HIDALGO, Texas, EE.UU. (AP) — Mientras el presidente Donald Trump visitaba el sur de Texas este jueves para promover su pedido de 5.700 millones para construir un muro, Eloisa Cavazos, quien tiene una propiedad en la frontera con México, dice que sabe por experiencia propia qué es lo que pasará con el proyecto si es que la Casa Blanca consigue lo que quiere.
El gobierno federal ha comenzado a levantar planos topográficos de los terrenos en la frontera de Texas y ha anunciado planes para comenzar la construcción el próximo mes. Pero en lugar de ceder su tierra, algunos propietarios prometen rechazar las ofertas de compra y se preparan para pelear con el gobierno en la corte.
“Podrías darme un billón de dólares y no te los recibiría”, dijo Cavazos, cuyo terreno se asienta en la ribera del río Bravo, que del lado estadounidense se llama río Grande y separa a Estados Unidos de México. “No se trata de dinero”.
Trump llegó el jueves a McAllen, una ciudad con una población de 143.000 personas que está ubicada en la zona más concurrida de la frontera para cruces ilegales. Recorrió una sección de la frontera y dijo: “Muchos de los crímenes en nuestro país son ocasionados por lo que entra desde aquí”.
“Sea de acero o concreto, no importa. Necesitamos una barrera”, añadió.
En marzo, el Congreso asignó fondos para 53 kilómetros (33 millas) de muro y cercos en Texas. El gobierno ha anunciado planes que atraviesan propiedades privadas en el Valle del Río Grande. Algunas de las personas a ser afectadas son propietarios que han vivido en el valle durante generaciones, organizaciones ambientales y una capilla del siglo XIX.
Muchos han contratado abogados que se aprestan a pelear contra el gobierno si, tal como se espera, expropia los terrenos.
La oposición se intensificará si los demócratas aceptan el pedido del gobierno de Trump de construir más de 345 kilómetros (215 millas) nuevos de muro, incluyendo 167 kilómetros (104 millas) en el Valle del Río Grande y 89 kilómetros (55 millas) cerca de Laredo. Incluso un acuerdo para instalar “placas de acero”, tal como Trump ha insinuado, o más cercos como los que los demócratas antes han respaldado, provocaría más demandas y rechazos en Texas.
Expertos en leyes dicen que declarar una emergencia nacional no dispensaría a Trump de las responsabilidades inherentes al proceso de expropiación, que requiere que el gobierno demuestre que el terreno va a ser para uso público y ofrezca una compensación monetaria a los dueños.
Cerca del río Bravo, le preguntaron a Trump el jueves qué tan rápido podría comenzar con la construcción del muro si declaraba una emergencia nacional.
“Pienso que sería muy rápido”, respondió y agregó que aunque alguien “quizás” demande para detener la construcción, “ganaríamos esa demanda, creo, muy rápido”.
Si bien es la primera visita de Trump como presidente a la frontera de Texas, las medidas contra la inmigración de su gobierno se han sentido ahí durante meses.
Cientos de los más de 2.400 niños que fueron separados de sus padres hace unos meses estuvieron detenidos dentro de jaulas en una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen. Además, se abrieron tres instalaciones para los niños más pequeños en la región.
El presidente también envió soldados a la frontera en respuesta a una serie de caravanas migrantes antes de las elecciones de noviembre. Esos elementos tuvieron mucha presencia en el Valle de Río Grande, aunque desde entonces se han ido sigilosamente. Una portavoz para la misión de seguridad fronteriza dijo que cerraron su campamento base a lo largo de la frontera el 22 de diciembre.
Sin embargo, el muro de Trump durará más que su gobierno. Construir el muro aquí es una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) porque es la zona más transitada para cruces fronterizos ilegales. Más de 23.000 padres y niños fueron capturados cruzando sin autorización la frontera en el Valle de Río Grande en noviembre, más del triple que el año previo.
Funcionarios del DHS argumentan que un muro frenaría los cruces y desanimaría a las familias centroamericanas de intentar migrar hacia el norte. La mayoría de esas familias buscan asilo por la violencia en sus países de origen y con frecuencia se entregan a agentes fronterizos cuando llegan ahí.
Con parte de los 1.600 millones de dólares que el Congreso aprobó en marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció que construiría 40 kilómetros (25 millas) de muro a lo largo del dique para control de inundaciones en el condado Hidalgo, que se extiende muy al norte del Río Grande.
El Congreso no permitió la construcción de ninguno de los prototipos de muro de Trump. Sin embargo, el gobierno planea solicitar un muro de concreto a la altura del dique existente, con postes de acero de 5,5 metros (18 pies) sobre él. La CBP quiere despejar 45 metros (150 pies) frente a cualquier construcción nueva para una “zona de control” con vías de acceso, cámaras e iluminación.
El gobierno demandó a la diócesis católica el año pasado para que sus topógrafos tuvieran acceso al sitio de la capilla La Lomita, que se fundó en 1865 y fue un lugar importante para los misioneros que viajaban a caballo al Valle del Río Grande.
Sigue siendo el epicentro de la comunidad católica del Valle del Río Grande y ahí se organizan bodas y funerales, así como la procesión del Domingo de Ramos que atrae a 2.000 personas.
La capilla está cerca del Río Grande y justo en el área en donde CBP quieres construir la “zona de control”.
La diócesis dijo que se opone al muro fronterizo porque la barrera va en contra de la doctrina católica y de la responsabilidad de la Iglesia de proteger a los migrantes, así como de los derechos a la libertad religiosa consagrados en la Primera Enmienda. Un grupo jurídico de la Universidad de Georgetown se ha unido a la diócesis en la demanda.
El padre Roy Snipes dirige una oración cada viernes para que su capilla no sea afectada. Con un sombrero vaquero, sotana blanca y cruz de metal, es conocido como el “sacerdote vaquero” y a veces va de su casa a la capilla en bote por el Río Grande.
“Envenenaría el agua”, dijo Snipes. “Seguiría siendo un lugar sagrado, pero sería un lugar sagrado que fue profanado”.
Las aproximadamente 25 hectáreas (64 acres) de la familia Cavazos fueron adquiridas por su abuela hace 60 años.
Rentan parte de la propiedad a inquilinos que han construido pequeñas casas o comprado casas rodantes, y cobran apenas 1.000 dólares al año. Viven de las ganancias de la tierra y se preocupan de que una cerca desaliente a los inquilinos y convierta su propiedad en “tierra de nadie”.
En el resto de la propiedad hay graneros de madera, establos y un muelle de madera que se adentra al río que fluye tranquilamente hacia el Golfo de México. El hermano de Cavazos, Fred, puede sentarse en el muelle en su silla de ruedas y pescar con una caña hecha de junco de carrizo tomado de la orilla del río.
Los topógrafos examinaron la propiedad en diciembre bajo el amparo de una orden de una corte federal. La familia no ha recibido una oferta a cambio de su tierra, pero sus abogados del Proyecto de Derechos Civiles de Texas esperan que llegue una carta con la oferta en las próximas semanas.
“Todos nos dicen que vendamos y nos vayamos a un mejor lugar”, dice Cavazos. “Para nosotros este es el paraíso”.
