Polémica por el decreto de Abinader: ¿Es legal declarar terroristas a las bandas haitianas?
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Santo Domingo. – La reciente decisión del presidente Luis Abinader de declarar a las bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas, mediante un decreto presidencial, ha desatado un intenso debate en el ámbito jurídico y político del país. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y destacados juristas han cuestionado la legalidad de esta medida, calificándola de inconstitucional y contraria a las normas internacionales.
El anuncio fue hecho por Abinader durante su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, donde aseguró que cualquier miembro de estos grupos que ingrese al territorio dominicano será perseguido, apresado y juzgado conforme a las leyes antiterroristas del país. Sin embargo, expertos advierten que el decreto podría violar principios fundamentales del derecho.
“Es inconstitucional tipificar delitos por decreto”
Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, alertaron que una disposición de esta naturaleza debe emanar del Congreso Nacional y no de un decreto presidencial. “Eso violenta el principio de legalidad, ya que los delitos no pueden ser establecidos por decreto. Para ello, debe existir una ley formalmente aprobada”, argumentó la entidad.
Asimismo, la institución subrayó que, más allá de la buena intención del mandatario, es necesario determinar si las acciones de estas bandas cumplen con los elementos constitutivos del delito de terrorismo. “Los crímenes y delitos tienen bases jurídicas específicas que deben ser respetadas”, agregó la entidad.
El debate jurídico: ¿Es viable la calificación de terrorismo?
El abogado Cándido Simón fue tajante al afirmar que la definición de “terrorismo” no puede ser establecida de manera unilateral por un solo país, sino que debe estar respaldada por convenciones internacionales. “La comunidad internacional no las llama terroristas, sino ‘grupos armados’. No podemos imponer definiciones a conveniencia”, argumentó.
Por su parte, la jurista Laura Acosta sostuvo que lo anunciado por Abinader carece de sustento jurídico, ya que la Constitución y las leyes nacionales establecen que para ordenar la persecución o arresto de personas se requiere una orden judicial. “El Estado no puede, mediante decreto, ordenar detenciones sin un debido proceso legal”, puntualizó.
En la misma línea, el abogado penalista Carlos Balcácer indicó que, para que un acto sea considerado terrorismo bajo la legislación dominicana, debe existir una organización con la intención de alterar el orden y sembrar terror en la población, además de contar con respaldo financiero. “Algunos grupos haitianos podrían tener vínculos financieros en el país, pero no hay pruebas claras que los vinculen con actos terroristas en República Dominicana”, expresó.
El trasfondo político y la presión internacional
La decisión de Abinader también tiene una lectura política. En medio de la crisis que afecta a Haití, con un Estado colapsado y el dominio de bandas armadas en varias zonas, la República Dominicana ha endurecido su política migratoria y de seguridad. El decreto del presidente es visto por algunos sectores como un intento de fortalecer la soberanía nacional y proteger la seguridad del país, mientras que otros lo consideran una medida populista con miras a las elecciones.
A nivel internacional, la decisión podría generar fricciones diplomáticas, ya que organismos internacionales han tratado el problema de las bandas haitianas bajo otros términos. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) han catalogado la situación como una crisis de seguridad y gobernabilidad, pero sin calificar a estos grupos como terroristas.
¿Qué sigue ahora?
El debate está abierto. Mientras el gobierno defiende su decreto como una medida necesaria para proteger al país, los juristas advierten sobre sus implicaciones legales y los posibles cuestionamientos constitucionales que podría enfrentar. La clave estará en si el Congreso respalda o modifica la iniciativa y en cómo reacciona la comunidad internacional ante la decisión de Abinader.
Por ahora, el tema sigue generando controversia y podría escalar a los tribunales si se impugna la legalidad del decreto presidencial.
