SAN SALVADOR (AP) — El expresidente salvadoreño Tony Saca aceptó confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan en el desvío de 301 millones de dólares de las arcas del Estado para obtener una condena menor, informaron este martes sus abogados.

Tres de sus exfuncionarios más cercanos son procesados con él: Elmer Charlaix, secretario privado; César Funes, secretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Se dijo que ellos también aceptaron su culpabilidad y tras la negociación de sus autoridades con la justicia serán sometidos a un juicio abreviado.

La Fiscalía General solicitó el mismo martes al Tribunal Segundo de Sentencia un proceso abreviado luego de que los cuatro aceptaran declararse culpables, lo que les favorecería con una disminución de la pena.

“En vista de que el imputado se declara culpable, entonces el sistema evita toda la actividad probatoria. La ley permite este ajuste de la aplicación de un sanción menor”, manifestó el abogado Lisandro Quintanilla.

El expresidente no respondió cuando los periodistas le preguntaron si estaba dispuesto a declararse culpable.

Por su parte el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, aceptó que recibió dinero y afirmó que ya demostró como lo usó. “Desde el principio admití que yo había recibido dinero de Casa Presidencial, he demostrado como fue que se ocupó y la Fiscalía mantiene que yo cometí el delito de lavado por la forma en que fue utilizado”, dijo en breves declaraciones.

Otros tres implicados en el caso denominado “Destape a la Corrupción”: Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de Casa Presidencial; Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma institución; y Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia, quedaron fuera del acuerdo y serían procesados en un juicio separado, peros sus abogados dijeron que es probable que también busquen acuerdo similar.

El Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, rechazó que se esté beneficiando al expresidente y sus funcionarios y afirmó que este es un recurso establecido el Código Procesal Penal y reiteró está comprobado que “Saca se apropió de fondos público y favoreció a terceras personas naturales o jurídicas”.

Señaló que de los fondos desviados, 195 millones de dólares fueron sacados en efectivo y “es de difícil rastreo, de difícil ubicación”, pero siguen investigando sus posibles destinos.

Saca, de 53 años, que gobernó el país de 2004 a 2009, fue detenido el 30 de octubre de 2016. Las autoridades sostienen que desvió 301 millones de dólares y que de ese monto unos 195 fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego transferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.

El exmandatario y su exsecretario privado están siendo procesados por los delitos de peculado y casos especiales de lavado de dinero por lo que podrían haber recibido una condenado de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo logrado la Fiscalía ha pedido que a ambos se les impongan la pena de diez años, cinco por peculado y cinco por lavado de dinero, mientras que a Rank y Funes únicamente cinco años de cárcel por lavado de dinero.

Cortez también explicó que las penas de cárcel que han pedido para los imputados “es lo que la ley nos establece el Código Procesal Penal” y dijo que además de imponerles penas de prisión, tienen contemplado recuperar entre 25 y 30 millones de dólares en bienes e inmuebles.

El expresidente también enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito. La fiscalía lo acusa de incrementar su patrimonio en 3,9 millones de dólares cuando fungió como mandatario, mientras que su esposa, Ana Ligia Mixco, enfrenta una denuncia por no justificar el origen de más de 589.000 dólares. Además está siendo procesado por presuntamente haber sobornado a una empelada judicial, quien supuestamente filtraba.

Saca es el tercer mandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo domiciliar, y Mauricio Funes (2009-2014), quien esta asilado en Nicaragua.

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que continuará con el plan de imponer un arancel de 25% a 16.000 millones de dólares adicionales en importaciones chinas.

Las autoridades aduaneras comenzarán a cobrar el impuesto fronterizo a partir del 23 de agosto, informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La lista de productos sujetos al nuevo gravamen incluye muchos bienes industriales, como turbinas de vapor y vigas de hierro.

El anuncio de hoy no es sorpresivo. En abril, el gobierno había anunciado planes para imponer aranceles a 1.333 líneas de productos chinos por un valor de 50.000 millones de dólares al año. Después de recibir las opiniones del público, recortó 515 productos de la lista en junio y agregó 284. A partir del 6 de julio Estados Unidos comenzó a cobrar impuestos sobre los 818 bienes _por un valor de 34.000 millones de dólares_ que quedaban de la lista de abril.

Mientras tanto, solicitó los comentarios del público en torno a los nuevos artículos. El gobierno dijo el martes que había decidido proceder con aranceles a 279 de los 284 artículos añadidos en junio. Tienen un valor de alrededor de 16.000 millones de dólares al año.

China ha respondido con impuestos similares a productos estadounidenses.

Y es probable que el conflicto crezca: Washington se prepara para imponer aranceles de hasta el 25% a productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares. Además, el presidente Donald Trump ha amenazado con aplicar gravámenes a prácticamente todo lo que China le vende a Estados Unidos. Las importaciones chinas de bienes y servicios a territorio estadounidense el año pasado sumaron casi 524.000 millones de dólares.

Las dos economías más grandes del mundo se encuentran enfrascadas en una guerra comercial luego de las acusaciones de Washington de que China utiliza estrategias depredadoras con el fin de arrebatar a Estados Unidos su supremacía tecnológica. Las presuntas estrategias incluyen el robo cibernético y el requisito de que las empresas estadounidenses entreguen secretos comerciales a cambio de tener acceso al mercado chino.

Bogotá (EFE).- El abogado Iván Duque juró este martes como presidente de Colombia para el periodo 2018-2022 en una ceremonia que se celebra en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

“Juro por Dios y ante el pueblo colombiano, defender la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo Duque en el juramento que le fue tomado por el presidente del Senado, Ernesto Macías, que a continuación le impuso la banda con los colores de la bandera nacional.

De esta forma, Duque, de 42 años y perteneciente al partido uribista Centro Democrático, sucede en el cargo a Juan Manuel Santos, quien ocupó la jefatura de Estado en dos mandatos consecutivos de cuatro años que comenzaron el 7 de agosto de 2010.

Acto seguido, Duque tomó el juramento a su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en la historia de Colombia en asumir ese cargo y quien fue recibida con aplausos de los asistentes y con un abrazo por parte del nuevo presidente.

“Sí, juro por Dios y la Constitución trabajar noche y día por el bienestar de los colombianos”, prometió Ramírez.

Al acto de investidura asisten unos 4.000 invitados, entre ellos diez jefes de Estado latinoamericanos y representantes de otros 17 países del mundo, entre ellos la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Ana Pastor.

El primer discurso de la tarde fue el del senador Macías, quien provocó una ovación de los presentes cuando dijo que rendía “un homenaje al expresidente Álvaro Uribe por su grandeza”.

Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010 y presente en el acto, junto con su esposa, Lina Moreno, hizo un gesto de agradecimiento, tras lo cual Macías continuó su discurso.