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El País

Procuraduría de Medio Ambiente ocupa más de 90 equipos a negocios del Distrito Nacional por contaminación sónica

El Ministerio Público ocupó 93 equipos y dispositivos de amplificación de sonido en un operativo en cuatro negocios establecidos en la Plaza Universitaria, del Distrito Nacional, que incurrían en violaciones a normas medioambientales en perjuicio de ciudadanos e incluso de centros educativos.

Redacción Telenoticias • April 12, 2022 11:02 pm
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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ocupó 93 equipos y dispositivos de amplificación de sonido en un operativo en cuatro negocios establecidos en la Plaza Universitaria, del Distrito Nacional, que incurrían en violaciones a normas medioambientales en perjuicio de ciudadanos e incluso de centros educativos.

Durante la fiscalización, realizada la noche del pasado viernes por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), el Ministerio Público intervino los establecimientos de bebidas alcohólicas Habibi Bar & Lounge, Sparta Lounge Bar, La Sahara VIP y Tantra, de la citada plaza ubicada en la esquina de las avenidas Enrique Jiménez Moya y Sarasota.

En los negocios, que habían sido objeto de reiteradas denuncias, las autoridades ocuparon 210 narguiles o hookas, 259 mangueras de inhalación, así como los 93 equipos y dispositivos utilizados para la reproducción y amplificación de la música.

La procuraduría especializada explicó que las bocinas estaban colocadas en los muros de las terrazas, consistentes en espacios abiertos contiguos a las aceras, por lo que durante las horas de apertura de esos negocios se creaba una situación de contaminación sónica que afectaba la salud y la tranquilidad de las residencias aledañas y de los restantes negocios contiguos.

El operativo antirruidos estuvo encabezado por el procurador general de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, y contó con una orden judicial de allanamiento, emitida por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

La autorización judicial se sustentó en las denuncias y evidencias de contaminación sónica producida por los equipos de sonidos utilizados en esos negocios.

Contreras indicó que los negocios estaban “interrumpiendo la paz y la tranquilidad de los residentes del sector, provocando múltiples daños a los ciudadanos que residen en el entorno”.

Explicó que los negocios violaban disposiciones de varios artículos de normas como la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Ley 287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos.