La oficina del Vaticano que investiga los posibles abusos sexuales de parte de sacerdotes recibió 1.000 denuncias de todo el mundo este año y todavía no han llegado las de algunas regiones.
La Congregación para la Doctrina de la Fe está desbordada y su escaso personal no da abasto para manejar semejante volumen de denuncias, que es cuatro veces el de hace una década.
“Tenemos un tsunami de causas en estos momentos, sobre todo de países de los que nunca habíamos recibido nada”, expresó monseñor John Kennedy, director de la sección disciplinaria de la congregación, que es la que procesa esas causas.
Aludía a denuncias de abusos ocurridos generalmente años o décadas atrás. Argentina, México, Chile, Italia y Polonia se han sumado a la lista de países que más denuncias hacen llegar a la congregación.
Kennedy habló con la Associated Press y permitió que un fotógrafo y un camarógrafo visitasen el interior de la congregación. Es la primera vez en la historia de este tribunal que se da acceso a medios visuales. Tal vez porque el organismo más discreto del Vaticano siente la necesidad de demostrar cierta transparencia en momentos en que la jerarquía eclesiástica trata de recuperar la confianza de los fieles, que se sienten desanimados por décadas de abusos y encubrimientos.
El propio papa Francisco promovió una mayor transparencia esta semana con su decisión de abolir el “secreto pontificio” que regía en los casos de abusos. Al hacer el anuncio, el Vaticano dijo que esta reforma facilitaría la cooperación con las autoridades civiles.
La explicación del Vaticano fue notable pues equivalió a una admisión explícita de que los obispos habían empleado el secreto pontificio para negarse a cooperar en las investigaciones civiles.
La Congregación, no obstante, sigue enfrentando obstáculos, que son emblemáticos de todo lo que no funciona con el sistema legal del Vaticano, manejado por obispos y otras figuras de la iglesia, algunas de las cuales no tienen experiencia en jurisprudencia. A menudo sin abogados especializados en derecho canónico.
Como consecuencia de esto, el Vaticano tiene problemas para lidiar con un flagelo que cobró estado público en Irlanda y Australia en la década de 1990, en Estados Unidos en el 2002, en partes de Europa a partir del 2010 y en América Latina el año pasado.
La Congregación procesa estas causas y también hace de tribunal de apelaciones al que recurren los sacerdotes en el marco de las leyes canónicas, un sistema legal paralelo que imparte la justicia eclesiástica.
En el pasado, cuando se llamaba la Santa Inquisición, los castigos de la Congregación incluían quemar a los herejes en una hoguera y la publicación de listas de libros prohibidos.
Hoy la Congregación tiende más bien a ordenar a los curas infractores que recen, se arrepientan y les prohíbe oficiar misas en público. El peor castigo impuesto por las leyes canónicas de la iglesia, incluso a curas que violaron a varios menores, es básicamente la expulsión de la orden.
Bajo la dirección del entonces cardenal Joseph Ratzinger (un futuro papa), la Congregación convenció al papa Juan Pablo II de que centralizase las investigaciones de abusos sexuales en el 2001, en vista de que los obispos no estaban castigando a los curas depredadores y simplemente los transferían de una parroquia a otra, donde volvían a incurrir en abusos.
En el 2001 se dispuso que los obispos y otros jerarcas de la iglesia que recibían denuncias debían iniciar investigaciones preliminares.
Si el obispo decidía que la denuncia podría ser verosímil, enviaba los documentos a la Congregación, que le decía cómo proceder: con un juicio canónico, un “procedimiento administrativo” más rápido o alguna otra medida. Una posibilidad era que la propia Congregación se hiciese cargo de la investigación.
Cuando se dicta un fallo, se toman medidas, que pueden incluir la expulsión del sacerdocio.
Si el sacerdote acepta el castigo, ahí se acaba todo. Si apela, el caso pasa a la Congregación.
Las apelaciones son dirimidas en una sala de conferencias del primer piso del Palazzo Sant’Uffizio, a escasa distancia de la Plaza de San Pedro.
La sala tiene un imponente crucifijo de madera contra la pared que da a la plaza y en cada esquina hay cámaras que observan todo lo que sucede.
Las cámaras graban los debates en DVDs para que sean archivados y en caso de que el papa desee ver alguna vez lo acontecido.
Es un trabajo penoso, que involucra la lectura de archivos repletos de mensajes de texto de los curas que reflejan el acoso de sus víctimas, evaluaciones psicológicas de pedófilos y cantidades de cartas desgarradoras de hombres y mujeres que fueron violados cuando eran niños.
La Congregación lleva procesados 6.000 casos de abusos desde el 2001 y en cierto momento Francisco se lamentó de que tenía 2.000 causas pendientes. Ahora la Congregación debe lidiar con la globalización del escándalo, que en el 2001 parecía confinado mayormente al mundo de habla inglesa.
Hoy la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene 17 funcionarios, que de vez en cuando son asistidos por otros empleados del Vaticano, y algunos directores. Kennedy dijo que planeaba incorporar canonistas de Brasil, Polonia y estadounidenses bilingües para compensar la partida de varios empleados y poder procesar los casos de países que recién ahora están empezando a lidiar con los abusos.
De todos modos, hay países de los que la Congregación no ha recibido denuncias todavía, lo que hace pensar que “o son todos santos o que todavía no nos han hecho llegar” sus denuncias, según dijo Kennedy a la AP.
Dio a entender que aún hay gente que no se anima a hablar y que la iglesia en algunos lugares sigue encubriendo a los sacerdotes. Una nueva ley obliga a denunciar ante las autoridades eclesiásticas todo abuso y encubrimiento, pero no hay castigos automáticos para quienes no lo hagan. Y nunca se ha investigado el acatamiento de la ley del 2001 que dispone que las denuncias sean notificadas a la Congregación.
