MADRID  — Una tormenta invernal castigó el martes buena parte de España por tercer día consecutivo, dejando a 200.000 personas sin electricidad, escuelas cerradas y carreteras bloqueadas por la nieve. Cuatro personas murieron debido al mal tiempo en los últimos días.

Olas enormes y vendavales golpearon las localidades costeras, dañando muchos comercios y restaurantes, además de inundar algunas calles.

Un video mostró una ola poderosa mientras se estrellaba sobre un malecón e inundaba la calle y varios edificios en Cala Ratjada, en la isla de Mallorca.

Los puertos en la isla vecina de Menorca están cerrados desde hace dos días, informó el diario La Vanguardia.

Otro video mostró el río Onyar en Gerona, crecido hasta el punto de rozar la parte inferior de algunos puentes. Las autoridades advirtieron sobre el peligro de un desborde.

Gran parte de la provincia nororiental de Gerona se quedó sin electricidad el martes debido a un fallo en la conexión eléctrica con Francia, según afirmaron en su cuenta de Twitter los servicios de emergencias.

Muchas escuelas permanecían cerradas en la región nororiental de Cataluña y la Comunidad Valenciana, más al sur, así como en la región interior de Aragón, según medios españoles.

Decenas de carreteras seguían bloqueadas por la nieve, incluida la autopista A7 en el tramo entre la localidad nororiental de Figueres y la frontera francesa, según la Dirección General de Tráfico.

La tormenta, que llegó el domingo, ha costado la vida por el momento a tres hombres y una mujer.

SEATTLE  — Un ciudadano estadounidense que recientemente regresó de China ha sido diagnosticado con el nuevo virus desatado en el país asiático y que ha obligado a imponer medidas sanitarias en diversos países.

El hombre regresó al área de Seattle a mediados de la semana pasada después de viajar al área de Wuhan, donde comenzó el brote. El individuo ronda los 30 años y está en buena condición en el hospital en Everett, en las afueras de Seattle.

Estados Unidos es el quinto país en reportar casos de la enfermedad después de China, Tailandia, Japón y Corea del Sur.

A finales de la semana pasada, funcionarios de salud de Estados Unidos comenzaron a revisar a los pasajeros provenientes del centro de China en los aeropuertos de Estados Unidos. Empleados sanitarios de todo el mundo han implementado revisiones similares en los aeropuertos con la esperanza de contener el virus durante la transitada temporada por la festividad del Año Nuevo Lunar.

El mes pasado, médicos comenzaron a registrar un nuevo tipo de neumonía viral _ con síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar _ en personas que pasaron tiempo en un mercado de alimentos en Wuhan. Más de 275 casos del recientemente identificado coronavirus se han confirmado en China, la mayoría de ellos en Wuhan, según la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades dijeron que probablemente se propagó de animales a humanos, pero esta semana funcionarios chinos concluyeron que también puede contagiarse entre humanos.

Al anunciar las revisiones en el aeropuerto la semana pasada, empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dijeron que el riesgo para los estadounidenses era bajo, pero que probablemente la enfermedad aparecería en algún momento en Estados Unidos.

CARACAS  — La mayoría opositora de la Asamblea Nacional venezolana denunció el martes la desaparición de un diputado luego de desistir ir al palacio legislativo alegando que su vida estaba en riesgo porque sus alrededores habían sido tomados por supuestos grupos prooficialistas armados.

Sin la presencia de Juan Guaidó, quien se encuentra en Londres, los parlamentarios abortaron el plan inicial de acudir a la sede del legislativo, en el centro de la capital, para realizar su sesión ordinaria en coincidencia con la de la directiva paralela que convocó a una sesión en el mismo lugar.

“La información que tenemos es que hay funcionarios de la fuerza armada vestidos de civil y que hay grupos colectivos (organizaciones prooficialistas armadas) dispuestos en todo lo largo de la entrada armados no solamente con piedras sino con armas”, dijo a The Associated Press el primer vicepresidente del Congreso, Juan Pablo Guanipa.

Durante el debate -que se celebró en el barrio de clase media Cumbres de Curumo, en el este de Caracas- la congresista de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, denunció que el diputado suplente Ismael León desapareció poco después de salir de la sede del partido Acción Democrática, en el norte de la capital, cuando se dirigía hacia la sesión.

“Ni su familia, ni su equipo de trabajo, ni sus compañeros de partido sabemos absolutamente nada de él. Sin embargo, tenemos información extraoficial de que fue interceptado por una comisión del FAES (un cuerpo especial de la policía nacional)”, precisó Pichardo. Las autoridades no han hecho comentarios al respecto.

Mientras los legisladores se concentraban en el este de la capital, la directiva paralela de la Asamblea Nacional encabezada por el diputado Luis Parra, un exmiembro del partido opositor Primero Justicia expulsado de esa fuerza tras ser acusado de corrupción, realizó una sesión para discutir la designación de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral.

“Decidimos comenzar la construcción de un camino para despolarizar al parlamento de estas dos cúpulas que, atrincheradas en el sectarismo y en la excusa, les han negado a los venezolanos la construcción de una solución política”, publicó Parra en su cuenta de Twitter.

La semana pasada una comisión de congresistas intentó llegar al palacio legislativo, pero decenas de personas, en su mayoría seguidores del gobierno, les bloquearon el paso, atacaron con objetos contundentes las camionetas blindadas en las que se trasladaban y lanzaron disparos de armas de fuego, lo que obligó a los opositores a retirarse y realizar la sesión en otro punto de la capital venezolana.

La crisis política se agravó a partir del 5 de enero cuando las fuerzas de seguridad le impidieron el ingreso al palacio legislativo a Guaidó y a un grupo de congresistas opositores y se juramentó una directiva paralela dirigida por Parra.

Horas después de esos incidentes un centenar de diputados opositores se reunió en el diario venezolano El Nacional para reelegir a Guaidó como jefe del Legislativo y ratificarlo como presidente interino de Venezuela.

Luego de esos eventos Guaidó y la mayoría opositora lograron el 7 de enero ingresar por la fuerza a la Asamblea Nacional para sesionar, pero el 15 de enero les bloquearon nuevamente el paso.

Parra, quien fue sancionado este mes por Washington, defendió la víspera su nombramiento y aseguró que fue electo de acuerdo con lo que prevén las leyes. Pero la oposición sostiene que todos los integrantes de la directiva paralela fueron nombrados sin el quorum que establece el reglamento interior y sin votación.

Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región han cuestionado la elección de Parra y reconocen a Guaidó como jefe del Congreso y presidente provisional de Venezuela.

WASHINGTON  — El equipo legal del presidente Donald Trump afirmó el lunes que el mandatario “no hizo absolutamente nada malo” y pidió al Senado rechazar rápidamente lo que describió como una argumentación “endeble” para el juicio político en su contra.

El escrito de los abogados de Trump, presentado en momentos en que los senadores se preparan para regresar a tiempo a Washington para los argumentos iniciales, ofrece el panorama más detallado de la defensa que pretenden utilizar contra el intento demócrata de condenar al mandatario y destituirlo por sus interacciones con Ucrania. Tiene el objetivo de contrarrestar una moción interpuesta hace dos días por representantes demócratas, en donde se resumieron semanas de declaraciones de más de una decena de testigos y que conforma la base del caso.

“Todo esto es una peligrosa tergiversación de la Constitución que el Senado debería condenar rápida y rotundamente”, escribieron los abogados. “Los cargos deberían ser rechazados y el presidente debería ser absuelto de inmediato”.

El escrito de 110 páginas de la Casa Blanca se presentó mientras se llevan a cabo los últimos preparativos en el Capitolio para el juicio político. Dado que el proceso se realizará en año electoral, algunos de los mismos senadores que buscan reemplazar a Trump en la presidencia se desempeñarán como jurados.

El documento tiene un tono más legal, pero aún similar a lemas de campaña. Se basa en las afirmaciones de Trump de que no hizo nada malo y no cometió ningún crimen, aunque un juicio político no depende de una violación material de la ley sino de una definición más ambigua de “delitos y faltas graves”, como se establece en la Constitución.

En medio de un mayor operativo de seguridad en el Capitolio, los fiscales de la cámara baja se abrieron paso entre los turistas que recorrían la cámara del Senado. El equipo legal de la Casa Blanca, encabezado por Pat Cipollone y Jay Sekulow les siguieron poco después. Ambas partes fueron instruidas de mantener las puertas del recinto cerradas a turistas y prensa. Se instalaron cuatro pantallas de televisión al interior para mostrar testimonios, evidencias y posibles tuits y publicaciones en redes sociales, según una persona con conocimiento del asunto y que habló bajo condición de anonimato a fin de revelar deliberaciones internas.

Los senadores se preparan para apenas el tercer juicio de este tipo en la historia del país, pero primero deben lidiar con una disputa en torno a las reglas y la posible admisión de nuevos testigos. El equipo legal de la Casa Blanca señaló el lunes que respaldará el paquete que presente el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, incluyendo uno que les daría a ambas partes 24 horas en dos días para presentar sus argumentos.

En una moción que presentaron el lunes, los fiscales de la Cámara de Representantes respondieron a la declaración de inocencia de Trump exigiendo un juicio justo en el Senado.

MINNEAPOLIS  — Una demanda por homicidio imprudencial presentada por los miembros de la familia de Prince fue desestimada discretamente en meses recientes, lo que sugiere que la familia pudo haber llegado a acuerdos con los acusados incluyendo un médico de Minnesota que atendió a Prince en las semanas antes de su muerte y el hospital de Illinois que lo atendió por una sobredosis de opioides siete días antes de que falleciera.

La medida cierra un capítulo legal en el legado del superastro, pero todavía no se logra disponer de sus bienes, valorados alguna vez en cerca de 200 millones de dólares.

Prince tenía 57 años al morir de una sobredosis accidental de fentanilo el 21 de abril de 2016, sin dejar un testamento. Nadie fue acusado penalmente por su muerte y la fuente de las píldoras falsificadas que lo mataron sigue sin conocerse.

Los herederos de Prince presentaron una demanda por muerte imprudencial contra varios acusados en abril de 2018, alegando que tuvieron la oportunidad de diagnosticar y tratar la adicción de Prince y prevenir su muerte pero no lo hicieron.

Pero desde mediados del año pasado los demandantes comenzaron a desestimar a los acusados.

Las acusaciones contra el doctor Michael Schulenberg — quien atendió a Prince en las semanas antes de su muerte — fueron desestimadas permanentemente en noviembre junto con acusaciones contra el antiguo patrón de Schulenberg. Ambas partes estuvieron de acuerdo con que el caso fuera retirado.

Las acusaciones contra la cadena de farmacias Walgreens, que surtió recetas para Prince, y el Trinity Medical Center, el hospital de Illinois donde Prince fue atendido por una sobredosis de opioides una semana antes de morir, también fueron desestimadas permanentemente en agosto por un acuerdo.

Los abogados en el caso rechazaron hacer comentarios o no devolvieron los mensajes de The Associated Press. Pero Henry Blair, profesor de la escuela de derecho Mitchell Hamline en St. Paul, Minnesota, dijo que el lenguaje de la desestimación del caso, con el acuerdo de los demandantes y los acusados, lo dejaba “99,99% seguro de que llegaron a un acuerdo legal”.

Una acusación por negligencia médica contra Howard Kornfeld, un especialista en adicciones de California que fue contactado por los asociados de Prince antes de morir, fue desestimada por un juez en septiembre, pero continúa en una apelación. La familia de Prince afirma que Kornfeld tenía la obligación de aconsejar a los asociados de Prince que fuese ingresado inmediatamente para tratamiento. Pero el juez no encontró evidencias de que Kornfeld se hubiera comunicado con Prince o que se hubiese establecido una relación de médico-paciente.

La autopsia concluyó que Prince tuvo una sobredosis de fentanilo. Según las autoridades es probable que Prince no supiera que estaba tomando el opioide sintético que es 50 veces más poderoso que la heroína.

Según las autoridades Schulenberg admitió recetar el opioide oxicodona al guardaespaldas de Prince en los días antes de que el músico muriera, sabiendo que el fármaco terminaría en las manos de Prince. El médico está en contra de esta afirmación, aunque pagó 30.000 dólares para llegar a un acuerdo por una violación de derechos civiles que señala que la medicina fue recetada ilegalmente.

El guardaespaldas, Kirk Johnson, tuvo que declarar durante el litigio por homicidio culposo, pero se negó a responder casi todas las preguntas, de acuerdo con una transcripción.

Mientras tanto los hermanos de Prince todavía tienen que esperar para saber cuándo valen los bienes del artista. Según documentos de la corte presentados varios meses después de la muerte de Prince el patrimonio valía cerca de 200 millones antes de impuestos. Documentos más recientes sugieren que sus herederos y el fisco todavía no han llegado a un acuerdo sobre su valor.

Los largos litigios no son raros para los grandes patrimonios, incluso cuando hay un testamento de por medio. La lucha entre los herederos del rey del pop Michael Jackson y el fisco para valuar su patrimonio continúa en una corte fiscal federal a pesar de que murió en 2009.

Pero los procesos largos comienzan a tener efectos en los recursos de los hermanos de Prince. En meses recientes una de las hermanas del músico, Tyka Nelson, vendió una porción de su parte del patrimonio por una suma no revelada a Primary Wave, una empresa editora de música que también tiene intereses en el patrimonio de Whitney Houston y otros músicos. Nelson escribió en una declaración que lo hizo para “hacer efectivo algo del valor del patrimonio antes de que se complete la administración de los bienes”. Nelson también designó a Primary Wave para actuar a su nombre con respecto a la parte que le queda del patrimonio.

Otro hermano de Prince, Alfred Jackson, también llegó a un acuerdo con Primary Wave antes de morir en agosto. Ahora un caso por aparte para determinar el valor del patrimonio de Alfred Jackson está pendiente en Missouri, de acuerdo con documentos de la corte.

Un documento de la corte señala que Primary Wave ha invertido millones para tener un interés en el patrimonio. Otras firmas de abogados han presentado recursos para retener la propiedad de algunos de los hermanos hasta que sus servicios sean pagados.

Los abogados involucrados rechazaron hacer comentarios o no devolvieron los mensajes que se les dejaron. Los intentos por entrar en contacto con algunos de los hermanos tampoco fueron respondidos.

Sharon, Norrine y John Nelson dijeron en un documento de la corte que tenían problemas financieros y que el caso “le había costado al patrimonio millones de dólares, había gastado demasiado dinero en cuotas legales y otros costos por demasiado tiempo”.

Susan Link, una abogada de herencias en Minneapolis que no está involucrada en el caso, dijo que los desacuerdos de los hermanos han retrasado la resolución.

“Si los beneficiarios están de acuerdo y trabajan juntos avanzado al mismo paso no importa cuánto valga el patrimonio, se pueden resolver las cosas”, dijo Link.

EL TERRÓN, Panamá  — Dina Blanco se disponía a preparar la cena cuando una mujer de la comunidad la visitó en su humilde casa con una orden: llevar a su familia a orar a una secta distinta al culto católico con el que había bautizado a sus hijos.

“Vas a las buenas o las malas”, aseguró que le dijo la mujer. Dina la identificó como Olivia y, según afirman residentes de esta aldea, sería la esposa del que señalan como el líder de la secta y la persona que reclutó a las familias para el ritual que tendría un final fatal.

Dina pidió a su hijo César, de 15 años, que dejara de cortar la leña para ir al rito. También convenció a su padre, un cincuentón que vive con ella, que la acompañara. Además, llevó a su sobrina Noemí, a la que está criando, y a su hija Inés, de 9 años, que sufría de epilepsia.

Al parecer la mujer de 24 años no sintió desconfianza porque ya había asistido a ese templo improvisado a orar y nada le había sucedido. Sin embargo, esta vez fue distinto y lo que vivió fue un infierno: la secta mató a su nena junto con una mujer indígena que tenía varios meses de embarazo y a cinco de sus hijos menores.

En días pasados, en los informes generales oficiales, se mencionó que la embarazada y sus hijos habían fallecido junto con un vecino adulto –siete muertos en total– pero el relato que Dina dio a The Associated Press reveló que fue su hija, y no un vecino, quien murió con la mujer y sus pequeños.

Una fuente de la Fiscalía General, que pidió el anonimato, por no estar autorizada a hablar de la investigación en proceso, confirmó la información a la AP y corroboró que la niña Inés Urriola Blanco era una de las fallecidas.

Los detalles revelados por Dina son los primeros que ofrece alguna de las 14 personas rescatadas el 14 de enero.

Las autoridades judiciales han dicho que entre los detenidos por el crimen figura el suegro de la mujer embarazada, pero no han dado su nombre ni el de los otros miembros. Versiones coincidentes de los aldeanos apuntan a que el hombre se llamaría Mario González y sería esposo de Olivia –quien llamó a Dina a orar y también estaría detenida– y papá de José –pareja de la víctima embarazada–, Josafat y Otniel. Estos dos últimos, según los habitantes de El Terrón, se autoproclamaron profetas y “ungidos” para matar y expulsar a los no creyentes de la comunidad en la comarca Ngabé buglé en las selvas del Caribe panameño.

“Mario González es la cabeza de las malas anomalías y a las que metió a sus hijos”, dijo el aldeano Diómedes Blanco González. “Agredir y matar a su propia familia”.

Dina dijo que antes había asistido a ritos en ese templo improvisado, un galpón con un altar de tablas en un escampado apartado de la escuela y de las casas de paja y tablas de los aldeanos. Refirió que nada le había pasado y que un pastor, que no era Mario González, oraba con ellos y a las 9 de la noche los enviaba para su casa.

La cosa fue diferente en esta ocasión. “Fuimos porque íbamos a orar, aunque la forma en que me trató la señora Olivia no me gustó”.

Asegura que, al llegar, los miembros de la secta les exigieron que mantuvieran siempre los ojos cerrados, los llevaron dentro del galpón con piso de tierra e hicieron que se agarraran las manos con los demás aldeanos que estaban ahí.

“Sentí algo en mi cabeza y no sé qué fue lo que me pasó. Caí de rodillas”, relató. “Desperté y me seguían exigiendo que no abriera los ojos. Escuchaba los tambores, el acordeón, gritos, llantos; estaba amarrada”.

Relató que uno de los miembros de la secta se le acercó –estima que sería la noche del lunes o madrugada del martes 14 de enero– para decirle que su hija estaba muerta y que “las aves de los cielos se encargaría de su cuerpo”.

Su papá, su hijo y su sobrina lograron escapar.

“Es odio. Para mí es un odio que había”, dijo Dina, quien tenía el labio superior hinchado, moretones en el tórax y abdomen y una herida que cicatrizaba en la espalda. Cuando fue rescatada ni siquiera podía hablar porque tenía la garganta inflamada.

Los aldeanos demoraron en percatarse de lo que ocurría. Se enteraron hasta que algunos de los indígenas que lograron escapar con golpes y quemaduras advirtieron que algo pasaba.

Un hombre dice que vio el martes por la mañana a miembros de la secta llevando en hamacas a los muertos desnudos para enterrarlos en una fosa distante.

Los aldeanos se reunieron con palos y machetes para ir al rescate, pero por la tarde llegó la policía.

“Es el dolor más grande que a mí me da”, dijo Dina sobre la muerte de Inés. “Era una niña con discapacidad a la que le dediqué mucho tiempo, que compraba pastilla de tres dólares para su enfermedad. Ahora no la tendré en casa”, dijo y se largó a llorar sin cesar.

TECUN UMAN, Guatemala  — Cientos de centroamericanos en Guatemala comenzaron a cruzar el río Suchiate rumbo a México el lunes en un nuevo desafío a la estrategia migratoria del presidente Donald Trump para mantener a los migrantes alejados de la frontera estadounidense.

Los migrantes se bajaron del puente fronterizo y se dirigieron hacia el río después de que funcionarios mexicanos les dijeron que no les permitirían el paso por el país.

“Por el puente o por el río, no hay miedo; ya estamos acostumbrados a la represión; en tu país te reprimen, te golpean siempre es así”, dijo Edwin Chávez, un joven de 19 años de Tegucigalpa.

Entre gritos e incluso algunos fuegos artificiales, los migrantes comenzaron a cruzar las aguas bajas del río.

Del lado mexicano, un centenar de guardias nacionales equipados con equipo antimotines estaban en alerta sobre el puente que el sábado tuvo que cerrarse por un intento masivo de cruce que solo se saldó con empujones y algunos golpes, pero sin heridos. Las autoridades dejaron pasar ese día a grupos pequeños que querían solicitar asilo o empleo, pero la mayoría de las más de 600 personas que optaron por esto fueron deportadas, según el Instituto Nacional de Migración (INM), por no cumplir los requisitos.

Pero los migrantes no perdieron la esperanza y al amanecer del lunes parecían dispuestos a lanzarse por el río, que en esta temporada se puede cruzar caminando, si no podían hacerlo por el puente.

En los últimos meses, México ha redoblado los esfuerzos desplegando miles de efectivos militares en sus dos fronteras y en las principales rutas migratorias con el fin de impedir que los migrantes lleguen a territorio estadounidense, tras las amenazas del presidente Donald Trump, de sanciones comerciales y otras represalias.

A fines de 2018 miles de centroamericanos optaron por migrar masivamente formando caravanas para sentirse más seguros y tener así más posibilidades de llegar a Estados Unidos, pero esta sería la primera desde que Washington firmó acuerdos para controlar la migración con Guatemala, Honduras y El Salvador.

El gobierno mexicano declaró el domingo que las medidas puestas en marcha durante el fin de semana habían sido un éxito porque los intentos en “modo desordenado” de los migrantes por cruzar la frontera habían sido “infructuosos”.

Maureen Meyer, directora para México y derechos de los migrantes en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), indicó que “el gobierno mexicano ha dejado claro que no ofrecerá ninguna visa que pueda utilizarse para viajar al norte, y que cualquiera que viaje sin documentación adecuada será detenido, enviando un firme mensaje al gobierno de Trump de que el gobierno mexicano está haciendo su parte para asegurarse de que los miembros de la caravana no llegan a la frontera estadounidense”, dijo Meyer.