CARACAS (AP) — Venezuela está sumida en la peor crisis económica de su historia tras dos décadas de gobiernos del ahora fallecido presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro, su sucesor.
En 2018, el país sudamericano ha padecido una inflación de siete dígitos, mayor escasez de productos básicos como alimentos y medicinas, y una profunda recesión que ha obligado a muchos venezolanos a emigrar.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela, entre las peores de la historia mundial, podría superar el 1.370.000% a finales de año. Naciones Unidas, en tanto, reveló que unos tres millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015, la mayoría de ellos buscando mejores condiciones de vida.
Maduro, empero, repetidamente acusa a Washington de orquestar una guerra económica, con el apoyo de sus adversarios locales con la intención de impedir la recuperación de Venezuela y desestabilizar su gobierno para justificar su derrocamiento. Los críticos del mandatario sostienen que la debacle económica del país está estrechamente relacionada con el agotamiento de los sistemas de controles de cambio y de precios, vigentes desde 2003, entre otras distorsiones de la economía.
Algunos analistas vaticinan que la situación económica del país se agravará ante la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno.
El caos económico reinante era previsible para muchos de los críticos del gobierno que por años advirtieron que el país se dirigía a un despeñadero debido a una política, iniciada en 1999 por Chávez, de expropiaciones masivas de granjas e industrias, la promulgación de leyes severas que desalientan la inversión y vulneran la seguridad jurídica, aunado a los controles que se aplican contra corriente por ser uno de los dogmas del gobierno socialista.
En los últimos 19 años han cerrado más de dos tercios de las 600.000 empresas que existían en 1998, afectando el empleo. A la par, la inflación ha pulverizado el salario real y el poder de compra de los venezolanos.
Chávez dijo que buscaría encaminar a Venezuela hacia el “socialismo del siglo XXI”, y lo más evidente fue el aumento del control del Estado sobre la economía para, según él, desplazar el capitalismo de raíz.
Su gobierno impulsó y financió cooperativas, estatizó la compañía de teléfonos del país, la mayoría de las firmas privadas locales de servicios del sector petrolero, el sector eléctrico en su totalidad, cadenas de supermercados, empresas alimenticias, cementeras y siderúrgicas, entre otras.
Chávez repetidamente decía que todos los pueblos del mundo en algún momento adoptarían el socialismo porque el capitalismo sólo favorece a los ricos.
Maduro se muestra reacio a dar un giro.
El “Plan de Recuperación, Prosperidad y de Estabilización”, anunciado por el presidente en agosto no aborda ni crea condiciones para abatir el proceso hiperinflacionario, coinciden los analistas.
Como parte del plan, el 20 de agosto entró en vigencia una reforma monetaria que contempló la eliminación de cinco ceros a la antigua moneda, aumentó el salario mínimo 3.000% en agosto y 150% en diciembre, elevó los impuestos a las empresas, y paralelamente ancló los precios de numerosos bienes y servicios a la criptomoneda conocida como el petro. Además, estableció una serie de restricciones monetarias.
- Billetes de nueva denominación
La nueva moneda, conocida como el “bolívar soberano”, parece tener una vida corta. Su único logró hasta ahora fue aliviar la escasez de billetes.
El bolívar soberano implicó la eliminación de las seis denominaciones que iban de los 1.000 a 100.000 bolívares, que el propio Maduro puso en circulación entre 2016 y 2017 para paliar en parte el incremento exponencial de los precios.
Los expertos señalan que por la hiperinflación muy pronto podrían quedar en el olvido los billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares soberanos.
“Hacer la reconversión monetaria sin un plan de ajuste, un plan de estabilización que rompa las expectativas inflacionarias, es una reconversión inútil”, dijo Henkel García, director de la firma consultora Econométrica
Entre las medidas adoptadas por el nuevo plan está el aumento del Encaje Legal, es decir el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener como reserva obligatoria en el Banco Central. Esos depósitos deben ser mantenidos como reservas líquidas y no pueden ser usados para invertir o hacer préstamos.
La medida ciertamente ha logrado frenar la depreciación de la moneda respecto a la tasa de cambio en el mercado negro, donde la divisa estadounidense se negociaba casi diez veces al valor de la tasa oficial. La tasa oficial cerró la semana pasada en 352,7 bolívares por dólar, menos de la mitad de su valor en el mercado negro, que se ha convertido en el referente de los precios de numerosos productos, generando presiones adicionales sobre la inflación y ha erosionado el poder adquisitivo de los venezolanos.
En contrapartida, la banca está muy restringida para otorgar créditos, lo que incrementa los problemas de flujo de caja y de inviabilidad financiera de muchas empresas y en el corto plazo podría acelerar la contracción económica, advierte el economista Leonardo Buniak.
El petro
Los salarios y pensiones, entre otros factores económicos, están anclados a la criptomoneda conocida como petro según el plan económico.
Sin embargo, los expertos señalan que el petro no puede ser considerado una criptomoneda porque su valor es fijado por el gobierno de Maduro y no por la interacción de la oferta y demanda.
Cuando Maduro decretó, en noviembre, el incremento de 3.600 bolívares a 9.000 bolívares el valor del petro, equivalente a unos 15,7 dólares al cambio oficial, acabó por dejar en clara evidencia que no se trata de una criptomoneda y que la usa como un título de deuda, coincidieron varios analistas.
El petro “no puede tener ningún tipo de credibilidad” porque su precio lo impone el gobierno. destacó Henkel García.
El petro, en parte por las sanciones estadounidenses, tampoco logró ser un medio para captar divisas. En marzo, la Casa Blanca prohibió a los estadounidenses realizar transacciones con cualquier moneda digital venezolana.
Es motivo de alarma que el tiempo en que los precios se multiplican es cada vez menor.
A mediados de 2017, los precios se duplicaban cada ocho meses, pero ahora se duplican cada 10 días, según estimaciones independientes.
Entre los que más se multiplican destacan los que son más escasos, como el arroz. Un kilo de este producto, que el 30 de octubre costaba 178 bolívares soberanos, 47 días después tenía un costo de 945 bolívares soberanos, constató AP en un recorrido. O por ejemplo: el paquete de 30 huevos, tenía un costo de 2.000 bolívares soberanos el 15 de diciembre cuando dos semanas antes se podía comprar por 1.100 bolívares soberanos.
El gobierno dejó de publicar periódicamente cifras oficiales en 2004.
A partir del 1 de diciembre, Maduro elevó el salario mínimo de 1.800 a 4.500 bolívares.
El nuevo salario mínimo mensual equivale a unos 12,75 dólares al tipo de cambio oficial y apenas 6,25 dólares a la tasa del mercado negro. Pese a ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas, el aumento tiene un impacto severo en la estructura de costos de las empresas que subsisten e incluso en el propio gobierno, que incapaz de financiarlo sigue emitiendo “dinero inorgánico” que alimenta la hiperinflación.
La gasolina en Venezuela prácticamente se regala.
A mediados de agosto, Maduro anunció que elevaría sus precios a niveles internacionales para resolver las distorsiones económicas que provoca y desestimular su contrabando. Esa medida quedó en un limbo.
La gasolina es un tema tabú desde 1989, luego de la revuelta popular en la que murieron 300 personas a raíz de un incremento de los combustibles.
En 2016, luego de estar los precios congelados casi dos décadas, Maduro aumentó la gasolina a un bolívar por litro. Ese incremento ahora es simbólico.
Los venezolanos pagan por la gasolina un máximo de dos bolívares soberanos (unos 0,005 centavos de dólar), sólo porque es la denominación más baja de las nuevas monedas de curso legal desde el 6 de diciembre.
El precio oficial del litro de gasolina sigue siendo de un bolívar de los viejos, equivalente a 0,00001 del nuevo bolívar soberano. En contraste, un litro de aceite de maíz cuesta 1.250 bolívares de la nueva denominación.
“Ya uno ni pregunta cuánto cuesta, da igual. Pago con el billete más pequeño que encuentro en la cartera y me voy con una sensación extraña”, dijo María Vera, de 31 años, que el sábado llenaba el tanque de un Fiat Palio 1999 en una gasolinera del este de Caracas.
Las autoridades han reconocido que la estatal petrolera PDVSA pierde casi 20.000 millones de dólares anuales por la diferencia en lo que cuesta producir la gasolina y el precio en que se vende; además de la pérdida que genera el contrabando hacia Colombia y al Caribe.
Algunos consumidores ven como un aumento pagar dos bolívares soberanos, pero la realidad es que ese dinero no llega a las arcas de PDVSA, la mayor parte se queda en los bolsillos de los expendedores, quienes sólo están obligados a pagar la petrolera bajo el esquema del precio anterior aún vigente.
En 2019, según algunos economistas como Leonardo Buniak, se estima que la contracción de la economía será de 20%, una cifra catastrófica considerando que Venezuela ya ha perdido más de la mitad de su Producto Interno Bruto en los últimos años.
Algunos analistas alertan que Venezuela se dirige a un colapso macroeconómico en 2019, fenómeno que resultaría de la combinación de una contracción económica agravada y un proceso de espiral hiperinflacionaria que según estimaciones del FMI podría cerrar el próximo año en 10.000.000%.
