México considera que las medidas puestas en marcha en los últimos tres meses a raíz del acuerdo con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio están dando resultados. Pero colectivos de defensa de derechos humanos denunciaron el acoso al que son sometidos los migrantes, mientras crece la desesperación de los que se han quedado varados en el norte y el sur del país.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, tiene previsto presentar este viernes un balance del acuerdo que evitó la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, cuando acaba de cumplirse el plazo de 90 días acordado por ambos países para valorar lo conseguido.
Las cifras parecen indicar que el flujo hacia el norte se ralentizó. En julio, la Patrulla Fronteriza detuvo a 72.000 personas frente a las 95.000 de junio y las 133.000 de mayo, y México endureció drásticamente los controles al destinar a 21.600 efectivos, entre militares y miembros de la nueva Guardia Nacional, al control de sus dos fronteras y las rutas migratorias.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el intento por evitar los aranceles les obligó “a ser más estrictos en la aplicación de la ley” pero insistió en que toda esta contención se hizo “sin violar derechos humanos (…) sin usar la fuerza y la coerción, sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen”.
El mandatario parece haber hecho del combate al tráfico de migrantes su propia lucha. Un ejemplo fue su actitud hacia las protestas de los cientos de africanos varados en Tapachula, en la frontera sur, que esperan desde hace meses los documentos que les permitan llegar a Estados Unidos para pedir asilo.
“No vamos a ceder”, aseguró. A su juicio, esas protestas pretendían obligar a las autoridades mexicanas “a dar certificados para que sean admitidos los migrantes en Estados Unidos, eso no lo podemos hacer, no nos corresponde”.
El presidente también señaló que las caravanas de migrantes, que en un primer momento fueron toleradas por el gobierno, estaban organizadas por coyotes. “Todos estos que cobran, que trafican con la necesidad de trabajo, de bienestar, de seguridad de los migrantes, pues están cometiendo un delito y si continúan con esas actitudes, pues van a ser sancionados”, dijo López Obrador.
“Sin violar derechos humanos, estamos cuidando que no haya anarquía, desorden”, afirmó.
Algunos sectores de la población, como el empresarial, alaban las medidas. Otros consideran que el gobierno se está plegando a los deseos de Washington.
“México solo quiere cumplir con Estados Unidos y frenar la migración pero están improvisando y brincándose la ley”, lamentó Javier Martínez, abogado de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila. “Están pasando cosas que nunca habían pasado”.
Las autoridades hicieron redadas en trenes hacia el norte, sacaron a los migrantes de autobuses o de camiones de carga en los que viajaban de forma ilegal, pusieron patrullas militares frente a los albergues o hoteles donde se alojan y devolvieron a sus países a los “rescatados” de las casas de seguridad donde los tienen los traficantes, como los 220 localizados en Puebla horas antes del informe de Ebrard.
Martínez indicó que incluso se amenazó a empresas de transporte con multas si venden boletos a personas que no tienen su documentación en regla.
El padre Alejandro Solalinde, director de un albergue para migrantes en Ixtepec, en el sureño estado de Oaxaca, cree que no había muchas opciones ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“De los males, el menor”, resumió. “Siendo Donald Trump una persona inestable, sorpresiva, se tuvo que hacer ese acuerdo”.
Y auguró que igual que “va a seguir el dialogo, va a seguir también la presión de Estados Unidos”.
Mientras tanto, la desesperación crece entre los migrantes varados en el país.
Médicos sin Fronteras alertó el jueves de la situación de los solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido devueltos a la frontera norte. “Esperar en México mientras se procesan sus casos, quedándose en ciudades como Matamoros, donde la infraestructura es deficiente y los altos niveles de violencia, incluidos el secuestro, la extorsión, el robo a mano armada y la violencia sexual, ponen en riesgo su salud y sus vidas”, indicó la ONG en un comunicado.
Y en Tapachula, en la frontera sur con Guatemala, la situación no es mucho mejor.
“Estamos en cárcel abierta, no tenemos derecho de nada”, se quejaba José Bento, un congoleño que protestaba por la indiferencia de las autoridades mexicanas. “Esta es una política de mentiras. Somos considerados como animales”.
