Santo Domingo-. El diputado Omar Fernández calificó como una responsabilidad histórica apoyar el proyecto de Código Penal que cursa en la Cámara de Diputados y que incluye una serie de sanciones importantes en la lucha contra el crimen en República Dominicana.

Fernández, quien también es secretario de la Comisión de Justicia de la cámara baja destacó este miércoles que el proyecto prevé más de 60 nuevos tipos penales, que permitirán proteger la vida, propiedad y bienestar de la ciudadanía.

En su mensaje ante el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador de la Fuerza del Pueblo definió el Código Penal como “un conjunto de normas que definen y tipifican conductas anti-sociales, asignándole penas y consecuencias que sirvan para disuadir a quienes con sus acciones perjudican el bien particular o común”.

“Este nuevo código contiene la carta de ruta para que el Estado dominicano pueda garantizar la ansiada paz social; dándole herramientas jurídicas a nuestras instituciones para combatir con éxito a la delincuencia y promover la seguridad ciudadana que merece nuestro pueblo”, sostuvo el legislador de la Fuerza del Pueblo.

Fernández agregó que sin un código penal actualizado, ningún plan de seguridad ciudadana que pueda ser exitoso.

Resaltando su compromiso con la vida de mujeres, Omar Fernández destacó que el proyecto que establecería un nuevo Código Penal delitos como penalización del feminicidio (art. 98); feminicidio conexo (art. 100); La violencia conexa en el escenario femenicida (art. 101); El suicido feminicida por inducción o ayuda (art. 102); sicariato (art. 103); y daños con sustancias químicas (art. 108), que no es más que la penalización especial contra aquellos que utilizan sustancias como el ácido del diablo para desfigurar, dañar y hasta matar a un ser humano.

Otros tipos penales con los que cuenta el código son la violencia de género (art. 124), quiebre de orden de protección (art. 130), actividad sexual no consentida (art. 133), violación seguida de muerte (art. 135) y acoso en variantes simples y agravado (art. 141 y 142).

Como pueden ver, al menos 15 o más de los nuevos artículos de este proyecto de código penal, están dirigidos a proteger la vida, la salud y el bienestar de nuestras mujeres; definiendo y penalizando conductas criminales que antes se perdían en la maraña de un anticuado y obsoleto código, no apto para nuestros tiempos”, afirmó el Diputado Omar Fernández Domínguez.

Según el legislador electo por el Distrito Nacional, en el nuevo Código Penal se actualiza “la normativa que protege los bienes materiales e inmateriales, que con mucho esfuerzo y ahínco producen nuestros hombres y mujeres de trabajo”.

El código penal actual no prevé temas tan relevantes como el delito electrónico, el robo de identidad y otros aspectos similares del mundo tecnológico en el que vivimos, sin embargo, el proyecto que se conoce sanciona conductas de este tipo.

“Además de tipificar crímenes del ámbito económico privado, también sancionamos temas como la corrupción gubernamental”, sentenció Omar Fernández ante el hemiciclo.

El legislador Omar Fernández concluyó sus expresiones manifestando que “desde el primer momento en que entré a este hemiciclo, me ilusionaba la oportunidad de contribuir en la producción de una medida legislativa que tuviera un impacto positivo y real en nuestro pueblo. Deseaba contribuir a que desde esta Cámara de Diputados se produzca una legislación que mejore la calidad de vida de nuestra gente. Hoy con orgullo y satisfacción puedo decir que con la aprobación de este nuevo Código Penal estamos trabajando en esa dirección. Los exhorto a votar a favor del nuevo Código Penal y juntos comencemos a construir una historia nueva y mejor para la República Dominicana”.

Santo Domingo.- La mayor proporción de negocios que funcionan como subagentes bancarios en el país corresponde a los colmados, que representan el 27% de los 4,926 comercios registrados a nivel nacional para procesar las transacciones de los clientes de las entidades financieras contratantes.

La información está contenida en una nota técnica elaborada por la Dirección de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), que arroja que según el tipo de establecimiento operando como subagente bancario, en total hay 1,349 colmados inscritos; seguidos de negocios de reparación, con 1,048, equivalentes a 21% y las farmacias, con 898, para un 18%.

La ABA explicó que, en menor porcentaje, otros negocios que incursionan en esta modalidad son los dedicados a la reparación de teléfonos, supermercados, venta de equipos de telecomunicaciones, transporte, electricidad, gas y agua.

“En el contexto de la pandemia del COVID-19, la población ha incrementado el uso de subagentes bancarios, lo cual ha contribuido a disminuir la propagación del virus, evitando aglomeraciones dentro de las sucursales bancarias”, consideró la ABA.

En cuanto a la distribución geográfica de los subagentes, la ABA reveló que la región Sur registra el mayor crecimiento relativo con 98%, al pasar de 344 comercios registrados como subagentes en 2015 a 680 en 2020. En esta zona, agregó, se encuentra el 13% de los subagentes que operan en el país.

La mayor parte de esta figura financiera está concentrada en la zona Metropolitana con 40%, luego en la zona Norte el 33% y un 14% opera en la zona Este, expuso el gremio.

Número de transacciones

Por otro lado, la ABA informó que la población dominicana realizó un total de 12 millones de transacciones a través de subagentes bancarios durante 2020.

La entidad que reúne a los bancos múltiples del país detalló que los principales servicios que procuraban los usuarios fueron depósitos en efectivo y/o cheque, los retiros en efectivo, pagos en efectivo y/o cheque, consultas de movimientos y balances.

“Es importante mencionar que el desarrollo de esta figura se enmarca en las estrategias institucionales, tanto de la administración monetaria y financiera como de las Entidades de Intermediación, para el fomento de la Inclusión Financiera. En este sentido, los bancos múltiples seguirán realizando esfuerzos encaminados a la creación de una infraestructura bancaria que dé respuesta a las necesidades de la población, contribuyendo con una mayor inclusión financiera”, expresó.

Asimismo, destacó que dentro de las ventajas del subagente bancario a los usuarios figuran la facilidad para realizar transacciones sin necesidad de trasladarse a una sucursal bancaria, ahorrando tiempo y costos de transporte.

Desde el punto de vista de los bancos múltiples, la ABA resaltó que permite expandir su red de atención al usuario a un bajo costo, mientras que, para los comercios, la figura significa un potencial aumento en sus ingresos.

Santo Domingo D.N.-  El Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana advirtió que podrían declararse en rebeldía si los funcionarios del gobierno de Luis Abinader continúan con la práctica ilegal de no pagar en los plazos correspondientes las prestaciones laborares de los servidores públicos que han sido cancelados en sus puestos de trabajo.

Indicaron que están dispuestos a asumir con gallardía, en base a la fuerza que representan como cuerpo legislativo, para defender el derecho de los miles de ciudadanos a los cueles se les humilla al no pagar lo que por ley le corresponde.

En una conferencia de prensa en su bloque en la sede del Congreso Nacional, los diputados del principal partido de oposición al gobierno calificaron de inhumano la práctica de no pagar las prestaciones laborales a personas que han sido canceladas en el gobierno.

Indicaron que esa acción atenta contra la estabilidad social, emocional y económica de las familias afectadas, además que viola el orden jurídico que en un amplio  cuerpo juris compuesto por la Constitución, documentos jurídicos y tratados ratificados por el Estado dominicano, los cuales protegen los derechos de las liquidaciones laborales de los servidores públicos desvinculados.

Recordaron que de esa manera, el gobierno arrebata el derecho a la alimentación de cientos de niños, ancianos, madres embazadas, jóvenes estudiantes y hombres de trabajo, al igual que imposibilitan la compra de medicamentos, pago de estudios, transportes y otros servicios básicos, como luz, agua,  telefonía e internet, convirtiendo a estos ciudadanos en seres humanos  maltratados, humillados y vejados por el gobierno.

“Son tratados como una especie de seres excluidos de la sociedad, a los cueles se les trata como lo peor, como si por el hecho de haber sido servidores públicos hayan cometido el peor de los delitos y llegan al extremo de arrancarle de la boca el pan y el de sus familias”, dijo con evidente muestras de dolencia, el vocero de los  diputados del PLD, Gustavo Sánchez.

En ese mismo orden hicieron un llamado de atención a las autoridades para que pongan un alto y establezcan controles en las incontenibles alzas de precios de los productos de la canasta básica familiar y los materiales de construcción.

La bancada de diputados del PLD indicaron se hace insostenible para las familias poder comprar las mercancías mínimas para la alimentación de sus miembros y desde el gobierno no se muestran acciones concretas para frenar la inestabilidad y subida de precios.

Sobre las cancelaciones de empleados, deploraron que existan personas que hayan tenido que llegar a la lamentable decisión de poner en juego su pudor al exhibir sus cuerpos desnudos o semidesnudos en las calles para hacer valer sus derechos.

Los legisladores del PLD afirmaron que constituye es una táctica dilatoria y abuso la práctica de solicitar certificaciones en otras instituciones del Estado para supuestamente completar los expedientes y los cálculos de los montos correspondientes.

Estacaron que de acuerdo a la Ley de Función Púbica 41-08, el funcionario que no pague las indemnizaciones económicas correspondientes en el plazo legal o la retrase, comete falta de tercer grado, cuya consecuencia es destitución del cargo.

Esta acción también compromete su responsabilidad patrimonial, compromete su responsabilidad patrimonial, contraria a la ética gubernamental, contraria a disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Carta Iberoamericana de Función Pública, y sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Deploraron que a más de 8 meses de gobierno PRM, existen instituciones como Educación, Salud Pública, Plan Social, Comedores Económicos, Obras Públicas, Aduanas, INDRHI, Interior y Policía, Medio Ambiente, Agricultura, CAASD entre otras.

Santo Domingo. – La directora de la Dirección de Investigación y Seguimientos de Denuncias de la Dirección General de Ética de Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz, sometió ante la Procuraduría General a un servidor público de la presente gestión de Gobierno, a los fines de inicie la investigación de hechos que riñen con la ley penal.

Bosch resaltó que en virtud de lo que establece la parte in-fine del artículo 290 del Código Procesal Penal, corresponde al Ministerio Público informar a los medios de comunicación: “aquellas actuaciones que, a juicio del Ministerio, no perjudiquen la investigación ni vulneren los derechos del imputado.”

Con éste ya son 21 los casos remitidos ante la Procuraduría, que involucran tanto a funcionarios de la presente gestión, como de la gestión anterior que se encontraban en curso de investigación por esta institución.

Asimismo, la DIEGIG reiteró que sólo había remitido durante la gestión anterior un total de 4 denuncias ante el Ministerio Público.

La directora general de la DIGEIG deja claramente establecido que, una vez comprobada la comisión de los hechos, se debe aplicar la sanción correspondiente a todo aquel que viole las normas éticas y las leyes penales sin importar su vinculación política ni el cargo que ostente o haya ostentado en la función pública, respetando las normas del debido proceso.

La Dirección de Investigación y Seguimientos de Denuncias de la Dirección General de Ética de Integridad Gubernamental (DIGEIG), sometió ante la Procuraduría General a un servidor público de la presente gestión de Gobierno, a los fines de inicie la investigación de hechos que riñen con la ley penal.

Santo Domingo.- Personas aún no identificadas lanzaron ácido del diablo a una pareja de esposos mientras dormían, en un hecho ocurrido la noche del martes en el distrito municipal de La Entrada en Cabrera provincia María Trinidad Sánchez.

Las víctima fueron identificadas como Feliz Rodríguez Yones conocido como (El Peje) y su esposa Walidys Flete Acosta, quienes se encontraban descansando en su habitación cuando por la ventana de cristal le rociaron todo el cuerpo con el producto tóxico.

Felix (El Peje) es un regidor del distrito municipal de la Entrada en la comunidad de Caño Azul del Municipio de Cabrera.

De acuerdo a la versión de los familiares y vecinos, el hombre presenta quemaduras en el 98 % de su cuerpo y la mujer en un 70 %.

La pareja fue trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora en la ciudad de Santo Domingo.

Santo Domingo. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron este miércoles los resultados de la Encuesta Nacional de Desarrollo Industrial y Sostenibilidad (ENDIS), la cual reveló que el 65.1% de las empresas encuestadas confirman que están alineadas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tanto en sus operaciones centrales como en su estrategia de crecimiento.

Por otro lado, un 23.6% informó que no están alineando sus actividades a los ODS y un 11.3% apunta que no conoce sobre los ODS. 

La encuesta probabilística fue aplicada a una muestra de 224 empresas (100 corresponden a la clasificación de grandes, 53 medianas, 34 pequeños y 28 micro) registradas en el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El ministro de Víctor –Ito- Bisonó manifestó que “la industria, el corazón de la reactivación económica de la República Dominicana, de la mano de una estrategia de industrialización que el propio presidente de la República Luis Abinader ha promovido con fuerza, pues sabe que si el país abraza a la industria, esta nos abrirá las puertas del desarrollo y la prosperidad”.

En ese sentido, agregó que “Estamos en el año 2021, quedan nueve para acércanos o superar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o en otras palabras, trabajar con determinación en la agenda 2030, con un nuevo enfoque de desarrollo que promueva el crecimiento, pero en armonía con el medio ambiente y los recursos naturales”.

Asimismo, explicó: “Los resultados de la ENDIS son una fotografía certera del momento que vive la industria, planteando senderos sobre cómo podemos encaminarnos hacia un desarrollo sostenible, basados siempre en evidencias concretas que perfilen las políticas públicas que se requieren para alcanzar este objetivo”.

En tanto, Inka Mattila, representante residente del PNUD dijo que los resultados de la encuesta se presentan en un momento idóneo, pues dan la oportunidad de profundizar sobre la participación estratégica del sector privado para el logro de la Agenda 2030 y los ODS especialmente en estos tiempos de recuperación de la pandemia de COVID-19. “Para seguir avanzando debemos trabajar para anclar las metas de desarrollo sostenible a una comprensión integral y transdisciplinaria de las conexiones entre el bienestar de la sociedad y el bienestar del planeta como señala nuestro último informe de Desarrollo Humano Global”, señaló.

La presentación de los resultados de la encuesta estuvo a cargo de Anadel Peguero, directora de análisis económico del MICM y Víctor Rodríguez, especialista de sector privado del PNUD. Entre los resultados presentados, se reveló que un 30.1% de las empresas encuestadas, hasta el 2018, recolectaba datos sobre la cantidad de residuos que genera su empresa, mientras que un 60.1% dijo que clasifica sus residuos, aunque no cuantifica la cantidad generada. 

Además, se señaló que el 62.6% utiliza la recolección privada para la disposición final de los residuos generados en su proceso de producción, el 50.3% utiliza los servicios de las alcaldías, un 41.3% vende a terceros los residuos, un 36.1% los recicla, un 25.8% reutiliza los residuos generados, y un 11 % tiene la práctica de quemar e incinerar los residuos.

En lo que se refiere específicamente a impacto social y ambiental, un 51.3% de las empresas encuestadas están desarrollando iniciativas de impacto social y/o ambiental. Por otro lado, el 39.3% expresa que no está realizando iniciativas de este tipo, mientras el resto no tiene información.

En cuanto a la eficiencia energética, durante el 2018, el 22.3% de las empresas encuestadas habían realizado inversiones en iniciativas de eficiencia energética, ascendiendo a una inversión total de RD$4,792 millones de pesos para dichos fines.

Sobre la Encuesta

La Encuesta Nacional de Desarrollo Industrial y Sostenibilidad (ENDIS) es un proyecto del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana en su función de coordinador de la Subcomisión Prosperidad de la Comisión Nacional para los ODS, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Fue diseñada para ofrecer resultados que sirvan de insumo a estudios y análisis económicos para todo el territorio nacional, con énfasis en la importancia de la sostenibilidad y competitividad en el sector industrial dominicano para elaborar recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia con la visión integral de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Tiene como objetivo principal producir información estadística, a nivel de empresas, para la implementación de políticas públicas relacionadas con el Desarrollo Industrial y la penetración de la Sostenibilidad en las prácticas empresariales de la República Dominicana.

Santo Domingo.- El Sistema de las Naciones Unidas ve con gran preocupación las alegaciones sobre un intento de intoxicación durante el pasado fin de semana a algunas de las personas defensoras de derechos humanos que lideran el movimiento de la sociedad civil por las tres causales, así como las denuncias realizadas a través de redes sociales sobre agresiones y uso excesivo o desproporcionado de la fuerza durante la madrugada del martes por parte de agentes policiales.

“Acogemos con beneplácito la rapidez con que la Procuraduría General de la República inició una investigación preliminar sobre la denuncia de los hechos ocurridos y hacemos un llamado a las autoridades competentes a realizar investigaciones oportunas, imparciales e independientes frente a estas alegaciones”. Expreso la ONU en un comunicado.

El Sistema de las Naciones Unidas exhorta a todos los actores de la sociedad dominicana a mantener una postura de diálogo inclusivo con todas las partes interesadas y a abstenerse de realizar cualquier acción que pueda poner en riesgo el Estado de Derecho, los principios de participación democrática, y vulnerar los derechos humanos en la República Dominicana.

El Sistema de las Naciones Unidas reiteró que en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se recomienda a la República Dominicana promulgar las medidas legislativas necesarias para despenalizar el aborto en sus tres causales. En 2019, el Estado aceptó estas recomendaciones y se comprometió a implementarlas.

La jurisprudencia de los mecanismos internacionales creados por tratados ratificados por la República Dominicana indica claramente que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Asimismo reiteró la importancia de asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, como parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a su dignidad y otros derechos humanos fundamentales.