EEUU-, Temas como los derechos de las mujeres, un mayor control de armas y el cambio climático han atraído en masa a los manifestantes a las calles durante el primer periodo del presidente Donald Trump, pero hasta ahora había faltado una causa prominente: un juicio político.

Si bien algunos grupos liberales han estado abogando por el juicio político a Trump durante más de dos años, ha habido pocas protestas públicas a gran escala exigiéndolo. Los activistas desean cambiar tal situación ahora.

Una coalición de grupos liberales anunció hoy que patrocinará una serie de marchas en todo Estados Unidos a favor del juicio político, incluyendo una en Washington, D.C.

“La gente actúa cuando piensa que puede marcar la diferencia, y por mucho tiempo una gran parte de la mayoría silenciosa a favor del juicio político pensó que no iba a suceder”, dijo David Sievers, un director de campaña de MoveOn, un grupo liberal que participa en la organización de las marchas. “Queremos mostrar que esto no es solamente algo marginal, que no sólo son los demócratas en Washington”.

Si bien aún se desconoce cuándo se llevarían a cabo las protestas, Sievers subrayó que podrían ocurrir la noche antes de que la Cámara de Representantes realice una votación formal para el juicio político. Actualmente, la Cámara se encuentra en las etapas iniciales de la investigación de juicio político, tomando declaraciones a puerta cerrada y no se han programado audiencias públicas ni una votación.

Estas movilizaciones públicas se empiezan a gestar años después de medidas de presión a menor escala de grupos como MoveOn, el cual irónicamente fue creado para combatir el juicio político al ahora expresidente Bill Clinton en 1998.

La organización y otras han exhortado a quienes se encuentran en sus listas a contactar a los demócratas en la Cámara de Representantes, a congregarse en sedes de ayuntamientos y nombrar el pasado receso de agosto como “agosto de juicio político” a fin de presionar a los representantes de sus distritos.

El grupo Need to Impeach _creado por el multimillonario liberal Tom Steyer en octubre de 2017, antes de convertirse en un aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia_ alzó carteles panorámicos en distritos demócratas y sostuvo más de 50 reuniones en ayuntamientos centradas en el tema del juicio político.

LA HABANA (AP) — Luego de un mes y medio de colas para cargar combustible y una escasez de transporte público que llevó al presidente a detener su caravana para subir pasajeros, los cubanos observaron en esta semana una mejoría en el abasto de energéticos, aunque persiste la inestabilidad.

El precedente de la reciente crisis energética en la isla estuvo en las sanciones impuestas en abril por Estados Unidos contra navieras para que no trajeran el petróleo venezolano del que Cuba depende, como parte de una serie presiones de Washington para impulsar un cambio de modelo político.

Sin embargo, el desasosiego entre la población logró ser contenido gracias a medidas del gobierno para facilitar el traslado de los cubanos, el manejo público de la situación que hizo el presidente Miguel Díaz Canel y el hecho de que el crudo de la nación sudamericana comenzó a llegar de nuevo a Cuba.

“Fueron 11 días con el carro guardado sin poder trabajar. En la casa sin hacer nada”, explicó a The Associated Press Frank Ramirez, de 33 años y quien sostiene como chofer a su familia. Su vehículo -un Plymouth de los años 50- necesita unos 30 litros de diésel diarios para moverse.

Esta semana Ramirez logró comprar combustible pero “todavía hay inestabilidad” con gasolineras cerradas a ratos -porque se les acaba el combustible y deben esperar los camiones de aprovisionamiento- o limitaciones en la cantidad que se despacha a cada persona.

Automovilistas consultados por la AP en un recorrido por la capital contaron historias similares de colas de 25 horas en septiembre, noches en vela o peleas en las filas, en las cuales las personas se turnaban marcando un puesto para varios vehículos en espera de las llegadas de las cisternas de gasolina. Las filas fueron cediendo con el paso de las semanas.

Como parte de las sanciones de este año de Estados Unidos para asfixiar a Cuba, ese gobierno retiró diplomáticos de La Habana, suspendió el arribo de cruceros, limitó el viaje de sus nacionales, armó listas negra de empresas isleñas y permitió la apertura de procesos judiciales contra firmas de terceros países que operan en la nación caribeña.

La semana pasada se informó que se sancionaría a las líneas aéreas que arrendaran aviones a Cubana de Aviación y la víspera las autoridades reconocieron que ya se habían suspendido vuelos de esa compañía a por lo menos siete destinos internacionales y otros tantos domésticos.

“Nos persiguen barco a barco, negociación a negociación… No podemos ser ingenuos y tenemos que protegernos”, expresó Díaz Canel ante los diputados a comienzos de este mes.

Cuando la crisis energética comenzó en septiembre el gobierno lanzó un plan de ahorro que contemplaba el incremento en el uso tracción animal para garantizar la producción agrícola, cambios de horarios en las escuelas, el apagado de aires acondicionados en dependencias estatales y la disminución de la jornada laboral, entre otras iniciativas.

Inspectores salieron a las calles para obligar a los autos con placas estatales -abundantes en la isla- a transportar personas agolpadas en las paradas por falta de transporte y medios de prensa oficiales mostraron fotos de la caravana de Díaz Canel detenida junto con toda su escolta para darle “botella” (aventon) a personas en una parada de autobuses.

Aunque estas acciones lograron atenuar la crisis, para los expertos la resistencia y el ahorro tienen sus límites.

Indonesia (AP) — El avión de Lion Air que se estrelló con 189 personas a bordo hace un año se vio afectado por una combinación de errores de diseño, formación inadecuada y problemas de mantenimiento, dijo el viernes una investigación indonesia.

Según el reporte final sobre el siniestro, el vuelo 610 de Lion Air, que cubría la ruta entre la capital indonesia, Yakarta, y la isla de Sumatra, se estrelló porque los pilotos no recibieron instrucciones para responder con rapidez a los problemas de funcionamiento del sistema automatizado de control de vuelo del Boeing 737 Max 8.

El aparato cayó al Mar de Java apenas 13 minutos después de despegar el 29 de octubre de 2018.

El sistema automatizado, conocido como MCAS, dependía de un único sensor de “Angulo de ataque”, que proporcionaba información errónea que hizo que el morro del avión bajase de forma automática, explicó el Comité Nacional para la Seguridad en el Transporte.

El reporte identificó además varios fallos antes del siniestro. La aeronave, que llevaba apenas dos meses en uso, tuvo problemas en sus cuatro últimos vuelos, uno de ellos el mismo día que se estrelló.

La pesquisa indonesia sigue a otra publicada por investigadores federales estadounidenses el mes pasado, que concluyeron que Boeing y la Administración Federal de Aviación subestimaron la forma en la que un conjunto de advertencias visuales y sonoras podría ralentizar la capacidad de los pilotos para responder lo suficientemente rápido como para evitar un siniestro.

Cinco meses después del choque en Indonesia, el mismo problema de funcionamiento provocó que Max, este con 157 personas a bordo, se estrellase en Etiopía.

Los accidentes derivaron en prohibiciones para volar con 737 Max en todo el mundo y colocaron a Boeing bajo una intensa presión para explicar los problemas relacionados con el MCAS. Los aviones siguen parados.

“Estamos muy enojados (con Boeing) porque su negligencia ha causado la muerte de nuestros seres queridos”, manifestó Muhammad Asdori, que perdió a un hermano y a un sobrino en el siniestro de Lion Air.

“Deberían haber anticipado este tipo de problemas con la formación adecuada a los pilotos que vuelan sus aviones. Estamos aún más enojados al saber que solo admitieron su error cuando el segundo MAX8 se estrelló en Etiopía”, recalcó Asdori.

DETROIT (AP) — Pocos son los estadounidenses que apoyan la idea de indemnizar a los descendientes de personas negras que fueron esclavizadas en Estados Unidos, reveló un nuevo sondeo, pese a que la idea ha tomado fuerza entre los contendientes por la candidatura demócrata a la presidencia.

Sólo 29% de los estadounidenses considera que el gobierno debería pagar compensaciones económicas, de acuerdo con la encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Sin embargo, la encuesta también revela una enorme división entre estadounidenses de diferentes orígenes raciales y étnicos.

La mayoría de los estadounidenses de raza negra, un 74%, dijo estar a favor de las indemnizaciones, comparado con el 15% de los blancos. Entre personas de origen hispano, 44% apoya la iniciativa.

Lori Statzer, de 79 años y residente de West Palm Beach, Florida, se opone a una posible compensación económica y a que el gobierno ofrezca una disculpa oficial.

“Ninguna de las personas negras en Estados Unidos en la actualidad se encuentra bajo un asunto de esclavitud”, sostuvo Statzer, quien es blanca. “Eso ya terminó”.

El uso del dinero de los contribuyentes para el pago de indemnizaciones “me parecería injusto”, añadió. “Mis ancestros llegaron a este país, trabajaron duro para hacerse estadounidenses y nunca pidieron nada”.

Los encuestados también se mostraron muy divididos respecto a si el gobierno de Estados Unidos debería ofrecer una disculpa pública por la esclavitud: 64% de los estadounidenses blancos se opone a ello, mientras que 77% de los estadounidenses negros y 64% hispanos creen que una disculpa es necesaria. En general, 46% de los estadounidenses está a favor y 52% en contra.

No todos están conscientes de qué tan horrible fue la esclavitud para los negros en Estados Unidos, declaró Nathan Jordan, de 63 años. Agregó que el gobierno federal debería ofrecer disculpas por la esclavitud “porque estuvo mal”.

LOS ÁNGELES (AP) — Las autoridades temen que los fuertes vientos que extendieron los incendios a vecindarios del área de Los Ángeles, donde consumieron seis viviendas, sigan avanzando todo el viernes y ocasionen más apagones a cientos de miles de personas.

Las llamas fustigadas por los llamados vientos de Santa Ana alcanzaron ayer la zona de Santa Clarita y el incendio de mayores dimensiones continuaba ardiendo hoy. Hasta 50.000 personas se hallaban bajo órdenes de evacuación.

En el norte de California, un incendio cerca del poblado de Geyserville, en la zona vinícola, arrasó con 49 inmuebles.

La amenaza de que los vientos cálidos y secos extiendan el fuego a lo largo y lo ancho de la región está siendo abordada con flotas aéreas y cientos de bomberos en tierra, que tratarán de proteger los hogares, cuyos jardines traseros se encuentren rodeados de árboles y arbustos.

Las medidas han fracasado en algunos lugares.

Con las brasas fuera de control, las viviendas en desarrollos subdivisionales y fincas rurales sufrieron daños o terminaron destruidas en el área de Santa Clarita y la cercana Castaic.

“Sabemos de al menos seis pero esa cifra puede aumentar”, destacó Kathryn Barger, la supervisora de la oficina administrativa del condado Los Ángeles.

Algunos residentes de la zona trataron de combatir el fuego con mangueras de jardín.

En las zonas rurales, donde al menos dos fincas fueron consumidas por las llamas, la gente se lanzó al rescate de decenas de caballos, burros, cabras, un cerdo e incluso un emú.

No hubo reportes de heridos pero funcionarios del departamento de bomberos dijeron que un ave impactó el parabrisas de un helicóptero usado en el combate al fuego y lo dañó, lo que lo obligó a suspender actividades hasta el viernes.

La compañía de suministro de electricidad Southern California Edison, que el jueves suspendió el servicio de energía eléctrica a más de 31.000 clientes, evalúa si adicionalmente cortará el servicio a más de 386.000 clientes.

LA PAZ (AP) — El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó ayer que se repetirá la votación presidencial en cinco mesas de la región amazónica del Beni por irregularidades, lo que demoraría aún más el resultado final de los comicios presidenciales.

La votación en las cinco mesas impugnadas, que representan un 0.01% del total, se hará el 3 de noviembre, dijo el TSE. Según el organismo, la tendencia actual no cambiará.

Con el 99,98% de las actas escrutadas, el presidente Evo Morales obtenía 47,08% de los votos mientras que su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, alcanzaba el 36,51%. Ayer Morales se declaró ganador de los comicios mientras el país vive jornadas de protestas que incluyeron la quema de dos tribunales electorales regionales.

Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener 50% más uno de los votos o lograr 40% y tener una diferencia de al menos diez puntos porcentuales sobre el segundo postulante más votado.

En el cuarto día de protestas, oficialistas y opositores se enfrentaron en una barriada en la región oriental de Santa Cruz y en el centro de la ciudad de Cochabamba, dejando algunos heridos. En La Paz, manifestantes asediaron el TSE, pero fueron repelidos por la policía. En las regiones sureñas de Potosí y Tarija, los grupos antigubernamentales mantenían cortadas varias rutas.

Horas antes, Europa pidió celebrar una segunda vuelta electoral entre Morales y Mesa.

“La Unión Europea comparte la evaluación de la OEA… la mejor opción sería realizar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno a las elecciones democráticas del pueblo boliviano”, dijo a su vez el bloque en un comunicado y llamó “a las partes a abstenerse de la violencia”.

A la presión internacional se sumaron Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia, que en un comunicado difundido por la cancillería colombiana anticiparon que “sólo reconocerán resultados que reflejen la voluntad del pueblo boliviano”.

“Llamamos al Gobierno de Bolivia a restaurar la credibilidad del su sistema electoral a través de la convocatoria a una segunda vuelta, que sea libre, justa y transparente”, se agregó.

Ayer por la noche, el TSE volvió a ser asediado por opositores y personas que reclaman “respeto al voto”. También los oficialistas salieron en marcha la víspera después que Morales les llamara a defender su voto.

Más temprano, todos los opositores bolivianos se unieron para desconocer el triunfo de Morales y sumarse al pedido de segunda vuelta poco después de que el mandatario declarara su triunfo en los comicios del domingo pasado.

Los líderes opositores habían permanecido desunidos en la campaña, pero el jueves se reunieron y emitieron una declaración para “exigir la convocatoria inmediata a segunda vuelta electoral, administrada de forma imparcial”. Además convocaron a la “ciudadanía y a organizaciones sociales a mantenerse movilizada pacíficamente hasta lograr el respeto de la voluntad popular”.

Mesa, quien obtuvo el segundo lugar al frente de su alianza de centro Comunidad Ciudadana (CC), leyó el comunicado flanqueado por líderes de otros partidos opositores que participaron en los comicios.

Hasta ahora, la autoridad electoral no ha declarado a ningún ganador ni la conclusión del conteo.

“Ya ganamos en la primera vuelta… y ganamos con el voto rural”, dijo Morales en rueda de prensa poco después que el TSE divulgara resultados que podrían favorecerlo de manera definitiva en su sitio en Internet.