llevarlas a cabo para de este modo todos y todas tengamos las mismas oportunidades, sobre todo aquellas personas en situación de discapacidad  por tal motivo conversamos con la Coordinadora de Inclusión de la Alcaldía del Distrito Nacional, María Batlle, manifestó su interés y las soluciones que plantean y llevaran a cabo para enfrentar las barreras en conjunto con el Concejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), entidades como el  Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), todas las instituciones que le compete el tema de accesibilidad.

La Coordinadora de Inclusión en el  cabildo del Distrito Nacional  asegura que cuando se habla de accesibilidad en las calles de la República Dominicana se está en deuda no solamente con las personas en situación de discapacidad sino con las personas adultas mayores y otras comunidades. Entiende además que el Estado esta tarde  y por  este motivo esta problemática es una de las metas más urgentes en el departamento de inclusión, Planeamiento urbanos, secretaria técnica e infraestructuras  de la misma alcaldía desde donde se están impulsando.