Procuraduría Y Cancillería insultan ONU para justificar desacato de libertad a jean alain rodríguez
LA ONU, la más grande y relevante del planeta, a través de su Consejo de Derechos Humanos acogió que el arresto y prisión mantenida por más de 900 días contra Jean Alain Rodríguez devienen en arbitrarios.
En rueda de prensa, funcionarios del gobierno insultan la ONU al llamarlos políticos y manipuladores, por ser esta decisión contraria a sus intereses personales, ocultando que la misma surge luego de un proceso imparcial y controvertido de casi 2 años que identificó serias violaciones a nuestros tratados internacionales.
En rueda de prensa, la Procuradora Berenice confirmó públicamente el odio, venganza y enemistad capital identificado por la ONU en los puntos 60 al 69 de su decisión, ratificando que es una funcionaria que la ley le prohibía investigar y acusar su ex superior jerárquico.
Santo Domingo, D.N. La Organización de las Naciones Unidas, LA ONU, la más grande y relevante del planeta, a través de su Consejo de Derechos Humanos acogió que el arresto y prisión mantenida por más de 900 días contra Jean Alain Rodríguez devienen en arbitrarios, culminando en solicitarle al gobierno dominicano su inmediata libertad, así como desplegar una investigación exhaustiva e independiente en torno al tema, y por consecuencia, tomar las medidas pertinentes contra los responsables de tal conculcación de derechos.
La decisión de la ONU enfoca la arbitraria, ilegal e innecesaria prisión preventiva, más no el fondo del caso que se ventila en sede de justicia, donde nos hemos defendido con peticiones de fondo e incidentales que han conminado al juez a tener que ordenar la lectura íntegra y completa del glosario acusatorio que supera las doce mil páginas.
Eso es litigar el fondo de la cuestión legal, muy distinto a la prisión preventiva actual que la ONU ha definido como arbitraria y violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, verificable en el mismo portal oficial web de la ONU a través de su Grupo de Detenciones Arbitrarias, con sede en Ginebra, Suiza.
En cuanto a la rueda de prensa de la Cancillería y la PGR, en modo alguno se atrevieron a enfocar la decisión y solicitud formal en sede de la ONU, todo porque ambos entes públicos no quieren forzar al Estado Dominicano a que tome el carril indicado por el organismo internacional. De ahí que todo devino en una deliberada evasión del punto nodal de la decisión de la ONU, que gira en la prisión arbitraria e innecesaria que mantiene al sujeto pasivo de la denuncia, sin exhibir peligro de fuga alguno.
Para soslayar el meollo del tema, ambos funcionarios diligenciaron minimizar la importancia de las decisiones de la ONU y traer a la ciudadanía situaciones manipuladas, divorciadas del tema abordado y decidido por el organismo internacional, valiéndose de estrategia comunicativa, con la intención de desviar la conversación del tema ONU hacia otros temas distintos, procurando al final de cuentas, sembrar odio y encono en contra de nuestro asistido, ya que el “peligro de fuga” pasó.
De burda advertencia de estos a un cuento de hadas, extendiéndose el tema a un 100% de las prisiones cautelares de presuntos actos de corrupción llevados a sede de justicia, a tal grado que el único imputado titular coercionado que queda en grado cautelar grave, es el señor Rodríguez Sánchez.
Respecto a la obligatoriedad de las decisiones de la ONU, la Carta Magna (art. 26) y el art. 1 del Código Procesal Penal, disponen carácter de obligación del Gobierno de la República Dominicana de cumplir los convenios internacionales, con supremacía a nuestro ámbito interno, máxime que, por mandato constitucional, nuestras relaciones internacionales se fundamentan y rigen precisamente por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, y, al renegar dichos mandatos, deviene en inocultable hipocresía las inversiones en materia de Derechos Humanos que ha hecho este país en los últimos 3 años, que rondan aproximadamente en 600 millones de pesos en aras de cubrir salarios y gastos de misiones diplomáticas y viajes oficiales de funcionarios del gobierno a las sedes de la ONU, en Nueva York y en Suiza donde fue tomada esta decisión.
