Expertos independientes del máximo organismo de derechos humanos de la ONU acusaron este miércoles al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, destacando casos espantosos de tortura y asesinatos presuntamente perpetrados por fuerzas de seguridad que utilizaron técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia.
El informe mordaz y profundo —encargado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos— dice que el gobierno de Maduro cometió ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Recomendó procesar a los responsables para garantizar que no vuelvan a ocurrir.
Es probable que el informe avive las críticas internacionales y nacionales contra el gobierno de Maduro, que encabeza un país en ruinas con una inflación galopante, violenta represión y un éxodo de millones de venezolanos que han huido a países vecinos para escapar de la agitación desde que asumió el poder en 2013.
Los hallazgos, basados en casi 3.000 casos que fueron investigados y donde se examinaron más de 5.000 asesinatos, concluyeron que Maduro y sus ministros de Defensa e Interior tenían conocimiento de crímenes cometidos por fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia. Además, alega que las autoridades de alto nivel tenían poder y supervisión sobre las fuerzas y agencias.
Las autoridades del país sudamericano no han comentado nada al respecto.
Los críticos ya han acusado al gobierno de Maduro de crímenes contra la humanidad. Pero el informe de 411 páginas representa una de las miradas más extensas a los abusos recientes de derechos en Venezuela, basándose en entrevistas con víctimas, familiares, testigos, policías, funcionarios y jueces, además de videos, imágenes satelitales y contenido de redes sociales. Los autores dijeron que no recibieron respuestas del gobierno.
Los expertos —Marta Valinas de Portugal, Francisco Cox Vial de Chile y Paul Seils de Gran Bretaña— trabajaron bajo una misión de investigación que el Consejo de Derechos Humanos, conformado por 47 naciones, estableció en septiembre para investigar posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes y otras violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014.
“Estos actos se cometieron de conformidad con dos políticas estatales, una para sofocar la oposición al gobierno y otra para combatir el crimen, incluida la eliminación de personas percibidas como delincuentes”, dijo Valinas a los periodistas. “También consideramos que los delitos documentados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
“Por estas razones, la misión tiene motivos razonables para creer que esto equivale a crímenes de lesa humanidad”, dijo, señalando los presuntos asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, en particular.
Organizaciones humanitarias locales e internacionales y opositores expresaron su respaldo al documento de la misión de la ONU y plantearon que marca un “antes y un después” en materia de derechos humanos en Venezuela.
El líder opositor Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, afirmó que el informe representa un “gran avance y mueve el tablero a favor de nuestra lucha”, e indicó en un mensaje de su cuenta de Twitter que la evaluación de la misión revela que “Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad”.
Asimismo, el congresista opositor Miguel Pizarro, quien fue comisionado por Guaidó para la ONU, dijo a la prensa que el informe “deja muy claro” el vinculo entre Maduro, el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa, mayor general Néstor Reverol y el general en jefe Vladimir Padrino López, respectivamente, y la cadena de mando hacia abajo como los que “deciden, ejecutan, promueven violaciones” a los derechos humanos.
“Ver documentado tantas violaciones es desgarrador pero habla de la resistencia de un país que no se rinde”, expresó Pizarro.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, consideró el informe como un “hito” para las víctimas de violaciones humanos, y compartió el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, para que se garantice “los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, señala un comunicado de la organización.
