Revelan los resultados de una investigación periodista donde se confirma que la constructora brasileña Odebrech realizó pagos secretos por unos US$39 millones relacionados a la planta a carbón de Punta Catalina.
La información fue dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por la publicación ecuatoriana La Posta.
El documento detalla que, En diciembre de 2016, cuando la empresa constructora brasilera Odebrecht S.A. reconoció el armado de un inmenso sistema de corrupción, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió como “el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia”, se desató una ola de escándalos políticos en toda Latinoamérica.
Información íntegra:
“División de Sobornos”, una nueva investigación llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), revela que esos pagos a cambio de contratos eran aún más grandes que lo admitido por Odebrecht, y que involucraban a destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados ni en las causas judiciales en trámite ni en ninguna otra investigación oficial hasta la fecha.
El nuevo hallazgo se desprende de la filtración de un enorme número de documentos y registros del “Departamento de Operaciones Estructuradas”, una división de Odebrecht creada básicamente con el propósito de manejar los sobornos que entregaba la empresa. Esos registros fueron obtenidos por la organización de noticias ecuatoriana La Posta, y luego compartidos con el ICIJ y 17 medios aliados en el continente americano. Las filtraciones revelan pagos secretos a lo largo y a lo ancho de toda la región, y que se van mucho más allá de lo informado públicamente hasta ahora. Entre otras cosas, lo registros revelan:
+ Pagos secretos de Odebrecht por más de 39 millones de dólares vinculados con la construcción de la gigante central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina en República Dominicana. Las dos investigaciones oficiales previas sobre el proyecto, que informaron no haber encontrado hechos delictivos, no mencionan estos pagos.
+ Diecisiete pagos por un total de más de 3 millones de dólares relacionados con un gasoducto en Perú. Entre los beneficiarios listados de esos pagos se encuentra una empresa propiedad de un político peruano que en una grabación no vinculada a este caso y difundida recientemente por un programa televisivo de Perú aparece complotando el asesinato de un adversario político.
+ Emails donde se discuten los pagos secretos realizados por un banco propiedad de operarios de Odebrecht a empresas fantasma y relacionados con un contrato de 2.000 millones de dólares para la construcción de una red de subterráneos en Quito, capital de Ecuador. Los documentos no revelan quién recibió el dinero.
+ Pagos relacionados con más de una docena de otros proyectos de infraestructura en países de toda la región, incluidos más de 18 millones de dólares vinculados a la red de subterráneos de la Ciudad de Panamá, y más de 34 millones de dólares relacionados con la Línea 5 de la red de subterráneos de Caracas, Venezuela.
Los pagos de Odebrecht a funcionarios públicos eran de tal escala que la empresa creó una división especial interna, el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo propósito básico era el manejo y pago de sobornos. Los archivos obtenidos por La Posta y el ICIJ contienen más de 13.000 documentos que esa unidad de Odebrecht almacenaba en una plataforma de comunicaciones secretas conocida como Drousys. Esos mismos registros también fueron obtenidos, de manera independiente, por el medio de prensa ecuatoriano Mil Hojas, que luego se sumó a este proyecto.
En Brasil, epicentro del escándalo, el expresidente por dos mandatos Luiz Inacio Lula da Silva –calificado alguna vez por Barack Obama como “el político más popular del planeta”–, cumple una larga condena en prisión por corrupción y negociados, incluidos delitos vinculados a Odebrecht. El 17 de junio de este año, la empresa Odebrecht anunció que presentaría ante la justicia un Procedimiento Preventivo de Crisis, para reestructurar su deuda de 13.000 millones de dólares y evitar la quiebra.
Hace más de cuatro meses que el ICIJ trabaja con más de 50 periodistas de 10 países en un análisis a fondo de los registros contables de ese “Departamento de Sobornos” de la empresa Odebrecht.
En un comunicado enviado al ICIJ, Odebrecht ratificó su compromiso de plena cooperación con las autoridades que investigan la corrupción vinculada a la empresa. “Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto”, informó en su declaración.
La empresa no quiso responder sobre casos individuales.
El escándalo Odebrecht es un imparable terremoto político que sacude a Latinoamérica.
Las revelaciones sobre pagos ilegales han tumbado gobiernos en Brasil y Perú y llevado al encarcelamiento de expresidentes de ambos países. Y a medida que se fueron descubriendo nuevos destinatarios de esos sobornos, los fiscales de toda la región han imputado a un creciente y constante número de funcionarios públicos y privados.
Pero las nuevas filtraciones dejan en claro que la red de corrupción de Odebrecht se extendía a muchos proyectos de obras públicas y a personalidades públicas que hasta ahora no habían sido alcanzados por la ley, lo que genera dudas sobre la total honestidad de la confesión de Odebrecht ante las autoridades y sobre la voluntad política de algunos fiscales para avanzar con los casos.
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, una agrupación anticorrupción de República Dominicana, dice que los negociados relacionados con el proyecto energético y la falta de respuesta del gobierno dominicano socavan la credibilidad de las instituciones políticas del país.
“En el país hay un sistema de complicidades para el enriquecimiento de una minoría, tanto del sector público como privado, basado en el empobrecimiento de la mayoría”, dice Pimentel. “Eso es lo que revela el caso Odebrecht.”
El desenmascaramiento de las prácticas corruptas de la empresa también ha causado agitación política, desatando la furia de los políticos del establishment y alimentando una creciente inestabilidad.
“Cuando todos los partidos tradicionales quedan deslegitimados, se abre espacio para la insurgencia de un populista”, dice Yascha Mounk, politólogo de la Universidad Johns Hopkins dedicado al estudio del declive global de la democracia liberal.
Cuando Lula da Silva quedó afuera de la contienda por la presidencia debido a su condena judicial, los votantes tomaron la crucial decisión de elegir al exmilitar ultraconservador Jair Bolsonaro, que hizo campaña despotricando contra las élites corruptas y que una vez dijo que la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985 debería haber asesinado a 30.000 personas más.
Las filtraciones también dejan al desnudo el rol que jugó el oscuro mundo de las finanzas offshore, que fue el que hizo posible el funcionamiento de la oficina de sobornos de Odebrecht. Si bien los beneficiarios de los sobornos eran casi todos de Latinoamérica, los pagos invariablemente se canalizaban a través de una secreta red de empresas y cuentas fantasma en paraísos fiscales.
Esas turbias entidades offshore canalizaban cientos de millones de dólares en pagos secretos, a través de empresas y bancos en países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China, los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, y Antigua y Barbuda. En un caso, los pagos pasaron de Odebrecht a una empresa radicada en las Bahamas y de ahí a una con domicilio en República Dominicana, que luego compró un departamento de 2 millones de dólares en el centro de Manhattan.
En total, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2001 y 2016, la empresa Odebrecht pagó más de 788 millones de dólares en concepto de sobornos, que le reportaron unos 3.300 millones de dólares en ganancias mal habidas.
“Es alucinante pensar que esto funcionó durante tanto tiempo”, dice Shruti Shah, presidente y CEO de Coalición por la Integridad, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Washington que impulsa mayores controles para frenar la corrupción empresarial y gubernamental.
