Santo Domingo. – Con una inversión de 300 mil euros, el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Agricultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Cooperación Española, ejecutarán en siete provincias del suroeste dominicano un conjunto de políticas públicas para impulsar el desarrollo económico de los pequeños productores agrícolas y ganaderos de la zona.

Con el apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Proyecto para la construcción de políticas de desarrollo rural para la inclusión productiva y resiliente de pequeños productores impactará en una primera etapa a Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Elías Piña, San Juan de la Maguana y Azua, en un período de tres años, por su alto nivel de vulnerabilidad al cambio climático y otras problemáticas.

Al encabezar el acto, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, agradeció en nombre del presidente Luis Abinader al gobierno de España por el aporte para el desarrollo del proyecto, el cual va muy de la mano con los ejes gubernamentales para la reactivación de la economía en la República Dominicana.

Para la ejecución del proyecto la AECID y Cooperación Española realizaron una donación de 250 mil euros y los otros 50 mil fueron aportados por Agricultura.

En ese sentido, el embajador de España en el país, Alejandro Abellán García, destacó la importancia de las políticas públicas en favor del sector agrícola, al considerar que este, junto el turismo, es clave para garantizar el desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.

En la actividad, en la que se firmó un acuerdo para la ejecución de la iniciativa de desarrollo rural también participaron la viceministra de Cooperación Internacional del MEPyD, Olaya Dotel; y el viceministro de Extensión de Agricultura, José Miguel Cordero. La presentación estuvo a cargo del investigador José Caraballo.

El proyecto impactará a los pequeños y medianos productores, organizaciones, grupos y proyectos agropecuarios, extensionistas y técnicos rurales públicos y privados, familias de escasos recursos con explotaciones agrícolas vulnerables al cambio climático y población rural en general.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República dejaron conformada una mesa técnica interinstitucional que busca establecer criterios estandarizados para la evaluación y verificación de los procedimientos de contratación pública, a fin de contribuir a la agilización de los tiempos de pagos a los proveedores del Estado y robustecer los controles internos.

Durante una reunión entre el Director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y el contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, ambos funcionarios coincidieron en que una de las razones que suele retrasar el pago a los contratistas es la diversidad de criterios de los auditores de las distintas instituciones, a la hora de evaluar los expedientes de compras, razón por la que es necesario estandarizar el proceso de verificación de la documentación a fin de reducir la discrecionalidad de la evaluación y evitar la devolución de expedientes.

Asimismo, los equipos técnicos de ambas instituciones acordaron la creación de un curso básico especializado para auditores, orientado a robustecer su formación en cuanto a las políticas y normativas que rigen las contrataciones públicas, así como la creación de una base de acceso a datos compartidos que permitiría rastrear el recorrido de los expedientes desde su planificación hasta el momento del pago por parte de la Tesorería Nacional.

“Hemos desarrollado una agenda que va a permitir fortalecer los lazos de colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer los controles, garantizar el cumplimiento de la Ley 340-06, y al mismo tiempo, esa coordinación va a permitir que los procesos de contratación, desde la etapa de planificación hasta la etapa de pago, puedan ser mucho más ágiles en beneficio del país, de los proveedores y del Sistema de Compras y Contrataciones”, puntualizó Pimentel.

Por su parte, el titular del órgano rector del control interno, agregó que el interés de ambas instituciones es contribuir a eficientizar y transparentar la administración pública. “Estos son los órganos vitales para el funcionamiento efectivo de la economía y estamos revisando qué debemos mejorar, tanto en la ley 340-06 como en la 10-07”, dijo Correa Hiciano.

Otro de los aspectos a tratar por parte de la mesa técnica, es la agilización del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, creado mediante el decreto 36-21, emitido por el presidente Luis Abinader el pasado mes de enero, para apoyar la gestión de riesgos, los controles financieros y no financieros, las auditorías internas, la certificación de unidades de compra y los códigos de conducta, entre otros puntos.

El Ministerio de Deportes, junto al de Salud Pública, el comisionado nacional de Lidias de Gallos, y la Asociación de Galleros se reunieron para establecer el protocolo sanitario que se implementará en la reapertura de los coliseos y galleras del país.

Durante un encuentro en la sede de la cartera deportiva se determinó que los coliseos abrirán nuevamente sus puertas el fin de semana venidero, tras permanecer cerrados desde marzo de 2020, como parte de las medidas para contener la pandemia de la covid-19.

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, estuvo representado en la reunión por el viceministro Administrativo, Franklin De la Mota, quien reiteró que en primer lugar se reabrirán los coliseos y en un futuro no muy lejano lo harán las galleras.

El funcionario y el director de Gabinete de Salud Pública, Robinson Santos, presentaron a los galleros las disposiciones a las que se deben acoger, entre las que se encuentran el uso de mascarillas, distanciamiento entre sillas, colocación de vidrio acrílico, para la separación de personas y prohibición de la ingesta de comidas y bebidas.

También, el uso de gel desinfectante, realización de pruebas de antígenos aleatorias y desinfección de los espacios después de las actividades.

La decisión fue saludada por el comisionado nacional de Lidias de Gallos, Francisco Gálvez, quien se mostró a favor de que los coliseos reabran sus actividades, y que de acuerdo a los resultados que muestren, posteriormente hagan lo propio las galleras de segunda y tercera categoría.

En tanto, que el presidente de la Asociación de Dueños y Arrendatarios de Galleras del Cibao, Antonely López, llamó a los miembros de la entidad a respetar rigurosamente las medidas que se acordaron durante el encuentro.

El ministro Camacho ha garantizado el reinicio paulatino en todo el país de las actividades deportivas que cumplan con los protocolos sanitarios que han establecido las autoridades del Ministerio de Salud Pública por la pandemia de coronavirus.

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano manifestó su “profunda preocupación” por la crisis de gobernanza prevaleciente en la República de Haití, por lo que hace un llamado a todos los sectores haitianos y la comunidad internacional a crear un ambiente de diálogo, para que se pueda superar la situación.

En un comunicado leído por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el Gobierno dice que sigue con profunda preocupación la evolución de los acontecimientos en Haití que atraviesa por una situación de inestabilidad política marcada por el aumento de la violencia y la inseguridad, así como por una grave crisis alimenticia que genera considerablemente descontento popular.

Álvarez dice que el Estado ve con inquietud las dificultades para cumplir con el calendario electoral propuesto por el presidente Jovenel Moise debido a la falta de diálogo entre los partidos políticos y la gran lentitud con la que se lleva a cabo el registro y carnetización de votantes.

“Para asegurar un cambio de gobierno democrático, que garantice la estabilidad política en Haití, es imprescindible asegurar un proceso electoral de amplia participación ciudadana y reconocimiento por parte de los partidos políticos, avalado por una observación electoral internacional”, señaló Álvarez.

Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud (Pedecsa), junto a otros organismos gubernamentales, persigue a los fabricantes y distribuidores de bebidas alcohólicas adulteradas o de fabricación ilegal en todo el país.

El titular de esa entidad, Rafael Brito Peña, informó que a raíz de las muertes ocurridas recientemente por el consumo de ese tipo de bebidas han abierto una investigación a profundidad.

“Cuando decimos a profundidad es que estamos persiguiendo la fuente de suministro de estas bebidas alcohólicas. Realmente hemos tenido incidentes en el Distrito Nacional, el municipio Santo Domingo Oeste, de la provincia Santo Domingo, así como en Bonao y Navarrete”, dijo Brito Peña.

Explicó que, en el marco de las investigaciones, el Ministerio Público ha realizado varios allanamientos en los que ha arrestado a varias personas en distintas localidades de Bonao, Santo Domingo Oeste y en el Distrito Nacional, además de que han procedido con el cierre de varios negocios.

Dijo que un equipo se encuentra en la ciudad de Barahona donde fue desarticulado, producto de un allanamiento, un laboratorio clandestino o destilería, donde fueron ocupados de 20 a 30 tanques de 55 galones del producto.

El Ministerio Público trabaja conjuntamente con otras agencias del Estado, como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, detalló el magistrado Brito Peña.

El procurador para delitos contra la salud destacó que las investigaciones marchan bien y que oportunamente estarán en condiciones de dar detalles conclusivos.

“Hasta este momento las investigaciones avanzan de manera positiva; van dejando resultados que tienden a desarticular los grupos que están colocando este tipo de alcohol ilícito en el mercado”, declaró.

Dijo que la ingesta de ese tipo de bebidas es lo que ha venido ocasionando los decesos de personas, conforme a los informes preliminares, en especial por el efecto del metanol.

Peña Brito indicó que el metanol es un alcohol metílico no apto para el consumo, que es usado para la industria como disolvente de pinturas y otros usos industriales, pero que cuando la persona lo consume es mortal casi de forma instantánea.

En ese sentido, dijo que el metanol parece que ha sido añadido a algunas botellas de bebidas alcohólicas de marcas reconocidas en la República Dominicana, mediante el rellenado.

“Aunque la etiqueta se refiere a determinada marca, pero el producto que contiene no corresponde a esa marca y entonces está la presencia de metanol”, agregó.

En otros casos se trata de comercialización irregular de marcas no autorizadas que se ofertan a bajos precios, pero con los conocidos efectos fatales para la salud y la vida.

Santo Domingo.- Los ministros de Salud (MSP), doctor Daniel Rivera, y de Administración Pública (MAP), licenciado Darío Castillo Lugo, iniciaron un proceso de discusión sobre la implementación de la reforma del sector salud, como parte del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública.

La reunión de trabajo, en la que trataron el tema, tuvo lugar en la sede del MSP, donde el equipo del MAP, encabezado por Castillo Lugo, presentó la propuesta de reforma y modernización del sector salud, los componentes del proceso, sus objetivos, los retos del sector, la forma en que se abordarán estos temas y las acciones inmediatas.

Darío Castillo Lugo dijo que esta reforma tendrá que afrontar retos como el fortalecimiento de la función rectora como estrategia para asegurar la gobernanza y conducción efectiva del Sistema Nacional de Salud, fortalecer e integrar el modelo de atención para mejorar su cobertura, calidad y capacidad de resolución.

Asimismo, tendrá que articular e integrar las redes programáticas de salud colectiva y las redes de atención a las personas, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de servicios, medicamentos e insumos seguros y de calidad.

También, asegurar el desarrollo y disponibilidad de los recursos humanos requeridos por el sistema y transformar el modelo de financiamiento para asegurar el acceso con equidad y sostenibilidad.

El funcionario sostuvo que el problema se abordará mediante un proceso de reforma focalizado en los problemas relevantes del sector, asegurando alineación con la estrategia política nacional y los objetivos del sector.

Además, con la participación y compromiso de los órganos que integran el sector y con metodologías apropiadas y bien conducidas para llevar a cabo reformas sectoriales.

El titular del MAP indicó que la reforma en el sector salud se tratará en coordinación de Alto Nivel, el Gabinete de Salud, con la integración de Mesas Sectoriales, con un Diagnóstico General del Sector, un Plan de Reforma y Modernización Sectorial alineado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a la Estrategia Nacional de Desarrollo, El Plan Decenal de Salud y a las Metas Presidenciales.

Que también se abordará en socialización de iniciativas con comunidad de interés inmediata, en presentación de Propuesta Consolidada a la Presidencia, y en ejecución, acompañamiento, monitoreo y evaluación de iniciativas.

En tanto que el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, agradeció la iniciativa del MAP para empezar a trabajar en la reforma de un área tan importante como la salud.

Dijo que entre los objetivos inmediatos a alcanzar con esta reforma se encuentra el de fortalecer la transparencia y efectividad del proceso de registro sanitario y el de fortalecer la vigilancia sanitaria sobre servicios de atención a las personas en clínicas, hospitales y redes complementarias.

También, el de fortalecer el programa de vigilancia post-comercialización de productos, insumos, dispositivos y medicamentos, y el de fortalecer la gestión interna.

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, decomisaron 240 paquetes presumiblemente cocaína y se incautaron de múltiples propiedades en un operativo de interdicción realizado en el municipio de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.

Tras una ardua e intensa labor de la inteligencia, las autoridades intervinieron una residencia, ubicada en la carretera Caño Hondo, esquina calle Mella del referido municipio, donde funcionaba una pescadería, que servía como centro de acopio y almacenamiento de drogas.

En medio de la operación se procedió a inspeccionar varios vehículos, ocupando en la parte trasera de una camioneta azul tipo furgón, marca Dodge, 55 paquetes presumiblemente cocaína,  y justamente al lado del vehículo, se incautaron otros seis sacos conteniendo 150 paquetes.  

En tanto que en la camioneta marca Ford F-150, negra, año 2015, se decomisaron también en la parte trasera, otros 35 paquetes escondidos con una cubierta plástica, para un total de 240.

Según se ha establecido, durante el proceso investigativo,  la red utilizaba embarcaciones tipo pesquera para movilizar cargas de drogas desde territorio dominicano a la vecina isla de Puerto Rico.

El Ministerio Público y la DNCD arrestaron a dos hombres y activan la persecución de otros integrantes de esta estructura de narcotráfico internacional para ponerlos a disposición de la justicia.

“Ya están debidamente identificados, hay órdenes de arresto en su contra y les exhortamos por esta vía a que se entreguen a las autoridades” señala el comunicado de prensa.

Durante el allanamiento se ocuparon cuatro camionetas, dos jet sky, un carro, una yipeta, un autobús privado, tres camiones de carga, dos pistolas, una marca Glock y otra Arex Slovenia.

También 51 motores fuera de borda, marca Yamaha, 87 embarcaciones de diferentes tamaños, dos pasolas y dos motocicletas, cuatro radios de comunicación, un GPS, una laptop y otras evidencias.

La DNCD resalta el firme apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, la Policía y agencias de inteligencia, cooperación que ha sido vital en el desmantelamiento de redes de narcotráfico, que han sufrido un duro golpe en los últimos seis meses, al incautar más de 12 toneladas de cocaína con el apresamiento de individuos dedicados a la criminalidad organizada.

Los 240 paquetes de la sustancia están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar tipo y peso exacto de la sustancia.