EL SEIBO.- El director ejecutivo de Bienes Nacionales-CEA, César Cedeño, el asesor de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, Roberto Santana, y el director general de Prisiones, Roberto Hernández, realizaron un recorrido por terrenos propiedad del Estado en las provincias Hato Mayor y El Seibo, con el objetivo de ubicar los espacios para la construcción de dos centros de corrección y rehabilitación que faciliten la regeneración social de los internos a través de la capacitación técnico-profesional y de otras iniciativas.
“Este había sido un reclamo hecho por las familias seibanas y hatomayorenses a distintos gobiernos a través de los años, sin encontrar respuesta positiva. Estamos en un recorrido exploratorio por las propiedades del Estado para resolver definitivamente esa problemática, gracias a la buena voluntad del presidente Luis Abinader y del director de Bienes Nacionales-CEA, instituciones que se constituirán en facilitadoras para devolver tranquilidad a las dos poblaciones orientales del país”, declaró Santana.
Refirió que los dos lugares más adecuados para los centros corrección y rehabilitación en ambas demarcaciones serán determinados de manera consensuada con las autoridades y las poblaciones de ambas provincias.
Expuso que, una vez consensuados los espacios, se procederá a realizar las consultas técnicas correspondientes para resolver armoniosamente y de forma beneficiosa para todos.
El asesor presidencial expuso que el centro de rehabilitación en El Seibo permitirá resolver, además, la existencia de la vieja cárcel que inadecuadamente funciona en la Fortaleza Santa Cruz, perteneciente al Ejército de la República Dominicana(ERD).
En el caso de El Seibo, el nuevo centro penitenciario llevará tranquilidad a una población que pasó años reclamándolo, debido a la sobrepoblación carcelaria, la infuncionalidad dentro de la fortaleza militar, y a la inseguridad que generaba a toda su sociedad, mientras que los hatomayorenses podrán ver satisfecha su demanda histórica de un recinto carcelario propio, con posibilidades de reinserción de los internos y las facilidades de contacto con sus familiares.
“El presidente Luis Abinader nos ha dado instrucciones para que se declare de prioridad y de interés nacional, el resolver situaciones penitenciarias como las existentes en El Seibo y Hato Mayor. En el primer caso por las razones antes expuestas y, en el caso hatomayorense, porque es una de las pocas provincias que no cuentan con un centro penitenciario”, enfatizó.
Santana agradeció a Cedeño por su decidido apoyo para ayudar a resolver la difícil situación que durante años ha afectado a las personas privadas de su libertad, preocupación que comparten los senadores Santiago Zorrilla, de El Seibo, y Bartolomé Castillo, de Hato Mayor, así como las gobernadoras Irene Martínez y Julia Mery Vásquez Pichardo, de las referidas demarcaciones al Este del país.
“Está a punto de llegarle un nuevo momento a estas dos provincias en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, porque los centros de corrección y rehabilitación se encargan de reeducar a los privados de libertad y los devuelve de una manera útil a la sociedad”, agregó Santana.
Cedeño comprometido con la región
Por su lado, Cedeño señaló que se siente feliz de coadyuvar, no sólo a resolver los dos problemas penitenciarios en su región, sino a beneficiar a la mayoría de la gente con centros que, lejos de empeorar el comportamiento de los internos, los impulsará para su reinserción en la sociedad.
“Esta es la región donde nací, y todo lo que se pueda hacer para contribuir a beneficiar a la mayoría de la gente es la visión del presidente Abinader, quien ha instruido a las instituciones del Estado que tengan que ver con cualquier situación, se les busque solución consensuada y con apego a las leyes y a la transparencia”, subrayó Cedeño.
En el recorrido participaron, además, los senadores de El Seibo y de Hato Mayor, Santiago Zorrilla y Bartolomé Castillo, respectivamente, así como la gobernadora seibana Irene Martínez; la arquitecta Wendy Frías, del Departamento de Ingeniería de la Procuraduría General de la República; Federico Báez, de la Dirección Técnica del CEA, y Julio –Julín- Giraldez, de CEAGANA, entre otros funcionarios.
