El Primer Tribunal de Santo Domingo condenó de 20 años de prisión y el pago de una indemnización de dos millones de pesos a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijastras, dos adolescentes de 13 y 16 años de edad y provocar un aborto a la más joven.
El tribunal acogió además la solicitud de la Fiscalía de Santo Domingo Este y le impuso tres años de prisión a la madre de las menores, cuyos nombres se omiten para salvaguardar su integridad moral, por conocer la situación y omitirla, lo que se convierte en complicidad.
El organismo persecutor presentó pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal de los imputados en torno a la violación de los artículos 59, 60, 317, 331 y 332 del Código Penal Dominicano, que castigan la violación sexual, aborto e incesto, así como la complicidad en cualquier hecho penado, además de la violación del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), informaron en una nota enviada a la prensa.
En su acusación el Ministerio Público establece que recibió la denuncia por parte del Hospital Materno San Lorenzo de Los Mina, en fecha 14 de marzo del 2018, quienes en sus registros médicos indican que la menor de 13 años fue llevada por su padrastro al centro asistencial con un sangrado y que tras realizársele las evaluaciones correspondientes, resultó ser un aborto inducido.
De inmediato, indica el expediente, el personal procedió a activar el protocolo de respuesta en este tipo de casos y lo remitió a la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género.
Los estudios psicológicos practicados a la menor revelaron que su padrastro la había abusado sexualmente y que le dio a tomar un té amargo, amenazándola para que no lo dijera a nadie, lo que además fue confirmado mediante estudio médico legal.
En el transcurso de las investigaciones, el Ministerio Público descubrió que existían en registro dos denuncias de abuso sexual en contra del padrastro, que eran de conocimiento de la madre de la menor. En una de esas denuncias también figuraba como víctima la adolescente de 16 años, por lo que esta fue sometida a exámenes médicos y psicológicos.
Los elementos probatorios recopilados por el Ministerio Público fueron acogidos como válidos para sustentar el fallo y enviar a los encartados a cumplir sus respectivas condenas en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, de San Cristóbal.