BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández, varios exfuncionarios y empresarios, entre ellos ejecutivos de dos de las compañías más poderosas del país, y un exjuez fueron acusados formalmente este lunes de participar de un sistema de recaudación ilegal de dinero implementado desde lo más alto del poder político a cambio de adjudicar obras públicas durante 12 años.
El juez federal Claudio Bonadío imputó a Fernández los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos… y cohecho pasivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
A su vez le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares).
Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicite su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
Si bien con éste ya suma seis procesamientos en distintas causas judiciales, es difícil aventurar el fin de la carrera política de Fernández, quien continúa siendo la dirigente opositora más popular y mejor perfilada para las elecciones generales de 2019, según coincidieron encuestas en las últimas semanas.
El magistrado además ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros exfuncionarios de ese ministerio, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri.
También dos altos ejecutivos del Grupo Techint, un conglomerado de empresas del rubro energético y metalúrgico, entre otros, que opera en distintos países; y del Grupo Roggio, ligado a negocios de infraestructura y servicios.
En total se trata de 42 procesados entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo a cada uno también por 100 millones de dólares. Sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.
En su resolución, Bonadío sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina “una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro… y todo esto se hizo para distribuir coimas (sobornos) a funcionarios corruptos”.
Por este esquema de recaudación ilegal, los empresarios que pretendían ganar una obra pública “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios” que Néstor Kirchner y Cristina Fernández “designaban para esos menesteres a fin de recibir estos ‘retornos’ o ‘coimas’“.
Debido a que un porcentaje del costo de cada obra pública en cuestión era destinado a sobornos, los costos fijados por el Estado para estas contrataciones “estaban ‘inflados’ en perjuicio del conjunto de los argentinos”, según el juez.
Respecto al destino del dinero espurio, Bonadío concluyó que “era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; comprar voluntades del Poder Judicial o de funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política”.
Entre los procesados por Bonadío también se encuentra el exjuez federal Norberto Oyarbide, a quien se le cuestiona el cierre de varias casusas contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito sin una debida investigación previa.
No obstante, Bonadío enfatizó que la mayor parte de los sobornos fueron para “engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”, o sea los Kirchner.
La investigación llamada popularmente “los cuadernos K” se inició luego de que la justicia accediera a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero ilegal.
La justicia también cuenta con la declaración de empresarios y exfuncionarios arrepentidos que habrían aportado detalles sobre la operatoria. Esas declaraciones no trascendieron públicamente.
Fernández niega los cargos y ha denunciado una serie de irregularidades en la causa que lleva adelante Bonadío, a quien calificó de “juez enemigo” que actúa en sintonía con el gobierno del conservador Macri para perseguir a opositores y ocultar la actual crisis económica.
Bonadío también tiene a su cargo otras causas que comprometen a la expresidenta: una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro, otra por lavado de dinero y una tercera por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994.
Fernández también enfrenta cargos por lavado de dinero y administración fraudulenta, en otras investigaciones por corrupción.