En un esfuerzo conjunto, la fiscalía y la policía salvadoreña desarticularon a tres bandas de narcotraficantes vinculadas a las maras o pandillas y que contaban con la colaboración de policías, informaron el lunes las autoridades de seguridad pública.

El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo en conferencia de prensa que en la operación denominada “Nexos-Narcos” se ordenó la captura de 50 personas implicadas en tres estructuras de narcotráfico, entre los que destaca el dirigente de un equipo de fútbol de la segunda división profesional, Adalid Magaña, y Jorge David Avalos, el antiguo candidato a alcalde del municipio de Jicalapa, departamento de La Libertad.

También capturaron un oficial y dos agentes de la Policía Nacional Civil que estaban pasando información a los cabecillas de estas estructuras.

Por su parte, el subdirector de investigaciones de la Policía, Juan Carlos Martínez Marín, informó que capturaron en el puesto de mando de la subdelegación de Usulután, a 110 kilómetros al este del país, al oficial inspector jefe, Jesús Antonio Maradiaga Rauda, quien se habría reunido con los principales cabecillas de los grupos de narcotraficantes “intentando obtener dinero por facilitar los movimientos de las actividades que la División Antinarcóticos realiza”.

Uno de los agentes de la policía que fue capturado estaba asignado al sistema de emergencias 911 y se valía de su posición para avisar a los líderes de las estructuras delincuenciales sobre procedimientos policiales.

Meléndez también confirmó la captura del padre y un hermano de Moris Bercián Machón, alias “El Barny”, uno de los principales cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha.

“El Barny es uno de los seis salvadoreños miembros de la Mara Salvatrucha sancionados por Estados Unidos en junio de 2013 por participar en actividades ilícitas internacionales como el narcotráfico. Es cabecilla del grupo de la MS13, conocido como “La Normandía”, que maneja pequeñas estructuras de la pandilla a lo largo de la costa del Pacifico occidental de El Salvador y que se cree que controla la distribución de drogas en los departamentos del occidente del país.

El cabecilla de la Mara estaba siendo procesado en libertad por el delito de tráfico de drogas y está prófugo desde septiembre de 2015.

En la operación Nexos-Narcos, desarrollada en nueve de los 14 departamentos del país, la Fiscalía ordenó 83 allanamientos y giró 50 órdenes de captura. Según la información oficial, se logró la detención de 27 personas, decomisaron 16 armas de fuego, 25 vehículos automotores y se incautaron 32 mil dólares.

Se giraron también órdenes de captura contra tres guatemaltecos cuyas identidades no precisaron. El Fiscal General dijo que también tenían algunos costarricenses, que no identificó, estarían vinculados con esta operación “que viene por toda Centroamérica desde Colombia”.

Durante los allanamientos en un populoso barrio de la capital se localizó material de santería y magia negra, que son “rituales característicos de narcotraficantes consumados”, dijo Meléndez.

El Fiscal General informó que las investigaciones se iniciaron en 2016 con una serie de decomisos de droga en San Salvador y otros departamentos del país, estableciendo la participación de los implicados en las estructuras del narcotráfico.

Las autoridades colombianas capturaron el lunes a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordo Lindo”, cuando venía deportado de Estados Unidos luego de cumplir una condena por narcotráfico

En un comunicado, Migración Colombia señaló que “Gordo Lindo” llegó en un vuelo comercial desde Miami –donde cumplió una pena carcelaria de nueve años– y fue detenido en el aeropuerto internacional de Bogotá.

El colombiano de 48 años es solicitado por las autoridades de su país por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y homicidio. El documento precisaba que tras verificar su identidad y la vigencia de las órdenes de captura en su contra, “Gordo Lindo” fue dejado a disposición de las autoridades competentes “para que responda por los delitos que se le imputan”.

 La conferencia de prensa del presidente estadounidense, una tradición consagrada por generaciones, parece que ya dejó de existir.

Ha pasado más de un año desde que el presidente Donald Trump convocó a la única conferencia de prensa que ha dado a solas en su gobierno hasta ahora: un bullicioso y desenfrenado encuentro de 77 minutos, organizado a toda prisa, durante los cuales criticó duramente a los medios, defendió a su asesor de seguridad nacional despedido e insistió en que nadie de su campaña tuvo contactos con Rusia.

Pero no hay indicios de que la oficina de prensa de la Casa Blanca esté interesada en una segunda ronda. En cambio, el mandatario dialoga con la prensa en entornos más informales que, según sus asesores, ofrecen a los reporteros mucho más acceso, con mayor frecuencia, que los gobiernos pasados.

“El presidente Trump es más accesible que la mayoría de los presidentes modernos, y con frecuencia recibe preguntas de la prensa”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

A menudo el mandatario contesta preguntas que los reporteros le gritan desde lejos cuando un pequeño grupo de periodistas que se turnan entre sí tiene acceso a eventos tales como la promulgación de leyes o los almuerzos del gabinete. Trump también suele contestar a las preguntas que le gritan desde los jardines cuando llega y sale de la Casa Blanca.

Esos intercambios frenéticos _que frecuentemente ocurren con el sonido de fondo del rotor del helicóptero presidencial_ a menudo producen noticias.

Pero el formato también le da al presidente mucho mayor control de lo que tendría durante una sesión tradicional de preguntas y respuestas. Trump puede fácilmente ignorar las preguntas que no le gusten o negarse a dar seguimiento a un tema de una forma que sería mucho más perceptible en una conferencia de prensa tradicional.

Por ejemplo, el viernes Trump respondió a varias preguntas en la Oficina Oval sobre Corea del Norte e Irán. Pero cuando un reportero le preguntó sobre sus amenazas de intervenir en el Departamento de Justicia, el mandatario respondió con un cortés “gracias” con el que les señaló a los reporteros que las preguntas habían concluido.

El presidente también ofrece conferencias de prensa conjuntas cuando vienen a visitarlo líderes de otros países, un formato que los reporteros llaman “dos y dos” porque cada uno de los líderes elige a dos periodistas de sus países para que les hagan preguntas. Aunque el formato se parece a una conferencia de prensa en solitario, las sesiones son más breves y con frecuencia el presidente atiende más a reporteros amigables de medios conservadores y limita la oportunidad para hacer preguntas de seguimiento.

Durante una conferencia de prensa conjunta el viernes con la canciller alemana Angela Merkel, Trump escogió a los reporteros de Fox Business Network y Christian Broadcasting Network. Y el lunes, al lado del presidente nigeriano Muhammadu Buhari, aceptó preguntas de The Washington Times y el periódico The Hill.

Al corresponsal de Fox News, John Roberts, lo ha favorecido tantas veces que en una ocasión Trump lo hizo y luego cambió de parecer.

“De hecho, iremos con alguien más esta vez, John. Has estado haciendo lo suficiente John”, dijo en medio de la risa de los presentes.

Trump también concede entrevistas individuales en forma ocasional a medios noticiosos. La semana pasada lo hizo por teléfono con “Fox & Friends”, su formato favorito durante la campaña. Y varias ocasiones ha sostenido sesiones improvisadas de preguntas y respuestas, incluida una en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnel, que a los reporteros les hizo recordar esos conciertos en que los seguidores de un grupo se mueven frenéticamente frente al escenario.

Margaret Talev, que ha cubierto la residencia presidencial por mucho tiempo y es presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, dijo que la asociación da la bienvenida a la “apertura” de Trump “a participar en forma regular en sesiones con periodistas que se turnan en la Oficina Oval y en escenarios menos tradicionales, tales como las ocasiones en que el helicóptero despega del Jardín Sur”.

El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa salieron el pasado lunes, 30 de abril de dos prisiones capitalinas donde cumplían una orden de cárcel recién revocada mientras se les investiga por los supuestos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht.

Las investigaciones comenzaron hace casi tres años, pero aún no han sido acusados.

“Lo que no nos mata, nos hace más fuertes”, dijo Humala a un pequeño grupo de militantes en el local de su partido, adonde llegó tras abandonar la cárcel para presidentes en la que estuvo preso 290 días. “Los partidos que quieren hacer historia tienen que pasar una etapa de martirologio; es la única manera de poder trascender”.

Tras su excarcelación saludó a las cámaras de la televisión después de salir por el techo panorámico de la camioneta que lo trasladaba. Su mujer también fue liberada de la cárcel de mujeres de Lima en medio de decenas de camarógrafos, y antes de irse saludó con la mano izquierda.

Más tarde, ya junto a su mujer en la puerta de su casa, Humala dijo que no eran investigados por corrupción durante su gobierno (2011-2016), “sino por nuestro origen”, en referencia al dinero que habrían recibido del exterior antes de que él comenzara a gobernar.

El Tribunal Constitucional ordenó el jueves la liberación de la pareja y anuló la prisión preventiva que decretó el juez Richard Concepción en julio de 2017, quien había argumentado que existía peligro de que se dieran a la fuga. La máxima corte constitucional del país aclaró que no analizó el “tema de fondo” y que ambos seguirán bajo investigación con libertad restringida.

La fiscalía afirma que la pareja recibió dinero público de Venezuela para la campaña presidencial de 2006 en la que Humala perdió. En 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero. Marcelo Odebrecht, director general de la constructora, declaró que entregó tres millones de dólares a Humala por orden del brasileño Partido de los Trabajadores, algo que el exmandatario rechaza.

La decisión constitucional podría ser usada por otros expresidentes que gobernaron Perú entre 2001 y principios de 2018 para evitar ir a prisión provisional, entre ellos Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). A los tres se les investiga por sus presuntos nexos con Odebrecht.

En Perú, recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito, pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas.

En 2016 Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas en Perú desde 2001. El escándalo de la empresa se extiende por diversas naciones latinoamericanas, donde operaba de igual forma.

En 2012, la fiscalía de Brasil acusó a Marcos da Rocha Mendes de repartir carne y billetes de 50 reales (15 dólares) para asegurar su elección como alcalde de Cabo Frío, una ciudad del la costa sureste del país, cuatro años antes.

Un tribunal electoral regional aceptó los cargos en 2013. Pero el caso pasó a una corte menor y después al Supremo Tribunal Federal de Brasil, que comenzó a discutirlo el año pasado. Seis años después de que se presentase la acusación, la principal corte del país decide si el caso debería pasar a otro tribunal.

Este es el “foro privilegiado”, o capacidad procesal preferente, en el trabajo, un concepto legal que da a casi 55.000 políticos brasileños en activo el derecho a que los casos en su contra sean juzgados por un tribunal superior. Está pensado para proteger a los funcionarios de pesquisas con motivaciones políticas, ya que los casos llegan a magistrados más experimentados, pero se ha convertido en una protección eficaz que evita las condenas a los altos cargos de una nación que ha hecho grandes avances contra la impunidad con la vasta investigación anticorrupción “Autolavado”.

“Es exactamente la gente que está más expuesta al riesgo de corrupción, a actividades ilegales contrarias al interés general, los que están protegidos por este sistema”, señaló Bruno Brandao, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. “Es un motor de la impunidad en Brasil”.

El fallo del Supremo Tribunal Federal sobre el caso de Mendes podría cambiar todo esto, limitando de forma drástica la generosa interpretación actual de esta posición privilegiada y, por tanto, exponiendo potencialmente a los políticos a una justicia mucho más rápida.

El dictamen podría producirse como pronto el miércoles, aunque en sesiones anteriores los magistrados pidieron más tiempo para analizar el caso. Por el momento, en una votación preliminar ocho de los 11 jueces se mostraron a favor de algún tipo de restricción.

Limitar la capacidad procesal preferente supondría un importante impulso para la masiva Operación Autolavado, en la que la fiscalía alega que el gobierno del país funcionó como un cártel durante años, con políticos concediendo favores y contratos estatales a cambio de sobornos y contribuciones a sus campañas. La pesquisa sacudió el sistema político y puso a docenas de poderosos entre rejas, incluyendo algunos de los más adinerados del país.

Pero pese a los éxitos de la investigación, los altos cargos políticos que tienen derecho a que los casos en su contra sean revisados por el Supremo Tribunal Federal han quedado fuera de su radar. La mayor parte de los acusados más conocidos de la pesquisa son empresarios.

Esto se debe, al menos en parte, a este estatus privilegiado que hace que las denuncias contra políticos languidezcan en el sistema judicial porque, cada vez que el acusado cambia de cargo, su posición cambia también y el caso pasa a una nueva corte.

En los cuatro años desde que se inició la pesquisa, la corte suprema no ha dictado todavía ningún fallo en el caso Autolavado. Por el contrario, los tribunales de primera instancia tradicionales han condenado a 160 personas, según la fiscalía federal. Dos de ellas son el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que aunque en su día estuvieron entre los políticos con más poder de la nación, perdieron su estatus al dejar sus cargos y fueron juzgados en cortes ordinarias.

Los partidarios de eliminar o restringir la capacidad procesal preferente señalan que atasca el sistema legal y que alarga los procesos durante años.

Este privilegio se aplica actualmente a cualquier tipo de infracción, desde incumplir las normas presupuestarias a asesinato. Su aplicación depende también del cargo actual del acusado, no del que tenía en el momento en que cometió el presunto delito. Esto deriva en lo que se conoce como el “ascensor legal”, por el que los casos se mueven arriba y abajo en la jerarquía judicial a medida que los políticos cambian de cargo.

Esto es lo que le ocurrió a Mendes, que era alcalde cuando fue acusado, pero luego dejó el cargo y el año pasado se convirtió en legislador federal. Con cada cambio de empleo, la denuncia cambió también de corte. Ahora vuelve a ser alcalde, por lo que es probable el Supremo Tribunal Federal, que solo atiente casos contra legisladores federales, determine que el proceso no le compete.

El juez Luis Roberto Barroso, que supervisa este caso en el alto tribunal, dice que este fuero es un desastre para Brasil y añade que el “sistema está diseñado para no funcionar”.

Según Barroso, los políticos sin escrúpulos han aprendido el juego del cambio de cargo: si es probable que un caso llegue al Supremo Tribunal Federal, un legislador podría renunciar a su puesto, lo que obliga a que la acusación pase a una corte menor y a que el proceso arranque de nuevo.

Quienes critican estos privilegios alegan además que son muy amplios. Las decenas de miles de políticos que se benefician de este estatus pueden hacer que sus casos se juzguen en un tribunal más alto que en el que empiezan los casos contra los ciudadanos de a pie.

El centro del problema, sin embargo, son los más de 850 políticos _ la mayoría de ellos legisladores federales _ que tienen derecho a ser oídos en el Supremo Tribunal Federal. Esta situación agrava la ya pesada carga que asume la corte más alta del país, que el año pasado recibió más de 100.000 casos y emitió más de 13.000 fallos. A la Corte Suprema de Estados Unidos, por contra, llegan unos 7.000 casos al año y falla sobre entre 100 y 150.

El resultado es que los juicios a los altos cargos brasileños acaban avanzando muy lentamente, y a menudo prescriben antes de que se dicte el veredicto.

La capacidad procesal preferente está incluida en la Constitución, por lo que solo un cambio en la Carta Magna puede reducir el número de políticos que se benefician de ella. Una de estas enmiendas está avanzando en el Congreso, pero no está claro si los legisladores federales _ de los cuales al menos un 40% enfrenta pesquisas _ estarán dispuestos a pronunciarse en su contra.

Mientras tanto, Barroso propuso limitar este privilegio en el próximo fallo de la corte para que se aplique solo a supuestos delitos cometidos durante el tiempo que el político pasa en el cargo o que están relacionados con el ejercicio de esas labores. Un informe elaborado por investigadores de la Universidad Fundaçao Getúlio Vargas señaló que el 95% de los casos afectados por la capacidad procesal preferente que llegaron al Supremo Tribunal Federal entre 2007 y 2016 habrían regresado a cortes menores según esta interpretación.

“Esto podría ser un gran golpe contra la impunidad”, dijo Brian Winter, redactor jefe de la revista Americas Quarterly, acerca de la posibilidad de limitar los privilegios. “Reduciría enormemente el número de personas que pueden estancar y retrasar sus juicios hasta la eternidad”.

Las bebidas alcohólicas baratas se han vuelto un poco menos baratas en Escocia, el primer país del mundo que les impone precios por unidades mínimas.

A partir de este martes 1 de mayo, los minoristas deben cobrar al menos 50 peniques (68 centavos de dólar) por unidad, lo que significa unos 70 peniques por una botella de cerveza o 5 libras por una de vino.

La primera ministra Nicola Sturgeon elogió a Escocia por demostrar “suficiente audacia y valor” para aprobar la norma.

Pero una medida que los promotores de la salud pública saludaron con fervor requirió un largo período para su aprobación.

La legislatura escocesa la aprobó en 2012, pero su puesta en vigencia se vio demorada durante seis años por demandas de la Asociación Escocesa del Whisky.

Las autoridades dicen que el abuso de alcohol provoca unos 697 ingresos a los hospitales y 22 muertes por semana.

Un edificio abandonado en el centro Sao Paulo, habitado por ocupantes ilegales, se incendió y colapsó este martes 1 de mayo, arrojando escombros en llamas a edificios colindantes y calles próximas. Al menos una persona falleció en el derrumbe, aunque podría haber más víctimas, según los bomberos de la ciudad.

La antigua sede de la policía federal comenzó a arder alrededor de las 01:30 horas de la madrugada. Los bomberos establecieron un perímetro de seguridad y trabajaron en la evacuación de los residentes.

Unas horas más tarde, las llamas envolvieron la construcción de al menos 20 plantas, que se vino abajo. La televisora Globo TV, que estaba cubriendo el fuego, captó el momento. Las imágenes muestran como las plantas del inmueble caían unas sobre otras como piezas de dominó y los escombros salían volando en todas las direcciones.

Según Rómulo de Souza, de 49 años y que se identificó como ocupante ilegal del edificio de al lado, cuando comenzaron las llamas en la cuarta planta de la antigua sede policial, las familias comenzaron a evacuarlo.

“Afortunadamente la mayoría salió”, dijo añadiendo que los residentes creían que las llamas comenzaron por un escape de gas.

El teniente del cuerpo de bomberos Andre Elias dijo a Globo TV que al menos una persona falleció en el derrumbe. Las autoridades intentaban localizar a varios desaparecidos.

La limpieza de los escombros y el conteo de las personas que estaban en el edificio podrían demorarse días. Tres horas después del colapso, los escombros seguían humeantes.

Este incidente pondrá el foco en las ocupaciones ilegales de inmuebles en Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica. Varias docenas de edificios del centro han sido ocupados por grupos de vivienda justa muy organizados que se hacen cargo de ellos y luego luchan por su propiedad. Muchas de estas comunidades se gestionan como edificios de departamentos tradicionales, con portero y residentes que pagan una cuota mensual y facturas de suministros. Otras están menos ordenadas y son más precarias.

En un reportaje sobre las ocupaciones publicado en junio de 2017, The Associated Press dijo que en la propiedad incendiada vivían alrededor de 350 familias. En la actualidad, solo unas 50 seguían residiendo allí, según publicaron medios locales el martes.

El exalcalde de Sao Paulo, Joao Doria, quien recientemente se retiró de la carrera a gobernador del estado, persiguió a este tipo de grupos de invasores como parte de su plan para revitalizar la zona.

Según Doria, el centro debería representar a Sao Paulo, que es el motor de la economía brasileña y uno de los centros financieros más importantes del hemisferio. Los activistas en favor de una vivienda justa, por su parte, alegan que en la zona se podría ofrecer alojamiento asequible a decenas de miles de personas.

El presidente Donald Trump calificó este martes de “infame” la divulgación de una lista de preguntas que quiere formularle el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones.

El diario The New York Times publicó la lista de unas 80 preguntas dirigidas a los abogados de Trump que abarcan diversos asuntos, desde los motivos para destituir al director del FBI James Comey hasta los contactos de funcionarios de la campaña electoral de Trump con rusos.

Trump tuiteó el martes que es “tan infame que las preguntas sobre la Cacería de Brujas Rusa fuesen ‘filtradas’ a la prensa. Ninguna pregunta de Colusión. Ahora comprendo… tienen un crimen inventado, falso, Colusión, que nunca existió, y una investigación que comenzó con información confidencial filtrada ilegalmente. ¡Qué bonito!”

Aunque el equipo de Mueller ha indicado a los abogados de Trump que el presidente no es un blanco de la investigación, los pesquisas quieren determinar si sus actos constituyeron obstrucción a la justicia y quieren interrogarlo sobre varios episodios de su presidencia. Los letrados quieren cerrar la pesquisa lo antes posible, pero no hay un acuerdo sobre cómo hacerlo.

Muchas de las preguntas obtenidas por el Times se centran en la supuesta obstrucción a la justicia, incluyendo su reacción a la recusación del secretario de Justicia, Jeff Sessions, de la investigación sobre Rusia, una decisión muy criticada por Trump.

Uno de los abogados del presidente, Jay Sekulow, declinó realizar comentarios a The Associated Press el lunes en la noche, así como el letrado de la Casa Blanca, Ty Cobb.

Las preguntas también se refieren a la intromisión rusa y a si el equipo de campaña de Trump se coordinó de algún modo con el Kremlin. En una de las cuestiones obtenidas por el Times, Mueller pregunta si Trump sabía que miembros de su campaña, incluyendo el exdirector Paul Manafort, contactaron con Moscú.

Mueller ha presentado varios cargos contra Manafort, pero ninguno por delitos relacionados con la interferencia rusa en la campaña de los comicios presidenciales de 2016, un tema con el que Manafort ha negado tener algo que ver.

El listado del equipo de Mueller aborda además los negocios de Trump y sus conversaciones con su abogado personal, Michael Cohen, sobre un posible acuerdo inmobiliario en la capital rusa. Las gestiones empresariales de Cohen forman parte de una investigación separada del FBI.

Una de las preguntas hace referencia a las posibles conversaciones de Trump con respecto a “cualquier reunión con el sr. (Vladimir) Putin”, el presidente de Rusia. Y otra plantea qué sabía el presidente sobre un posible intento de su yerno, Jared Kushner, de establecer un canal con Rusia antes de su toma de posesión.

Algunas cuestiones se centran en Michael Flynn, un ex asesor de seguridad nacional de Trump que se declaró culpable de mentir al FBI acerca de sus conversaciones sobre las sanciones a Rusia con el embajador de Moscú, Sergey Kislyak, durante la transición. Flynn coopera ahora con la pesquisa.

 Trabajadores y activistas celebraban este martes, 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo con manifestaciones para exigir a sus gobiernos que aborden la problemática laboral.

Aunque el día es feriado en muchos países, en otros las actividades están restringidas, lo suele derivar en confrontaciones. A continuación, un vistazo a los actos del Día del Trabajo en todo el mundo:

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RUSIA

Más de 100.000 personas salieron a las calles en Moscú para participar en la tradicional manifestación del Primero de Mayo.

Según la Federación de Sindicatos de Moscú, unas 120.000 personas partieron desde la Plaza Roja y recorrieron las principales calles de la capital rusa para celebrar la jornada.

En los últimos años, el desfile se ha convertido en una orquestada muestra de poder de las autoridades rusas y del partido gobernante, Rusia Unidas, donde los participantes se niegan a criticar las políticas del gobierno.

En San Petersburgo, la segunda ciudad del país, varios centenares de rusos descontentos con los intentos del Kremlin de reducir la libertad en internet _ reflejados en el veto a la popular aplicación de mensajería Telegram _ desafiaron a la lluvia para unirse al acto oficial de la jornada.

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TURQUÍA

La policía de Estambul detuvo a más de una docena de personas que intentaron marchar a una simbólica plaza de la ciudad desafiando la prohibición oficial.

Turquía declaró que la Plaza Taksim quedaba fuera de los límites de las celebraciones del Día Internacional del Trabajo por motivos de seguridad. Las calles que llevan a la plaza estaban bloqueadas y la policía permitió únicamente el paso a pequeños grupos de representantes sindicales para depositar coronas en un monumento.

Sin embargo, un grupo de unas 25 personas que cantaban “Taksim no puede estar cerrada el 1 de mayo” intentaron abrirse camino hasta allí pero fueron rodeados por policías antimotines. Los grandes sindicatos celebrarán manifestaciones en las zonas delimitadas por el gobierno en Estambul y Ankara.

Taksim tiene un significado especial para el movimiento obrero turco. En 1977, 34 personas fallecieron durante los actos del Primero de Mayo por disparos efectuados desde un edificio próximo.

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GRECIA

Miles de griegos recorrieron las calles del centro de Atenas en al menos tres manifestaciones independientes.

Los museos estaban cerrados, los transbordadores permanecían amarrados en el Puerto y el transporte público operaba con un horario reducido por las huelgas del Día Internacional del Trabajo.

Unas 7.000 personas participaron en la primera manifestación en la capital griega, organizada por un sindicato comunista, dijo la policía. Tras llegar al parlamento, los manifestantes tomaron una gran avenida hacia la embajada de Estados Unidos.

En la segunda ciudad del país, Tesalónica, ubicada en el norte, había previstas otras cuatro movilizaciones.

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SRI LANKA

El gobierno de Sri Lanka demoró las manifestaciones y actos por el Día Internacional de Trabajo porque coincide con la Vesak, una semana de fiesta nacional que este año durará hasta el 2 de mayo.

Las autoridades señalaron que la decisión se tomó a raíz de las peticiones La de monjes budistas, que tienen una gran influencia en la nación, de mayoría budista.

El gobierno había pedido a los partidos políticos y sindicatos que retrasasen los actos hasta el 7 de mayo, aunque algunos dijeron que ignorarán la directiva y conmemorarán la jornada.

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FILIPINAS

En Manila, unos 5.000 empleados de varios sectores protestaron cerca del Palacio de Malacanang por el fracaso del presidente del país, Rodrigo Duterte, a la hora de cumplir su promesa electoral de poner fin a la contractualización, una práctica generalizada de empleo a corto plazo.

Los manifestantes exigieron además que el gobierno trate cuestiones como los bajos salarios, el desempleo y la represión sindical.

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COREA DEL SUR

Miles de trabajadores se manifestaron en el centro de Seúl para exigir un aumento del salario mínimo, entre otras cosas.

Corearon lemas instando al gobierno a implementar un salario mínimo de 10.000 wones (9,34 dólares) y a convertir a todos los empleados no regulares en trabajadores regulares con igual salario y tratamiento.

A la protesta, organizada por la Confederación Coreana de Sindicados, acudieron unas 10.000 personas según las estimaciones de la policía.

Los sindicatos pidieron también al gobierno que abandone sus planes para reestructurar las industrias naval y del automóvil, y que reforme los grandes conglomerados que dominan la economía surcoreana.

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INDONESIA

Cerca de 10.000 trabajadores de varios sectores empresariales protestaron ante el palacio presidencial en Yakarta. La mayoría de los participantes en el acto eran de la capital o de suburbios cercanos, aunque otros viajaron desde Java Occidental y Surabaya.

Los manifestantes pidieron al gobierno que evite la contratación externa y suba los salarios e impida que los extranjeros puedan trabajar en el país, alegando que restan oportunidades de empleado a la población local.

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CAMBOYA

Alrededor de 2.000 empleados de la industria textil se concentraron en un parque en la capital de Camboya, Nom Pen, en una protesta organizada por una coalición sindical del sector.

Los trabajadores querían llegar a la Asamblea Nacional para pedir a los legisladores que aborden sus preocupaciones laborales, pero la policía antimotines les frenó el paso.

El primer ministro del país, Hun Sun, pasó la jornada con unos 5.000 empleados de la confección a las afueras de la capital, a los que dio las gracias anunciando que recibirían 50.000 rieles (12,50 dólares) cada uno. A las puertas de las elecciones generales, previstas para julio, Hun Sun lleva todo el año cortejando a un gran bloque de trabajadores de la industria, cuyos sindicatos suelen respaldar tradicionalmente a la oposición.

Madrid, España.- El embajador de la República Dominicana en el Reino de España, Olivo Rodríguez Huertas, recibió este lunes en la capital de ese país europeo a José Antonio Rodríguez, embajador dominicano ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ambos funcionarios analizaron el perfil de lo que proponen promover en cuanto a los valores humanos, culturales y éticos del dominicano en el exterior.

Con ello, dijeron buscarán promover nuestra dominicanidad entre las comunidades europeas.      

“Con novata experiencia en el servicio exterior, pero con elevado interés en resaltar lo nuestro”,  coincidieron en que la República Dominicana debe ser defendida con más entrega en el ámbito internacional, particularmente entre los organismos que trabajan con la educación y la cultura.  

Rodríguez Huertas y José Antonio Rodríguez entienden que “la República Dominicana solo puede competir si le damos valor a nuestro más significativo patrimonio, la cultura”.

“Con esta visita del amigo y cantautor José Antonio Rodríguez, buscamos ejecutar acciones conjuntas donde la comunidad de dominicanos estaría integrada a un sin número  de proyectos ya agendados que, sin temor a equivocarnos favorecerán considerablemente a nuestra diáspora, ávida de sueños por conquistar”, planteó el embajador Huertas.

En ese sentido, subrayó que se buscará aprovechar el amplio espacio que ofrece la diversidad de programas ejecutados por la UNESCO.  

“Las embajadas que representamos podríamos fortalecer nuestra labor con el abanico de proyectos que nos ofrece la UNESCO”, observó.

“He dado seguimiento a la labor de la UNESCO a través del trabajo que ha venido construyendo nuestra misión diplomática, del que no quisiéramos quedarnos fuera”, dice Rodríguez Huertas.

Refiriéndose a la diversidad del trabajo que coordina la UNESCO,  añadió que, “es una institución que nos ofrece proyectos donde se involucra el patrimonio, la cultura, la educación, las biosferas transfronterizas y sobre todo, la paz para nuestras naciones”, comentó el diplomático y profesional del derecho.