El rostro más visible de la crisis energética por la que atraviesa Cuba está en las calles: filas zigzagueantes que se extienden por varias cuadras y que obligan a la gente a esperar hasta cinco horas para cargar combustible.
La gasolina comenzó a faltar esta semana, poco después de que el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la nación caribeña enfrenta un déficit de combustible del que culpó a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump y cuyo primer síntoma fueron las paradas de autobuses abarrotadas de personas.
“Si no logro echar gasolina ahora, tengo sólo combustible para llegar a mi casa y parquear el carro ahí”, dijo alarmado Karel Pérez, un empleado gastronómico de 44 años quien en su Lada celeste hacía una fila de varias hileras en forma de caracol sobre el Malecón habanero. Llevaba ahí unas dos horas.
El ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez dijo el viernes que la administración Trump está llevando a cabo una campaña mundial de presión sobre los proveedores de combustible de Cuba en América del Sur, Europa y África del Norte.
“Estas acciones incluyen la amenaza directa, la persecución a compañías de transporte de combustible, presiones contra gobiernos de registro y bandera de esos buques, acciones contras navieras y empresas de seguros”, dijo Rodríguez y sostuvo que ello “constituye una escalada que persigue efectos disuasivos, intimidatorios y destinados a crear dificultades adicionales a la población cubana”.
Un recorrido de The Associated Press por un puñado de gasolineras reveló extensas colas, discusiones entre choferes irritados por la espera o porque algunos se colaban, presencia policial para organizar las filas y hasta surtidores cerrados por falta de combustible. Uno de los choferes dijo que en días previos había estado cinco horas esperando para llenar su tanque.
El gobierno ha dicho que el problema es pasajero.
El transporte público y los autobuses obreros, así como la flota de automóviles perteneciente a dependencias gubernamentales, son vitales para mover a la población en la isla, donde el parque vehicular particular es escaso o viejo.
“Desde que el transporte está tan malo trato de no salir y llego caminando a mi trabajo”, comentó a AP Jacqueline Pereira, una empleada de una empresa náutica estatal de 35 años. “Era una niña en el Periodo Especial (la crisis de los años noventa) y no recuerdo mucho, pero ahora soy madre y estoy preocupada. La gente está tensa”.
La situación se suma a meses de carencias en los mercados y un desabastecimiento intermitente de productos debido a la falta de liquidez de la nación para adquirirlos en el exterior: cuando hay jabón desaparece el detergente o hay momentos en que los anaqueles están llenos de papel sanitario pero no se encuentra arroz, en un país con poca variedad para el consumo particular.
Díaz-Canel culpó a Estados Unidos de la crisis energética luego de que Trump endureció en los últimos meses las sanciones contra Cuba presionando por un cambio de modelo político en la isla y revirtiendo un acercamiento propiciado por su predecesor Barack Obama.
Para algunos como Pereira el fantasma del Periodo Especial, la crisis que sufrió Cuba tras la caída de la Unión Soviética, comenzó a flotar sobre la isla. Otros desechan el temor alegando que se trata de otra era y dan un argumento contundente: hasta ahora los temidos apagones que entonces aterrorizaron a la población no han ocurrido.
“Me imagino que sea algo coyuntural. Estamos en otra época”, reflexionó Elio Santana, un chofer profesional de 52 años que llevaba casi dos horas tratando de cargar combustibles en el automóvil de un banco del que es el conductor. “Es cierto que hago muchas colas, pero no tengo apagones”.
La economía cubana se diversificó desde los años noventa: el turismo aporta ingresos anuales superiores a los 2.000 millones de dólares y la venta de servicios profesionales mediante convenios con otros países deja unos 10.000 millones. Se estima que otros 2.000 millones provienen de remesas que envían los cubanos que viven en el exterior.
Díaz-Canel reconoció que la isla sufre muchas ineficiencias de gestión, pero destacó que la idea de Washington es asfixiar a la economía para derrocar a su gobierno.
Trump restringió los viajes de sus ciudadanos a la isla, limitó las remesas que pueden enviar los emigrados, formó listas negras de empresas cubanas, canceló los permisos para cruceros a la isla y repatrió a casi todos los funcionarios de la recién abierta embajada de Estados Unidos en La Habana, al tiempo que recrudeció la retórica en contra de las autoridades.
Recientemente activó un título de la Ley Helms-Burton que permite los procesos judiciales de estadounidenses contra empresas de otras naciones que operen con la isla y comenzó a perseguir a las navieras que traen a Cuba el crudo venezolano. Cuba depende de Venezuela para cubrir un 60% del combustible que su economía necesita y actualmente el país sudamericano enfrenta una crisis política y una baja en la producción de crudo.
“Estratégicamente cometieron el gran error una vez más de poner todos los huevos en una sola canasta, es decir, no aprendieron la lección de los años 80 cuando dependían de la Unión Soviética… sin tener una póliza de seguro que los protegiera de cambios políticos”, explicó a AP el experto en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón.
Según Piñón, Cuba produce unos 42.000 barriles de crudo diarios en sus pozos que ya tienen unos 25 años de explotación y su déficit alcanza los 60.000 barriles diarios, por lo que si Venezuela deja de enviar crudo como lo hace actualmente mediante créditos blandos, la isla deberá pagar en el mercado internacional unos 1.300 millones de dólares, casi lo que abona por alimentos para su canasta básica.
Para el experto “sin dudas” las sanciones de Estados Unidos tienen un impacto negativo para Cuba porque obligan a la isla a pagar “como una prima de guerra” a las navieras que se atrevan a traer petróleo, pero “no se puede echar la culpa al 100% de las sanciones”.
Las autoridades aseguraron que garantizarán los servicios básicos y que la economía no se paralizará y han comenzado a aplicar medidas como recortes horarios en universidades y centros de trabajo y en el uso de los vehículos estatales para mover a la población o apagando los aires acondicionados de las dependencias públicas.
