CARACAS (AP) — El fiscal general de Venezuela solicitó este martes al Tribunal Supremo de Justicia prohibir la salida del país al líder opositor Juan Guaidó e iniciar un proceso en su contra, en momentos que la comunidad internacional incrementa la presión contra Nicolás Maduro.
El fiscal Tarek William Saab también pidió congelar los activos de Guaidó, quien ha recibido el reconocimiento como mandatario interino de varios países, incluido Estados Unidos y una docena de naciones latinoamericanas. Además, solicitó que se le prohíba al también líder de la Asamblea General enajenar y gravar bienes.
Apenas unas horas antes, el gobierno de Estados Unidos anunció que permitiría a Guaidó controlar los activos venezolanos que se encuentran en la Reserva Federal de ese país.
Saab justificó la solicitud de las acciones contra el presidente del Congreso alegando que busca permitirle al Ministerio Público desarrollar una “investigación preliminar” contra Guaidó, al que señaló de haber encabezado una serie de acciones que desencadenaron “diversos acontecimientos violentos” a partir del 22 de enero y que llevaron a que países extranjeros pidieran medidas de congelamiento de activos del Estado venezolano.
Las acciones del fiscal, un exmilitante del partido oficialista, representan una nueva escalada en el enfrentamiento entre el gobierno y la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, que ha solicitado a Estados Unidos y otros de la región y Europa la protección de los activos de Estado, lo que podría bloquearle el acceso a Maduro a bienes públicos.
“No desestimo las amenazas y la persecución en este momento”, afirmó Guiadó al ser cuestionado sobre las acciones del fiscal, y dijo que seguirá ejerciendo sus funciones con las competencias que le da la Constitución para atender la emergencia humanitaria y proteger los activos de Venezuela.
Guaidó informó que la mayoría opositora del Congreso aprobó la designación de los diplomáticos de Venezuela en Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú, entre quienes destaca el expresidente del Legislativo, Julio Borges, que fue nombrado representante ante el Grupo de Lima.
Poco antes de que Saab hiciera los anuncios, el dirigente opositor de 35 envió un mensaje a los magistrados a través de Twitter y los exhortó a no “sacrificarse” con Maduro. “El régimen está en su etapa final. Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador”.
Durante una visita a la Base Aérea Libertador en el estado central de Aragua, Maduro exhortó a la Fuerza armada mantenerse “leales con lo que decidió el pueblo de Venezuela en libres comicios, nombrarme presidente de la República”.
El gobernante socialista además se mofó del asesor de seguridad estadounidense John Bolton, mencionando que durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, portaba una libreta que incluía la frase “5.000 tropas a Colombia”. Acto seguido, en tono más serio, Maduro afirmó que esa escena es parte de “una guerra psicológica infantil. ¿Ustedes la vieron? Con una carpeta diciendo vamos a mandar tropas a Colombia”.
Bolton no mencionó ningún plan que involucre tropas en Colombia, que limita con Venezuela; pero un fotógrafo de la AP y varios otros medios de comunicación captaron la imagen.
Previamente, una nueva funcionaria pública, la jueza del estado occidental de Yaracuy, Ediluh Guedez, se sumó el martes otros tres diplomáticos que reconocieron a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Guedez dijo en un video que difundió en las redes sociales que fue coaccionada por una jueza superior a que ordenara el arresto de once adolescentes que participaron en recientes protestas antigubernamentales y que tras objetar las presiones recibió amenazas de muerte contra ella y su familia. “Reconozco al gobierno de transición para enrumbar los destinos de nuestro país hacia la democracia”, expresó la juez.
En los últimos tres días, la funcionaria del consulado de Venezuela en Houston, Yajaira Flores; la cónsul de primera en la ciudad de Miami, Scarlet Salazar, y el agregado militar de Venezuela en Washington, coronel de la Guardia Nacional José Luis Silva, se han pronunciado a favor de Guaidó y contra el gobierno de Maduro.
En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes una advertencia a sus ciudadanos para que “no viajen” a Venezuela ante los desórdenes y posibilidad de detención arbitrarias a los estadounidenses.
El gobierno de Maduro sufrió un duro golpe a sus finanzas luego que el Departamento del Tesoro anunciara el lunes una nueva ronda de sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que limitarán el acceso a aproximadamente 7.000 millones de dólares en activos de la corporación.
En una primera reacción Maduro anunció que su gobierno emprenderá acciones políticas y legales ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad de Citgo, filial estadounidense de PDVSA, y acusó al mandatario Donald Trump de “buscar robar” esta empresa a Venezuela.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, certificó el martes a Guaidó para que tome el control de las cuentas bancarias que tiene el gobierno de Venezuela en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o en cualquier otro banco asegurado por los Estados Unidos. Pompeo expresó en un comunicado que la certificación “ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a proteger esos activos” en beneficio de los venezolanos.
Sobre las consecuencias inmediatas que podrían acarrear las nuevas sanciones, el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma local de análisis económico Ecoanalítica, afirmó que de no darse una solución política pronto Venezuela enfrentará “graves problemas de combustible” debido a que gran parte de los aditivos que utiliza PDVSA para producir la gasolina vienen de Estados Unidos.
Debido a la caída de la producción, que ronda 1,2 millones de barriles diarios, y los problemas financieros y operativos la corporación petrolera viene arrastrando desde hace varios meses algunas dificultades para producir y surtir de gasolina a Venezuela donde casi la totalidad del traslado de alimentos y otros bienes se realiza por transporte terrestre, y existen varias plantas termoeléctricas que depende del combustible para sus operaciones.
Oliveros dijo a The Associated Press que ante el “estado de vulnerabilidad” en el que se encuentra la economía, los efectos de las sanciones “no van a tardar en manifestarse”.
El analista explicó que entre 80% y 90% de los ingresos por divisas libres que recibe el gobierno vienen de unos 500.000 barriles diarios que se vende a Estados Unidos, y dijo que de cortarse esas entradas la administración de Maduro quedará muy limitada para importar alimentos y otros bienes y cubrir su poca operatividad externa, lo que agravará aún más los problemas de escasez de productos básicos y la recesión.
Además del mercado estadounidense PDVSA tiene entre sus principales clientes a China (al que le vende más de 300.000 barriles diarios), pero el petróleo que se exporta al gigante asiático está comprometido en el pago de una deuda de unos 21.000 millones de dólares.
Venezuela enfrenta el complejo panorama en medio de una profunda crisis económica con una desbordada hiperinflación de siete dígitos, y una severa recesión y escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.
