A menos de unas horas de la renuncia prevista del gobernador de Puerto Rico, su sucesor designado trataba de convencer a los legisladores para que lo confirmaran, en un intento final de evitar el caos político y una posible crisis constitucional.
Sin embargo, aunque Pedro Pierluisi lograra la confirmación de la Cámara de Representantes antes de las 5:00 de la tarde, los legisladores disentían sobre si podía suceder al gobernador renunciante Ricardo Rosselló debido a un enconado debate legal sobre el orden constitucional de sucesión.
Tras el júbilo provocado por el éxito de una movilización popular que obligó a Rosselló a renunciar sobrevinieron la amargura y el pesimismo por el caos y la confusión reinantes en la isla, golpeada por años de bancarrota y el paso del huracán María en 2017, uno de los peores desastres naturales de la historia de Estados Unidos.
“La situación es bien difícil porque el pueblo esta disgustado con el gobierno en general, no solamente con Ricardo Rosselló sino también con todo el gobierno”, dijo Janeline Ávila, de 24 años, quien acaba de obtener su título en biotecnología.
Pierluisi, de 60 años, exrepresentante de Puerto Rico en el Congreso en Washington, enfrentaba a una veintena de legisladores en la primera de dos audiencias que debaten su designación como secretario de Estado, quien asumiría la gobernación al quedar vacante el puesto. En Puerto Rico, el secretario de Estado es un cargo que equivale a vicegobernador.
De no ser confirmado, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez será gobernadora automáticamente, ya que es la siguiente en la línea de mando. Ha dicho que aceptará el cargo, pero con renuencia.
Pero aunque lo confirmaran, persistiría la incertidumbre sobre el futuro político de Puerto Rico.
Algunos legisladores dicen que basta la confirmación de la cámara para que Pierluisi pueda asumir la gobernación. Los opositores dicen que también se requiere la aprobación del Senado y que si no la obtiene, impugnarán su nombramiento ante la justicia.
Preguntado sobre este particular, Pierluisi dijo que no sabía si su confirmación como secretario de Estado le permitiría asumir la gobernación a las 5.
Los legisladores y el mismo Pierluisi han expresado el temor de que la incertidumbre política le impida a Puerto Rico obtener fondos federales para recuperarse del huracán María y resolver su crisis económica, pero varios legisladores acusaron a Pierluisi de conflicto de interés porque trabajaba para un bufete de abogados que representa a una junta federal supervisora de las finanzas de la isla, un organismo que ha chocado reiteradamente con las autoridades locales al exigir medidas de austeridad.
Pierluisi, cuñado del presidente de la junta, dijo en sus declaraciones iniciales que nadie estaba más capacitado que él para abogar por los puertorriqueños ante la junta o facilitar el proceso que la obligue a partir.
El Congreso federal creó la junta para supervisar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, de 70.000 millones de dólares.
Pierluisi dijo que se opone al despido de empleados públicos, la eliminación del aguinaldo, el cierre de escuelas y otras medidas de austeridad exigidas por la junta.
Dijo que apoya las sociedades entre el sector público y el privado y la privatización de la empresa de energía eléctrica.
Cuando los legisladores lo presionaron sobre su trabajo como abogado de la junta, dijo: “Antes fui abogado, ¿y qué? Ese conocimiento es bueno. Va a ser bueno para Puerto Rico”.
