La que comenzó como una marcha de estudiantes y grupos sindicales volvió a convertir a Santiago de Chile en un campo de batalla, en el que la policía reprimió las protestas que comenzaron hace cuatro días por un alza de tarifas en el subterráneo y que han dejado 12 muertos.
Imágenes de la televisión mostraron el avance los camiones lanza agua de los carabineros _la policía_ avanzando por las calles del centro de Santiago, ciudad en la que viven siete de los 18 millones de habitantes del país, mientras los uniformados arrojaban gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. De fondo se escuchaban detonaciones. Un fotógrafo de The Associated Press constató que al menos una persona resultó herida.
La mayor concentración reunió a miles de personas que, pese a ser fuertemente reprimidas, volvieron a agruparse y sólo se dispersaron poco antes de que entrara en vigor un nuevo toque de queda en la capital chilena.
El caos estalló el viernes cuando violentas protestas y actos vandálicos siguieron a las manifestaciones masivas de estudiantes desde el lunes anterior en rechazo al alza en la tarifa del subterráneo, ante lo cual el gobierno declaró el estado de emergencia en una docena de ciudades.
Patricio Acosta, presidente de la Cruz Roja local, dijo el lunes que en el lugar atendieron a unas 100 personas, el 90% con heridas de balines de goma.
“Nosotros nos vamos quedando… sin insumos médicos”, afirmó.
Centenares de personas caminaron hasta las inmediaciones de la Escuela Militar, donde unos 30 militares se apostaron en la calzada para evitar que se acercaran al plantel. Los manifestantes permanecieron gritando pacíficamente contra el gobierno, hasta que fueron dispersados con chorros de agua y gases lacrimógenos.
Otras manifestaciones se registraron en suburbios de la capital chilena y en ciudades del norte y el sur, y nuevamente hubo saqueos de supermercados y quema de farmacias y barricadas.
La presión social llevó al presidente Sebastián Piñera a anular el alza de 1,12 a 1,16 dólares en el subterráneo, decisión ratificada el lunes por el Congreso. Se hará efectiva cuando el mandatario la firme y publique en el diario oficial en los próximos días.
Piñera anunció al anochecer que el martes se reunirá con partidos de gobierno y oposición “para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social… hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos”.
El domingo se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, ambos de oposición, con el mismo propósito.
Agregó que el gobierno trabaja en un plan de reconstrucción de los daños ocasionados por desmanes en Santiago y en ciudades del interior que, dijo, tienen un costo de “centenares de millones de dólares”.
No aceptó preguntas y se despidió deseando a los chilenos que regresen bien a sus casas, en días en que más de la mitad del país vive en estado de emergencia y bajo toque de queda.
Por la mañana la gente hizo largas filas en los supermercados para abastecerse ante el temor de que se repitan los saqueos de tiendas del fin de semana, que paralizaron buena parte de las actividades en Santiago. El transporte público funcionaba con limitaciones.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía para proveerse de lo estrictamente necesario y no sobreconsumir”, exhortó en un mensaje televisivo Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Seamos prudentes en el consumo para no hacer colapsar el sistema”.
La víspera Piñera dijo que el país está “en guerra” contra un enemigo poderoso.
Mientras tanto, la expresidenta chilena y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a todas las partes dialogar y que las protestas sean pacíficas.
“Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días”, dijo Bachelet, citada en un comunicado de su oficina. También abogó para que se investiguen todos los hechos en que hubo lesionados o muertes.
Las manifestaciones comenzaron la semana pasada cuando el gobierno anunció el alza en el subterráneo. Los estudiantes fueron los primeros en protestar, pero la inconformidad rápidamente se extendió a otros sectores y se tornó violenta al grado de incendiar tiendas y los mismos trenes del metro.
Analistas, políticos y hasta el propio Piñera admiten que uno de los gérmenes de la violencia es la gran desigualdad social de Chile, donde la mayoría de los trabajadores tienen ingresos mensuales de entre 562 y 703 dólares, y los jubilados reciben pensiones calificadas por varios como “de hambre”.
José Tomás López, cocinero, dijo a The Associated Press que “protesto porque he visto cómo mi mamá, con un sueldo de no más de 500.000 pesos (703 dólares)”, tiene que mantener a sus tres hermanos, y “sé de sus deudas y de todos sus esfuerzos para mantenerlos”
En muchos suburbios el temor a los saqueos llevó a que centenares de vecinos se organizaran vistiendo chaquetas amarillas y portando fierros, palos y hasta palas para defenderse.
Los muertos en los disturbios se elevaron a 11 el lunes, informó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que precisó que 10 fallecieron calcinados y uno fue baleado por militares. Más tarde un hombre que participaba en un saqueo fue atropellado fatalmente por un vehículo de la armada al huir de los uniformados, señaló el jefe del estado de emergencia en Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, en un comunicado.
Las protestas llevaron a suspender las operaciones de buena parte del metro y el gobierno reforzó el transporte público con 465 autobuses.
Los ataques al subterráneo dañaron el 85% de la red que diariamente transporta a 2,4 millones de personas.
Más de dos millones de estudiantes permanecerán sin clases el martes, mientras el lunes miles de personas trabajaban desde sus casas o vieron suspendidas sus jornadas laborales.
Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, dijo a la AP que el descontento se venía acumulando desde 2010.
“El tema de los últimos cuatro gobiernos es que no han logrado… producir garantías sociales, sino una cantidad de políticas públicas con subsidios, que no son lo equivalente a las garantías sociales: la garantía de educación, de salud, de pensiones, de un trabajo digno, etc”.
Giorgio Agostini, psicólogo clínico y social, dijo a la AP que en las últimas horas recibió llamados de “pacientes angustiados”. Consideró que detrás de la actual crisis se esconden grupos anarquistas que movilizan a muchos a través de las redes sociales “para generar molestias, revueltas”, y que los más susceptibles a seguirlos son jóvenes con privaciones y familias disfuncionales que además atraviesan problemas reales como la fuerte desigualdad económica y social de Chile, con bajos salarios, remedios caros y mala educación.
