Un tribunal español condenó este viernes a un excoronel salvadoreño a más de 133 años de prisión por la muerte de cinco sacerdotes jesuitas durante la sangrienta guerra civil de El Salvador hace más de tres décadas.
Inocente Orlando Montano, quien en el momento de los asesinatos era viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, podrá apelar la decisión de la Audiencia Nacional de España, que juzgó al exmilitar extraditado por Estados Unidos.
Durante el juicio, Orlando Montano negó haber planeado o participado en la masacre de 1989 que acabó con la vida de ocho personas en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, o UCA.
Los muertos fueron cinco jesuitas españoles, entre ellos el ideólogo de la llamada “Teología de la liberación” Ignacio Ellacuría, un jesuita salvadoreño, la cocinera de la universidad y la hija de ésta.
Carlos Martín Baró, cuyo hermano Ignacio estaba entre las víctimas, señaló a The Associated Press que la sentencia le había traído “paz” y una “perspectiva esperanzadora” sobre el valor de la justicia.
La Audiencia Nacional de España estaba capacitada para juzgar los delitos contra los ciudadanos españoles, aunque fuesen fuera del país, bajo el principio de “justicia universal”. El tribunal estadounidense que concedió la extradición de Montano, en 2017, limitó que España le pudiese juzgar por los asesinatos de los tres ciudadanos salvadoreños.
Desde una silla de ruedas en el centro de la sala en Madrid, Montano escuchó el viernes la lectura pública de la sentencia que lo condenó a 26 años, 8 meses y un día de reclusión como autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista.
Los hechos se remontan a la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989, al final de una década que había enfrentado a fuerzas gubernamentales salvadoreñas con la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
Como rector de la UCA, Ellacuría había mediado para tratar de acabar con el conflicto civil, algo que según los jueces granjeó a los jesuitas “la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios”.
La sentencia relata la reunión de oficiales —entre los que se encontraba Montano— en la que se ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello una unidad del ejército conocida como batallón Atlácatl.
Uno de los miembros de ese batallón, el exteniente del ejército René Yusshy Mendoza, fue clave durante el proceso judicial. Habiendo confesado durante la investigación y puesto que había cumplido condena en su país, Yusshy Mendoza pasó a ser testigo en la primera sesión del juicio en España, testificando ante el tribunal que los ejecutores habían intentado simular que el FMLN fue el autor de los asesinatos.
La sentencia llama a los actos “terrorismo desde el Estado” por parte de núcleos de poder que incluían al propio presidente de El Salvador —en aquel momento, Alfredo Cristiani— con el objetivo de “perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder”.
Orlando Montano era miembro de “La tandona”, una promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército salvadoreño del año 1966 cuyos integrantes pasaron a ocupar puestos importantes de poder. El excoronel ejerció como viceministro de Seguridad Pública entre mediados de 1989, el año de los asesinatos, y hasta que fue cesado al final de la guerra civil de 12 años, en 1992.
El Salvador juzgó los hechos, pero las autoridades judiciales en España consideraron que el proceso no fue independiente ni imparcial. El Salvador se ha negado a extraditar a otros 16 sospechosos que la Audiencia Nacional española acusó en el mismo caso.
Almudena Bernabeu, una de las abogadas que llevó el caso al tribunal español, celebró la sentencia como “adecuada pero no valiente”. Lamentó que debido a la reforma que en 2014 restringió la jurisdicción de la “justicia universal” en España, los crímenes de las víctimas no españolas quedan “impunes”.
“Es una tragedia que por esa reforma se deje en total indefesión a tres seres humanos masacrados en el mismo suceso que los otros cinco,” señaló Bernabeu a AP.
Con todo, la abogada destacó el impacto que la condena puede tener en El Salvador: “Demuestra cómo ‘La tandona’ hizo todo eso desde posiciones de alto mando, de gobierno, en el ámbito que ha sido suficiente para que se logre la definición del terrorismo de estado, para asegurar no sólo las muertes sino también el encubrimiento y la impunidad durante 30 años.”
El hermano de Ignacio Martín Baró, uno de los sacerdotes asesinados, celebró que el proceso haya sentado en el banquillo al menos a un miembro de a cúpula que ordenó los asesinatos, aunque se mostró también escéptico. “No creo que esto pueda por desgracia impulsar que exista un juicio en el mismo El Salvador”, señaló.
“La justicia es tremendamente lenta y frustrante cuando te toca vivir un proceso de éstos, pero al final, en la medida en la que se cumple, siempre trae una perspectiva esperanzadora”, dijo.
La indignación por la masacre del 16 de noviembre de 1989 dio pie a una investigación legislativa en Estados Unidos, que halló que los miembros de las fuerzas que mataron a los sacerdotes fueron entrenados por las fuerzas armadas estadounidenses.
