Organizaciones de derechos humanos y autoridades de la Iglesia católica de Venezuela exigieron al gobierno una investigación objetiva e imparcial sobre la muerte de un concejal opositor detenido, un caso que desató una intensa polémica y reavivó las tensiones en un país sumido en una profunda crisis.
Cantando el himno nacional, decenas de opositores despidieron el lunes por la noche los restos del concejal capitalino Fernando Albán cuando era sacado en una camioneta blanca de la morgue, tras las evaluaciones forenses, para ser llevado a un cementerio del este de Caracas.
El abogado Joel García, defensor de Albán, dijo este martes a The Associated Press que “nadie estuvo presente en la autopsia” del opositor, y que se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen el certificado de defunción con la información sobre la causa de la muerte. García indicó que luego de las exequias y que se tengan las actas del expediente se solicitará nuevas diligencias de investigación de caso.
Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores del país, rechazó el proceso seguido en el caso e indicó en su cuenta de Twitter que el cuerpo del opositor fue entregado “sin procedimientos mínimos forenses”. “No podrán esconder lo ocurrido”, dijo la formación, que responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Albán, de 56 años, murió el lunes en la sede de la policía política en Caracas luego de ser detenido el 5 octubre en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando retornaba de un viaje a Nueva York, donde residen algunos de sus familiares. El concejal de Primero Justicia fue arrestado por su presunta relación con el atentado con drones que sufrió Maduro en un desfile militar en la capital en agosto.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo a la televisora estatal que la muerte de Albán se produjo cuando estaba en una sala de espera del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en un décimo piso, antes de ser trasladado a los tribunales y solicitó ir al baño, desde donde se lanzó al vacío.
“La muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado. Es la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado”, indicó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país. El colectivo exigió a las autoridades la apertura de una investigación a todos los funcionarios involucrados en la detención y custodia del opositor.
En un comunicado publicado en su página de internet, Provea pidió que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles donde hay más de un centenar de detenidos por razones políticas, y se autorice la entrada al país de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de las relatorías y grupos de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la ONU para constatar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
A estos cuestionamientos se sumó la arquidiócesis de Caracas, que expresó el lunes en un escrito que la información dada por el fiscal general “nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio, no corroborado por una investigación profunda y objetiva”.
La autoridad capitalina de la Iglesia católica solicitó que se determine la verdad sobre lo ocurrido y las responsabilidades, y recordó que Albán estaba bajo la custodia del Estado que es “responsable de garantizar la vida e integridad personal de los detenidos”.
Las autoridades detuvieron a más de 17 personas por el ataque con drones, entre ellas dos generales y un coronel, todos de la Guardia Nacional, y al diputado opositor Juan Requesens. Venezuela solicitó además a Estados Unidos, Colombia y Perú la extradición de algunos de los supuestos implicados, entre quienes se incluye el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que está desde hace meses en Bogotá.
Al condenar la muerte del concejal, Borges denunció en un video difundido en su cuenta de Twitter que, según informaciones que les proporcionaron funcionarios del Sebin, “el cuerpo de Albán fue lanzado sin vida desde el Sebin de Plaza Venezuela”.
El dirigente de Primero Justicia atribuyó el hecho a una “persecución contra la dirigencia opositora”.
Albán es el segundo opositor que muere estando detenido en el Sebin. En marzo de 2015 las autoridades reportaron el suicidio de Rodolfo González, un expiloto civil de 63 años, quien se ahorcó dentro de su celda en una de las sedes capitalinas del organismo tras ser detenido en 2014 por su presunta participación en las protestas antigubernamentales de ese año.
La oposición reportó que más de un centenar de manifestantes y opositores, a los que identifican como “perseguidos políticos”, permanecen detenidos desde hace más de cuatro años. Las autoridades han rechazado que estén perseguidos y sostienen que fueron detenidos por incurrir en diferentes delitos y participar en complots contra el gobierno.
