Meses después de ser testigo del asesinato de una amiga, Kenya Cuevas recibió en su casa una corona de flores a su nombre. El mensaje estaba claro: sigue haciendo ruido sobre la muerte de mujeres transexuales y serás la próxima.
México se ha convertido el segundo país más letal para las transexuales, por detrás de Brasil, con 261 asesinadas entre 2013 y 2018, según un estudio reciente de Letra S, un grupo de derechos LGBTQ.
Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de del país el 1 de diciembre, prometió que su gobierno llevará a cabo investigaciones “efectivas” sobre los delitos de odio contra la comunidad LGBTQ, pero la horrible tendencia se mantiene. Dieciséis mujeres transexuales fueron reportadas muertas en los cuatro primeros meses de 2019, y al menos seis más fueron asesinadas desde entonces, según un conteo de The Associated Press de los casos recogidos en la prensa local.
Como la mayoría de los delitos en México, casi todas esas muertes quedan sin resolver y sin castigar, menos de un 3% de los asesinatos de personas LGBTQ derivaron en condenas desde 2013. Así que los líderes y activistas de la comunidad transgénero están prácticamente solos en su búsqueda de una justicia que se les ha negado durante años.
Cuevas se pasó al activismo el 29 de septiembre de 2016. Esta noche, su amiga Paola Buenrostro, quien como ella era una prostituta transexual, se subió en el Nissan de un cliente y fue baleada varias veces. Cuando Cuevas corrió hacia el lado del copiloto del auto, el hombre la apuntó a la cabeza y apretó el gatillo. El arma se atascó.
Cuevas lo agarró y lo retuvo hasta que llegó la policía, y para entonces ya había comenzado a grabar con su celular. Pero a pesar de los múltiples testigos del homicidio y del video de Cuevas, el hombre quedó libre unos días más tarde.
Indignada, Cuevas dejó poco después la prostitución y fundó la organización Casa de Muñecas para hacer campaña en favor de la protección a las transexuales. Ahora es una de las activistas más conocidas entre un creciente coro de mujeres que buscan un cambio del gobierno mexicano.
Después llegaron las amenazas de muerte. Cuevas tiene ahora cámaras de seguridad instaladas en su casa y está acompañada por dos guardaespaldas gracias a un programa gubernamental que trata de proteger a periodistas y activistas.
“Cuando pasó lo de Paola, yo me manifesté y lo hice en público, pidiendo justicia todo el tiempo”, dijo Cuevas. “No quiero trato especial. Solo que me den justicia. Hagan su chamba”.
Según Lina Pérez, presidenta de la organización Cuenta Conmigo, de apoyo a la comunidad LGBTQ, las transexuales asesinadas rara vez recién justicia porque las autoridades suelen ignorarlas.
“Es más fácil la impunidad porque las mismas personas que ejercen la ley creen que son enfermos”, manifestó Pérez.
Las activistas señalan sin embargo algunas victorias en los últimos años. Una importante se produjo en 2014, cuando Ciudad de México se convirtió en pionera en el país al permitir que los transexuales cambien su género y nombre en su certificado de nacimiento, una ley que desde entonces ha sido adoptada en seis de los 31 estados.
Este cambio estuvo impulsado en parte por el grupo activista ProDiana, encabezado por Diana Sánchez Barrios.
Antes de la ley, los transexuales tenían que recurrir a costosos procedimientos judiciales para cambiar sus documentos identificativos, explicó Sánchez Barrios. Hace una década, ella se vio obligada a pasar comprobaciones sobre su estado mental, a proporcionar una letanía de testigos de varias etapas de su vida y a gastar miles de dólares para cambiar legalmente su nombre y su género.
“Es como si estuvieras en juicio solo por ser una mujer trans”, apuntó.
Alrededor de 4.000 mujeres trans modificaron su documentación a raíz de la ley de la Ciudad de México, pero la violencia persiste.
“Somos siempre los más vulnerables. Somos el blanco perfecto para la discriminación”, dijo Sánchez.
ProDiana busca ahora reformas institucionales para evitar la discriminación en áreas clave del gobierno como la policía.
Según Sánchez, la policía “no ha sido una gran aliada para las mujeres trans”. La activista describió años de extorsión y violencia a manos de agentes que se supone que deben proteger a los ciudadanos.
La vulnerabilidad es una constante en las vidas de las mujeres transexuales, que a menudo son rechazadas por sus familias y se ven abocadas a la calle. Tanto Cuevas como Sánchez se escaparon de sus casas cuando eran muy jóvenes para iniciar su proceso de transición.
“Fuimos a los funerales de compañeras asesinadas y sus familiares no querían que estuviéramos” contó Sánchez. “Tenemos que estar muy lejos de unas relaciones en las vidas de nuestras amigas”.
En muchos empleos se niegan a contratar a transexuales, lo que las obliga a dedicarse a la prostitución y las expone a los peligros de la calle, según activistas.
El asesinato de mujeres transexuales refleja la lucha más amplia del país contra la violencia de los cárteles y las pandillas, con unas tasas de homicidios que alcanzan nuevos récords cada año.
En 2018, 53 transexuales fueron asesinadas en el país. Entre ellas estaba una mujer que apareció en un contenedor de basura con la cara tan golpeada por una piedra que era irreconocible. Una fue torturada hasta la muerte por sus captores mientras su familia escuchaba sus últimos momentos de vida por teléfono. Otra apareció desnuda y estrangulada en su cuarto. En ninguno de estos casos se identificó públicamente a los sospechosos.
El pasado 13 de agosto, una mujer trans murió tras recibir ocho puñaladas en la Ciudad de México, según reportes de la prensa local. Su agresor huyó y la policía no tiene sospechosos.
Aunque el gobierno de López Obrador se ha posicionado públicamente a favor de los derechos LGBTQ, no está claro qué protecciones podría poner en marcha ni su visión para combatir la violencia contra la comunidad.
Alexandra Haas, directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dijo que la administración quiere volver a formar a fiscales y policías en el manejo de casos con prostitutas trans. El gobierno está trabajando con la fiscalía para establecer protocolos unificados en todo México.
“Lograr que a nivel de las procuradurías se tome en serio y como una herramienta de trabajo para nosotros es muy importante”, dijo Haas.
Sánchez señaló que queda mucho trabajo por hacer a todos los niveles del gobierno. Le gustaría ver como el ejecutivo federal aprueba una ley de matrimonio igualitario, algo que ahora se gestiona por estados, y se desafían otras decisiones locales que podrían infringir derechos como el cambio legal de género.
“Este gobierno izquierdista que tiene su mayoría en la legislativa y en el Senado y acá en la Ciudad de México, tiene que generar leyes a favor de la diversidad sexual”, manifestó la activista.
En el desfile del Orgullo celebrado en junio en la capital, Cuevas recorrió la principal avenida de la ciudad en lo alto de una carroza para llamar la atención sobre la violencia contra la comunidad trans.
La muerte no ha dejado de perseguirla. En enero, su amiga Pamela Sandoval se convirtió en la primera víctima transexual conocida con el nuevo gobierno.
Cuevas dijo que está dispuesta a soportar las amenazas de muerte si eso supone que puede ayudar a conseguir un mundo más seguro para la comunidad trans mexicana.
“Si no lo hago yo, el gobierno no lo va a hacer”, declaró. “¿Y si espero que lo haga el gobierno, cuantas más van a estar asesinadas?”.
