Santo Domingo.- La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, sostuvo un encuentro de trabajo con parte del equipo que acompañará su gestión desde las distintas áreas que maneja su despacho, con miras a garantizar la operatividad y el óptimo desempeño de todas las dependencias bajo su responsabilidad.
Germán Brito instruyó a todos los servidores de la dependencia que dirige a ponerse al servicio de la población con el objetivo de reconectar la función del Ministerio Público con la ciudadanía.
“Todos tenemos la misión de reconectar a la Procuraduría General, a las procuradurías de cortes, a las fiscalías y a todas las áreas del Ministerio Público con el ciudadano y la ciudadana. Somos, como Ministerio Público, su puerta de entrada al sistema de justicia y debemos velar por la preservación de su integridad, sus bienes y sus derechos”, dijo la Procuradora General.
En la reunión participaron los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, Ana Burgos, Rodolfo Espiñeira y otros funcionarios.
La procuradora Germán Brito citó, entre las prioridades de su gestión, un apego riguroso y transparente a los criterios de profesionalización de la función, con el fortalecimiento de las técnicas investigativas y el respeto a la Constitución, las leyes y las normativas internacionales.
“La firmeza en la persecución del tipo penal de que se trate no implica que esta Procuraduría parta del errado supuesto de que, al pasar a ser procesada una persona, pierde todos los derechos reconocidos en la Constitución, tratados y leyes”, recordó.
“No toleraremos la corrupción, el narcotráfico ni ningún otro delito; ni tampoco trataremos a los procesados con paños tibios. Las investigaciones se harán a profundidad, teniendo como norte aportar pruebas a los tribunales que, por haber sido recabadas sin violar derechos y apegadas a la ley, podrán sustentar una sanción que soporte cualquier escrutinio que ejerzan los procesados a través de los recursos legales a su disposición”, dijo.
Al mismo tiempo, instruyó a todo el personal del Ministerio Público a proceder siempre teniendo en cuenta los derechos que el Código Procesal Penal prevé para las víctimas.
