Un juez abrió un proceso contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano de México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, por supuestamente saber de desvío de fondos y no denunciarlo, y dictó prisión su preventiva, con lo que se convirtió en el primer miembro del gabinete del exmandatario en pisar la cárcel.
Robles está acusada de “ejercicio indebido del servicio público”. Según la fiscalía, habría tenido pleno conocimiento de las irregularidades desde junio de 2014 pero no las denunció, lo que afectó los intereses y el patrimonio de las dos secretarías de las que fue titular y ocasionó daños a las arcas públicas que la fiscalía cifra en 260 millones de dólares.
El juez también solicitó a la Fiscalía General que precise e investigue cómo Robles informaba al presidente Peña Nieto lo que ocurría en sus departamentos, explicó a la AP un miembro del Poder Judicial que pidió el anonimato por no tener autorización para hacer declaraciones. El objetivo sería clarificar si el mandatario pudo o no tener conocimiento de las irregularidades.
Nadie duda del impacto de este procesamiento, el primer gran caso que se judicializa contra un funcionario de alto nivel de la anterior administración. Sin embargo, mientras algunos analistas lo consideran una muestra de la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, otros piden tiempo para ver si esta tendencia se consolida.
Rosario Robles insistió en su inocencia hasta poco antes de ingresar a una cárcel del sur de la capital. “Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso estoy aquí”, declaró a la prensa durante la audiencia, y dijo estar “con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara”.
Su abogado, Julio Hernández, se quejó de la utilización política del caso, denunció el uso de “argucias y artimañas” por parte del juez y confió en que la exfuncionaria quede en libertad en cuestión de días.
En declaraciones a Radio Fórmula, Hernández negó que Robles haya implicado al expresidente y detalló que aunque reconoció que había un canal de comunicación entre ellos “jamás dijo que había puesto de su conocimiento algún hecho que pudiera considerarse delictivo”.
El abogado también aseguró que la prisión preventiva no se justifica porque se la acusa de “un delito menor”, no hay evidencia de que no vaya a comparecer en posteriores audiencias ni que suponga un riesgo para la sociedad.
El miembro del Poder Judicial antes mencionado explicó que uno de los motivos por los que el juez tomó esta decisión fue porque durante la audiencia se acreditó un domicilio falso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, no quiso pronunciarse el sobre la posibilidad de que Peña Nieto pueda ser vinculado con la investigación porque se trata de un proceso abierto. “El juez va a decir si hay que llamar a declarar a otras personas”, afirmó.
“Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de derecho; no como antes, que era un estado de chueco, de cohecho”, agregó.
Gerardo Rodríguez, profesor la Universidad de las Américas de Puebla y coautor del Índice Global de Impunidad, consideró que este proceso “rompe el pacto de impunidad” que tradicionalmente había entre una administración y la siguiente. “La perspectiva es que estas investigaciones sigan creciendo y que puedan llegar a otros exsecretarios o inclusive al expresidente”, indicó.
La fiscalía también tiene abiertos varios casos por diversos delitos de corrupción contra Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos durante el periodo de Peña Nieto (2012-2018) y contra quien se emitieron varias órdenes de captura. Según Rodríguez, eso es otra muestra de que se está haciendo bien el trabajo aunque subrayó hay que evitar “fugas de información” como la permitió que Lozoya se encuentre ahora en paradero desconocido.
Otros expertos, sin embargo, fueron más cautos.
“Todo depende de que pase después”, explicó José Antonio Crespo, analista del Centro de Investigaciones y Docencia Económica. “Si todo se queda en Robles o Lozoya, se va a parecer mucho al esquema del PRI [el Partido Revolucionario Institucional], la aplicación de la ley de forma selectiva a una o dos personas para que pareciera que sí se estaba haciendo algo”, dijo.
Crespo puso como ejemplo el encarcelamiento de la líder sindical Elba Esther Gordillo durante la administración de Peña Nieto. Gordillo quedó en libertad por falta de pruebas.
“Ese esquema no sirve para combatir la corrupción”, agregó el académico, a menos que se haga de forma sistemática.
