Una mujer que vertió gasolina en el sofá en el que dormía su novio y cerró con llave la puerta después de verlo saltar y gritar “me quemo, me quemo”, pasará 60 años en prisión por asesinato premeditado.

Diciéndole que es uno de los peores crímenes con los que ha tenido que lidiar, el juez de la corte superior de Anchorage, Michael Wolverton, sentenció a Gina Virgilio a 99 años de cárcel, 39 de ellos suspendidos. También la sentenció a 10 años de libertad condicional una vez que sea liberada por el asesinato de Michael Gonzalez en 2012.

Virgilio, de 32 años, se cubrió el rostro con las manos mientras Wolverton anunciaba la condena. El magistrado dijo que ella no era un monstruo y había mostrado remordimiento, pero hizo “algo horrendo, horrendo”.

Antes de su sentencia, Virgilio le indicó el juez que una enfermedad mental la llevó a cometer el crimen.

“Me odio por lo que hice. No podré devolverle la vida jamás”, señaló.

No se reveló un motivo para el asesinato, al que describió como frustrante.

“No se le puede encontrar lógica a una mente que no piensa de manera lógica”, dijo Virgilio. “Todo lo que sucedió con mi hijo, con Michael, vino de mi mente. Cuando uno cree en algo, actúas en base a eso”.

Dijo que una vez que volvió a la normalidad, ha retomado su vida tal como era antes de consumir drogas. Es miembro activo de un programa terapéutico basado en la fe, que se realiza en la cárcel femenina, y está imponiendo récords en el programa de atletismo.

Los familiares de Gonzalez realizaron impactantes comentarios de la víctima durante la audiencia del 4 de octubre. El resto de la fase de sentencia continuó el lunes.

Fuera del tribunal, el hermano menor de la víctima expresó su alivio con la sentencia y su felicidad con el fin de un calvario de siete años.

“Creo que, siempre y cuando salga libre a una edad suficientemente avanzada en la que no represente un peligro para mí, mi familia o la sociedad, estoy satisfecho”, dijo Austine Gonzalez.  
 

Cataluña amaneció este martes con nuevos trastornos al sistema de transportes, tras una noche de choques de la policía con activistas que protestaban las condenas de líderes separatistas. Las autoridades españolas anunciaron que se investigará al grupo que convocó a las protestas.

Tres personas fueron arrestadas y más de 170 resultaron heridas, incluyendo alrededor de 40 agentes de policía, durante enfrentamientos entre manifestantes y agentes antimotines con porras en el aeropuerto internacional de Barcelona y en otros puntos de la capital de la región del noreste de España.

Los enfrentamientos continuaron hasta bien entrada la madrugada de hoy

Miles de pasajeros quedaron varados en el aeródromo y muchos se vieron obligados a caminar por autopistas y a cruzar campos con sus maletas.

Los choques, que comenzaron el lunes en la noche, se produjeron durante movilizaciones convocadas por Tsunami Democratic, un grupo sin dirección que emplea apps de mensajes codificados para convocar a manifestaciones pacíficas tras las condenas a una docena de líderes separatistas que encabezaron un intento de secesión de Cataluña hace dos años.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, dijo el martes que las autoridades están investigando al grupo.

En un fallo histórico el lunes, el Tribunal Supremo absolvió a los políticos y activistas catalanes del crimen de rebelión por impulsar un referendo vedado el 1 de octubre de 2017 y declarar la independencia sobre la base de sus resultados. Pero los halló culpables de sedición y los condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel. Además condenó a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos y multó a tres por desacato.

El tribunal también los inhabilitó para la función pública, lo que afecta en forma directa las elecciones del 10 de noviembre próximo en las que seis de ellos se presentaban como candidatos al Congreso federal.

El veredicto probablemente será un tema central en la campaña y en los próximos años, ya que dio lugar a opiniones muy divergentes en Madrid y Cataluña horas después de emitido.

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, convocó a iniciar una “nueva era” y exhortó a los separatistas catalanes a acatar la ley. Pero dirigentes del movimiento independentistas renovaron sus llamados a la secesión con consignas como “volveremos a hacerlo”.

“Debemos seguir defendiendo el derecho de Cataluña a la autodeterminación”, dijo el presidente regional Quim Torra a los periodistas extranjeros en Barcelona el martes. “Un referendo es la solución más positiva para resolver esta situación”.

Su ministro regional para el exterior, Alfred Bosch, exhortó al presidente español a cambiar su actitud. “No vemos propuesta alguna, solo vemos 100 años de prisión, exilio y represión”, dijo Bosch.

El canciller interino español Josep Borrell, quien próximamente pasará a encabezar la diplomacia de la Unión Europea, dijo que la sentencia no respondía a los problemas políticos subyacentes que solo el diálogo “en el marco de la Constitución” podía resolver.

La constitución española sostiene que el país es indivisible.

“Ayer, hoy y mañana es y sigue siendo un problema político a resolver”, dijo Borrell a la prensa extranjera. Añadió que los separatistas catalanes que ignoraban a los catalanes como él, que se oponen a la independencia, caían en una “actitud totalitaria”.

El martes se sucedieron nuevas protestas con bloqueos esporádicos de caminos y líneas ferroviarias regionales. Para el miércoles está previsto el inicio de una huelga estudiantil de tres días.

El aeropuerto de Barcelona tenía previsto operar con normalidad los más de 1.000 vuelos programados para el martes, informó el operador aeroportuario español AENA. En la víspera, al menos 110 vuelos fueron cancelados por las movilizaciones.

El servicio regional de emergencias SEM dijo que 131 personas recibieron tratamiento por heridas, la mayoría de ellas en el aeropuerto. Una veintena de personas fueron transportadas a hospitales, una de ellas con heridas graves en los ojos.

Las autoridades en Florida investigan la muerte de una niña de un año que se quedó todo el día en un vehículo. La pequeña fue hallada en Tampa el lunes por la noche.

La policía de Tampa dijo que los padres dejaron a la niña en el Jeep en algún momento de la mañana y continuaron con sus labores, informó la televisora local WFLA. Según el reporte, los papás llamaron a la policía después de encontrar a la menor.

Los detectives dicen que necesitan investigar más antes de decidir si acusan a los padres.

RÍO DE JANEIRO (AP) — El estado brasileño de Bahía declaró el lunes estado de emergencia luego de que varias de sus playas han sido contaminadas por un derrame de crudo.

La agencia de medio ambiente de Brasil reportó el domingo que unas 20 playas del estado, que son populares entre los turistas, han sido contaminadas.

Las autoridades comenzaron a hallar pequeñas manchas de petróleo en la costa nororiental a principios de septiembre. El crudo ha contaminado al menos 150 playas en nueve estados del país.

El Ministerio del Medio Ambiente ha dicho que lo más probable es que el crudo provenga de Venezuela _una afirmación que Caracas rechaza_, pero las autoridades siguen tratando de determinar la fuente del derrame.

La principal hipótesis es que el petróleo se derramó de una embarcación que pasaba cerca de la costa brasileña.

Fotografías de barriles rojos con el logotipo de la petrolera Shell que fueron arrojados por el mar a una playa circularon en las redes sociales en Brasil, pero la compañía negó tener algo que ver.

En un comunicado emitido el lunes, Shell afirmó que el contenido de los barriles no coincide con el producto hallado en las playas, y que éstos podrían haber sido reutilizados por otra empresa.

AKCAKALE, Turquía (AP) — Tropas del gobierno sirio ingresaron el lunes a poblados del noreste de Siria, incluyendo la agitada región de Manbij, lo que genera la posibilidad de enfrentarse con fuerzas encabezadas por Turquía que avanzan en el área, en una reconfiguración de las alianzas en la región tras el retiro de los soldados estadounidenses.

El emplazamiento de las fuerzas sirias cerca de la frontera turca se llevó a cabo después de que fuerzas kurdas sirias que habían sido aliadas de Washington dijeron que habían alcanzado un acuerdo con el presidente Bashar Assad para ayudarles a repeler la invasión turca, que comenzó hace seis días.

El regreso de Assad a la región que sus tropas abandonaron en 2012 en lo más álgido de la guerra civil es un punto de inflexión en los ocho años del conflicto en Siria, dándole otro fuerte impulso a su gobierno y a los rusos que lo respaldan, y probablemente pondrá en riesgo, si no es que lo elimina por completo, el breve experimento de autogobierno establecido por los kurdos de Siria antes de que comenzara el conflicto.

Todo ello comenzó la semana pasada, cuando el presidente estadounidense Donald Trump ordenó la salida de sus tropas en el norte de Siria, despejando el terreno para un ataque de Turquía, que considera terroristas a los combatientes kurdos. Desde 2014, los kurdos han luchado junto a Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria, y la maniobra de Trump fue considerada tanto dentro como fuera del país como una traición a un aliado.

Ante las incesantes críticas, Trump dijo el lunes que impondría nuevas sanciones a Turquía, suspendería las negociaciones comerciales y elevaría los aranceles al acero con el fin de presionar a Ankara para que suspenda su ofensiva.

El vicepresidente Mike Pence también dijo que Trump lo enviaría al Medio Oriente porque el presidente estaba preocupado por la inestabilidad en la región.

En los últimos cinco días, las tropas turcas y sus aliados han ingresado a poblados del norte de Siria, enfrentándose con combatientes kurdos a lo largo de una franja de 200 kilómetros (125 millas). Al menos 130.000 personas han sido desplazadas debido a la ofensiva.

“¿Dónde están las Naciones Unidas? ¡Dejen que vengan a ver la sangre de nuestros niños en el piso! ¿Por qué no vienen?”, gritó un doctor en el hospital de Tal Tamr, que recibió a docenas de personas lesionadas a consecuencia de los proyectiles turcos que han caído cerca de allí en los últimos días.

Abandonados en medio del campo de batalla, los kurdos recurrieron a Assad y a Rusia para obtener protección, y anunciaron el domingo por la noche que el gobierno sirio emplazaría tropas en poblados controlados por los kurdos en la frontera para ayudar a repeler el avance turco.

El objetivo del acuerdo es que se emplacen tropas sirias a lo largo de la frontera, excepto en el área entre los poblados de Ras al-Ayn y Tal Abyad, donde las tropas turcas están avanzando, dijo el funcionario kurdo Aldar Jalil en un comunicado. Añadió que la autoridad autónoma seguirá encargándose de los asuntos del diario en el noreste de Siria.

“Hay un entendimiento entre las FDS y Damasco, sólo un acuerdo militar”, dijo Badran Ciya Kurd, un alto funcionario kurdo, refiriéndose a las Fuerzas Democráticas Sirias, encabezadas por los kurdos. Él ha estado en conversaciones con los rusos desde el principio, e hizo sus comentarios en una entrevista con The Associated Press.

Los medios estatales sirios difundieron tomas de las fuerzas gubernamentales ingresando a poblados del norte, donde los habitantes coreaban consignas en respaldo de Assad, mientras que otros abrazaban a los soldados. En una aldea del norte, los residentes recibieron a las tropas rociándolas con arroz, un gesto árabe de bienvenida. En otro pueblo, docenas de hombres jóvenes se desplazaban en motocicletas y algunos ondeaban afiches con la fotografía de Assad.

“Vamos de vuelta a nuestras posiciones normales en la frontera”, dijo un oficial sirio, mientras las apuradas autoridades kurdas invitaban al gobierno a retomar poblados en el norte.

“¡Que Dios proteja al ejército!”, respondieron los residentes.

LIMA (AP) — El Tribunal Constitucional peruano iniciará el jueves el análisis de si admite o no una demanda para reabrir el parlamento opositor, disuelto hace dos semanas por el presidente Martín Vizcarra en un acto sin precedentes en casi tres décadas.

En una conferencia de prensa, el presidente del Tribunal, Ernesto Blume, dijo el lunes que durante la reunión del jueves, con los otros seis magistrados de la más alta corte constitucional, se iniciará de forma oficial el análisis jurídico de la petición promovida por el expresidente del parlamento, Pedro Olaechea, quien pide declarar nula la disolución del Parlamento ocurrida el 30 de setiembre y en consecuencia reabrir ese poder del Estado.

No hay fecha para conocer la decisión de los siete miembros del Tribunal Constitucional, pero Blume aseguró que si la demanda es admitida se avisará a la defensa jurídica del gobierno de Vizcarra para que tenga un “plazo para contestar” y luego de escuchar los argumentos de las dos partes, tomar una decisión. “Lo haremos pensando en la Constitución y la ley”, dijo Blume.

Vizcarra argumenta que disolvió el Parlamento opositor usando los poderes que le otorga la Constitución.

El presidente había pedido un voto de confianza solicitando al Parlamento que elaborara requisitos más rigurosos para elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder, pero el Congreso no tomó en cuenta el pedido presidencial y escogió a un miembro de la mencionada corte, provocando el cierre del organismo.

De acuerdo con la Constitución, el Parlamento de 130 miembros ha quedado reducido a 27 que conforman una “comisión permanente” que sólo tiene atribuciones para recoger todos los decretos supremos con los que Vizcarra gobernará hasta el 26 de enero de 2020, cuando se elegirían a los 130 nuevos parlamentarios.

La Organización de Estados Americanos (OEA) considera que el Tribunal Constitucional debe decidir si la decisión de cerrar el Parlamento fue legal.

Luego del cierre del Parlamento, la popularidad del mandatario Vizcarra se elevó en octubre hasta 79%, aumentando 31 puntos en comparación con el mes anterior de acuerdo a una encuesta nacional de la firma Ipsos Perú. Por el contrario, el expresidente del parlamento, Pedro Olaechea, está desaprobado con 63%.

La encuesta se realizó a 999 personas entre el 9 y 11 de octubre con un margen de error de 2,8%.

El disuelto Congreso estaba desprestigiado por la férrea defensa de autoridades investigadas por corrupción. La lideresa del partido dominante en el cerrado congreso, Keiko Fujimori, está detenida mientras es investigada por un presunto lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht.

Existen grandes diferencias entre el cierre del Parlamento actual y el de hace 27 años. En 1992, además de disolver el organismo, el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones de militares que entraron por la fuerza a las redacciones, emisoras y televisoras.

Fujimori se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces. Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. También está condenado por corrupción.

Policías antimotines se enfrentaron este lunes contra manifestantes afuera del aeropuerto de Barcelona luego de que el Tribunal Supremo de España sentenció a varios años en prisión a 12 expolíticos y activistas catalanes por su papel en el movimiento independentista de 2017.

Las autoridades utilizaron macanas contra los manifestantes que se congregaron en el aeropuerto El Prat luego de ser convocados por la organización Tsunami Democrático, que apoya la independencia de Cataluña. Un reportero de The Associated Press que estaba en la escena vio a la policía lanzar proyectiles de fuego. La prensa local reportó que los agentes utilizaron balas de goma.

Una decena de personas fue atendida por heridas menores en la escena del altercado, dijo el servicio de emergencias catalán SEM.

El operador aeroportuario de España, AENA, dijo que por lo menos 67 vuelos fueron cancelados.

Las fuertes sentencias en prisión disgustaron a la causa separatista, que pasa por su periodo más complicado en años debido a que sus líderes más carismáticos están tras las rejas o en el extranjero, previo a las elecciones generales de España programadas para el 10 de noviembre.

Los dos partidos políticos más importantes del movimiento independista catalán están en desacuerdo sobre la estrategia a seguir y las organizaciones activistas que han impulsado al movimiento han expresado críticas por la falta de avances.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que esperaba que las sentencias representaran un parteaguas en el añejo enfrentamiento entre las autoridades nacionales en Madrid y los separatistas en la capital catalana de Barcelona. Señaló que el veredicto probó que el intento de secesión de 2017 se había convertido en “un naufragio” e instó a la gente a dejar de lado las posiciones extremistas y “embarcarse en una nueva fase” para Cataluña.

Sin embargo, los independistas tomaron una postura desafiante y salieron a las calles en una muestra de fuerza.

Los manifestantes también interrumpieron los servicios del tren catalán luego de colocar neumáticos en llamas y madera sobre las vías. También bloquearon algunas carreteras de la región. Se prevén otras marchas y protestas en las próximas horas del lunes.

Los líderes catalanes sentenciados, que estuvieron tras las rejas por casi dos años mientras sus casos pasaban por las cortes, se han convertido en símbolos importantes para los separatistas. Muchos simpatizantes portan listones amarillos en su ropa como señal de protesta.

Los políticos separatistas dijeron que no cederían terreno.

Quim Torra, actual presidente de Cataluña, dijo que “el veredicto es un acto de venganza”. Aseveró que “no nos impedirá actuar según nuestra determinación de construir un estado independiente para nuestra nación”.

El expresidente catalán Carles Puigdemont, quien junto con otros políticos huyó a Bélgica en octubre de 2017 cuando fueron citados para comparecer ante la corte, dijo que las elecciones generales son una oportunidad para mostrar una “respuesta masiva de rechazo, de dignidad y de firmeza”.

Sus comentarios surgieron horas después de que un juez del Tribunal Supremo de España emitió una orden de arresto internacional en su contra.

Andrew Dowling, un experto de política española contemporánea en la Universidad de Cardiff en Gales, dijo que las sentencias son “muy duras” y van a “empeorar una situación que ya era mala”.

“Va a crear una herida terrible en la sociedad catalana hasta que estas personas sean liberadas”, comentó vía telefónica. “Creo que será el asunto más importante para los catalanes en el futuro previsible”.

La identidad catalana es un tema apasionante en la región del noreste que colinda con Francia, pero en otros sitios no ha capturado la atención del público y, más importante, carece de apoyo internacional.

Los fiscales basaron su caso en el referendo de independencia del 1 de octubre de 2017, que el gobierno catalán celebró pese al veto del máximo tribunal del país.

El voto a favor de la independencia ganó la consulta, pero al tratarse de una votación ilegal, la mayoría de los votantes no participó y el conteo se consideró poco fiable. Sin embargo, el Parlamento catalán declaró de forma unilateral la independencia tres semanas más tarde, desencadenando la peor crisis política en España en varias décadas.

El gobierno español intervino y despidió al gobierno regional de Cataluña, con los fiscales que posteriormente empezaron a presentar cargos.

Nueve de los catalanes acusados fueron condenados a entre 9 y 13 años en prisión por sus intentos de separar a Cataluña de España por medio de un referendo ilegal; otros cuatro recibieron penas por mal uso de fondos públicos y tres fueron multados por desobediencia. La Constitución española estipula que el país no puede ser dividido.

Todos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Miles de manifestantes indígenas, estudiantes voluntarios y residentes locales iniciaron una limpieza masiva este lunes por la mañana en un parque de Quito donde los manifestantes que rechazaban medidas de austeridad lucharon contra la policía durante días, dejando montones de neumáticos, árboles y material de construcción en llamas.

La limpieza comenzó horas después de que el presidente Lenín Moreno y los líderes indígenas llegaran a un acuerdo el domingo por la noche para cancelar el paquete de austeridad en disputa y poner fin a más de una semana del inicio de protestas que paralizaron la economía ecuatoriana y dejaron siete muertos.

Cuando los manifestantes abandonaron el Parque Arbolito y el centro cultural donde los manifestantes acamparon durante días, lanzaron una minga, un término indígena para un proyecto de trabajo comunitario.

Poco antes, la prefecta –como se llama localmente a la gobernadora– de la provincia ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón, muy cercana al expresidente Rafael Correa, fue detenida por actos vandálicos ocurridos en Quito el fin de semana, cuando encapuchados quemaron el edificio de la Contraloría, atacaron violentamente al canal de televisión Teleamazonas y el diario El Comercio.

La fiscalía lo informó a través de Twitter. Esta es la primera detención de una alta funcionaria pública vinculada al correísmo en torno a la violencia desatada el fin de semana en esta capital y otras ciudades. El presidente Moreno ha responsabilizado a Correa de ser el autor intelectual de un intento de desestabilización de la democracia ecuatoriana.

Duras movilizaciones indígenas terminaron el domingo, cuando Moreno derogó un decreto que generaba la sustancial elevación de los precios de los combustibles. Según el acuerdo, Moreno retirará el paquete respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Los líderes indígenas, a su vez, pidieron a sus seguidores que pusieran fin a las protestas y los bloqueos callejeros.

Las protestas por el paquete de austeridad provocaron bloqueos de carreteras, cierre de negocios y redujeron a la mitad la producción de petróleo de Ecuador, lo que obligó a detener temporalmente la exportación más importante del país.

La oficina del defensor del pueblo dijo el domingo que siete personas murieron en las protestas, 1.340 resultaron heridas y 1.152 arrestadas. El gobierno impuso un toque de queda de 24 horas el sábado, permitiendo a las personas moverse libremente por la capital entre las once de la mañana y las ocho de la noche.